Un informe de la UCO revela que se devolvieron los mil euros a varios investigados en Taula

Los mensajes de WhatsApp han aportado información muy valiosa a los agentes de la Guardia Civil que investigan el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del Partido Popular. Conversaciones intervenidas en esta aplicación de mensajería entre varios de los investigados acreditan la devolución de 1.000 euros, según recoge el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). El dossier elaborado por los agentes se extrae del material hallado en uno de los teléfonos móviles decomisados en la operación policial de principios de año.

Los chats supondrán una detonación de consecuencias desconocidas para el relato que hasta la fecha han mantenido un buen número de defensas. Al menos cuatro investigados, entre ellos varios asesores, comentan de manera distendida la entrega de billetes de 500 euros. Alguno adelanta lo que van a hacer con esas cantidades, en qué se lo van a gastar.

El desparpajo llega hasta tal punto que los cargos de confianza se permiten bromas. Una de estas chanzas alude precisamente al exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. Ese mismo mes, mayo de 2015, se había difundido una grabación realizada por Marcos Benavent en la que dos supuestos investigados habían sido grabados contando billetes de mil en mil. La grabación se reprodujo en toda España, aunque posteriormente se descartó que Rus fuera uno de los protagonistas. Los asesores, en cambio, bromean que ellos sólo pueden contar de 500 en 500.

La presumible alegría de haber recuperado los 1.000 euros también contribuye a disparar las dosis de humor. Uno se descuelga con la ocurrencia de que enmarcará el billete y pondrá un cartel: «Romper en caso de emergencia». Cada uno de los asesores tiene diferentes ideas acerca del dinero, pero coinciden en que bajo ningún concepto tienen que ir al banco... «Si no dirán: 'Mira otro gilipollas del PP'».

No todos los compañeros siguieron, al parecer, esta recomendación. Otro informe de la Guardia Civil, el que analiza las cuentas de todos los investigados, muestra que varios realizaron ingresos de cerca de 1.000 euros en las fechas posteriores a la donación al Grupo Municipal.

El informe de la UCO apuntalaría las tesis que hasta la fecha han mantenido desde la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público tampoco dispone de un ingente caudal de pruebas. Cuenta con la versión de cuatro testigos que aseguran que les propusieron entregar mil euros y su posterior reintegro, pero se negaron porque sabían que eso era un blanqueo de capitales. Estas declaraciones quedaron algo descafeinadas tras la comparecencia como testigo del exvicealcalde Alfonso Grau. Finalmente, lejos de colaborar con la Justicia, su testimonio benefició a los investigados, según fuentes judiciales.

Aparte de los cuatro asesores, existen dos arrepentidos. Se trata de la exconcejal de Cultura María José Alcón que en una conversación telefónica con su hijo detalló toda la operativa del blanqueo de capitales. Las defensas dudan de la validez de ese pinchazo porque Alcón se encontraba interna en un centro psiquiátrico debido a su delicado estado de salud. Otra investigada también ha reconocido que le dieron los 1.000 euros y que trató de devolvérselo a la considerada cajera del Grupo Municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster, pero esta se negó.

Desde este punto de vista, el informe de la Guardia Civil constituye otra prueba de gran valor para Anticorrupción. Otros investigados, reconocerían su participación en la operativa de blanqueo. Hasta la fecha todos los imputados, salvo las dos arrepentidas, han negado su participación en los hechos. Sólo admiten que les propusieron realizar una donación de 1.000 euros y que lo hicieron para colaborar en la campaña en las elecciones locales.

No es el único dossier que acaban de terminar los investigadores. Los agentes han examinado los cuadernos de la cajera García-Fuster donde anotaba los ingresos en las libretas bancarias del Grupo Municipal. Los especialistas de la UCO habrían llegado a la conclusión de que se produjo un delito electoral, el nombre técnico de la financiación irregular del partido. Las sospechas partieron de la declaración de la responsable del PP ante el juez.

Admitió la existencia de un recaudador para la formación que recogía dinero de supuestos donantes que querían colaborar con la causa popular pero sin que figurase su identidad. De inmediato, el juzgado, a petición de la fiscalía, ordenó que se bloqueara el dinero de la cuenta y se oficiaron diferentes oficios para que informaran acerca del control de esas libretas por parte del Tribunal de Cuentas.

Esta línea de investigación podría ser clave ya que apuntalaría la causa del blanqueo. De tal forma que la fiscalía ya contaría con un delito precedente al ilícito investigado, un detalle que diferentes fuentes judiciales consideran clave para que el Tribunal Supremo se quede la investigación a la exalcaldesa Rita Barberá. El juzgado elevó su exposición motivada hace ya varios meses. La celebración de elecciones quizá ha hecho que se posponga la resolución del alto tribunal.