La Guardia Civil pide investigar a otros cincuenta miembros del PP valenciano

La Guardia Civil sostiene que el Partido Popular de Valencia usó una de las cuentas del Grupo Municipal -la que escapaba al control de la dirección y del Tribunal de Cuentas- para costear sus gastos de campaña. Esta es la idea sobre la que pivota el último informe de los especialistas de la UCO y que, además, aporta nuevos indicios del presunto blanqueo de 50.000 euros en el Ayuntamiento de Valencia para sufragar los últimos comicios.

Los agentes detallan la mecánica que supuestamente siguieron los responsables del Partido en la ciudad. La Ley obliga a que todo el dinero destinado a costear gastos electorales se ingrese en las cuentas habilitadas al efecto y que, además, están supervisadas por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en Valencia no se hizo así. «Fue una situación buscada», precisa el informe. El PP de Valencia carecía de presupuesto para la campaña pese a que así lo exige la normativa interna. Esto fue reconocido por el propio Alfonso Novo durante su declaración.

«Todo se hacía a través del Grupo Municipal», insisten los agentes. Los gastos se abonaban desde una cuenta del Banco Sabadell (en la que eran titulares Alfonso Grau y la cajera del PP Mari Carmen García-Fuster, entre otros). Desde ahí se transfirieron fondos, por ejemplo, a la empresa Trasgos, la agencia que preparó los comicios de la formación popular. La empresa lo ha reconocido. Además, esta mercantil, al facturar más de 10.000 euros al PP tenía que haber informado al Tribunal de Cuentas. Otra irregularidad que han detectado los agentes.

El informe de la Guardia Civil apuntala los indicios del delito electoral, nombre técnico de la financiación ilegal de los partidos políticos. No dudan los agentes en solicitar que se amplíe la investigación a los miembros de dos órganos de la formación. Por un lado, el Comité Ejecutivo del PP de Valencia del que forman parte los concejales investigados ya por blanqueo y algunos asesores, pero también numerosos cargos municipales de la formación, alrededor de medio centenar, según el listado al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. «No se les podía escapar que se afrontaban gastos de alguna manera distinta a la estipulada por las normas legales e internas», mantiene el escrito de los investigadores respecto a estos integrantes. La UCO considera que tampoco la Junta Directiva Local -engloba a los miembros del citado comité pero también a diputados nacionales y autonómicos- puede esquivar su presunta responsabilidad penal.

No parece muy práctico para la investigación solicitar la declaración como investigado de todos los integrantes. Además, la circunstancia de que figuren aforados obligaría a enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo. Todo hace pensar que previamente -o bien la Policía o el propio PP- se deberá aclarar quién tomaba las decisiones en ambos órganos y la información de las reuniones que consta por escrito.

La conclusión del informe es rotunda: se cometieron dos delitos continuados de financiación irregular (2011 y 2015). El método fue utilizar una libreta para pagar gastos electorales sin «reflejo contable en las cuentas del partido». Fuentes judiciales apuntaban la futura citación como investigada de la administradora de la candidatura a las elecciones municipales, Montserrat Tello, entre otros.

¿Cómo llegaba el dinero a la cuenta sin fiscalizar? La UCO sostiene que la operativa de la financiación ilegal comenzó al menos en 2006. Recuerda en ese momento los pinchazos telefónicos a Marcos Benavent y María José Alcón y las potentes sospechas de amaño de contratos. Tanto la Mostra de Cine como la construcción de La Rambleta son dos eventos bajo investigación.

De aquella época quizá procedían los ingresos que García-Fuster realizaba en efectivo en la citada cuenta, sugiera el dossier de los expertos. No obstante, la investigada sostuvo en el juzgado que existía un «recaudador» que recogía el dinero de supuestos donantes bajo la condición del anonimato. Esto por sí mismo ya sería ilegal porque no se pueden aceptar este tipo de donaciones.

Las aportaciones se hacían con el apunte CyA que, en teoría, respondería a colaboradores y asociados. La Guardia Civil cifra en 187.000 euros la cantidad que se ingresó gracias a Cya. Pero, tras estas iniciales, los investigadores consideran que se encuentran el cobro de comisiones de adjudicatarias del Ayuntamiento de Valencia.

La Guardia Civil sostiene que el pitufeo, el blanqueo de 50.000 euros a través de donaciones de mil euros y posterior reintegro en dos billetes de 500- sería un paso más de la financiación irregular. Ese año ya no hay fondos del supuesto recaudador, pero el Grupo Municipal dispone de una importante cantidad de dinero negro: los 50.000 euros. El representante del PP ya dijo en su día: «No es posible que manejen dinero en efectivo». Recuerda la Guardia Civil los numerosos indicios que pesan sobre los investigados, como el análisis de sus cuentas bancarias y la debilidad de sus explicaciones a la hora de justificar los ingresos. Suma, además, las presiones a los testigos, el hecho de que no se sepa todavía a quién se le ocurrió la idea de la donación y el detalle de que no haya ni una sola indicación por escrito. El Tribunal Supremo tendrá en cuenta las últimas revelaciones a la hora de decidí si investiga a la senadora Rita Barberá.