Reabrir TVV, objetivo prioritario

El resultado de las elecciones generales del pasado 26 de junio ha dejado en estado de shock al tripartito valenciano que suscribió el Acord del Botànic, el pacto que sirve de soporte político al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. La traslación de los datos de esos comicios a unas elecciones autonómicas -un ejercicio que todos los partidos se apresuraron a hacer (aunque algunos lo nieguen) la misma noche electoral- revela que el centro derecha estaría en condiciones de recuperar ahora mismo la mayoría en Les Corts. Todas las alarmas se han disparado. Apenas un año después de arrancar la legislatura, la suma de PSPV, Compromís y Podemos ya no alcanzaría los 50 diputados que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento valenciano.

Puig y Oltra han reunido este fin de semana en Torrevieja a su Consell. La reedición del seminario celebrado hace seis meses en Morella busca relanzar la actividad del Ejecutivo autonómico. Y sobre todo, supurar las heridas abiertas en varias áreas. Consellers achicharrados, departamentos abiertos en canal, altos cargos señalados por sus enchufes, la incorporación pendiente de Podemos... y como ingrediente principal, una situación económica que sigue haciendo depender el autogobierno de las decisiones que adopte el Ministerio de Hacienda. «Si ellos pisan la manguera, la gasolina no llega y el coche se para», admite gráficamente un cargo del Ejecutivo valenciano.

De la reunión de Torrevieja saldrá, con toda probabilidad, una batería de anuncios legislativos. Y unas semanas después, una serie de cambios en el Ejecutivo valenciano -que el propio Puig ya ha dado por seguros- para tratar de lavar la cara a un Consell más pendiente de la queja ante el Ejecutivo central que de la gestión.

Pero la decisión principal, el gran análisis del resultado del 26J y, por decirlo así, la hoja de ruta para darle la vuelta a la situación, no se abordará en esa reunión. La conclusión que han extraído las cúpulas de los tres partidos viene a ser coincidente en un punto: la actividad del Gobierno valenciano ha resultado invisible. Y el motivo, alegan, no es que no haya existido actividad, sino que no se dispone de un instrumento como para lograr que el día a día de la gestión autonómica salga del anonimato. En definitiva: se necesita la televisión autonómica. Y se necesita para ya.

Esa es la principal conclusión del análisis del 26J. El Consell se ha puesto manos a la obra para acelerar al máximo la puesta en marcha de la nueva Canal 9. Disponer de un medio de comunicación público se ha convertido en una urgencia para el Ejecutivo de Puig y Oltra, convencidos de que se trata de la herramienta perfecta para romper esa barrera que impide que la gestión autonómica llegue al gran público.

La reparación a las víctimas del accidente de Metrovalencia de julio de 2006 en el que murieron 43 personas «ha comenzado y no acabará hasta que todos los valencianos sepan en una nueva televisión publica lo que pasó». La frase la pronunció el pasado jueves el presidente de la Generalitat. Pocas afirmaciones pueden decir tanto de un objetivo político como la expresada por el jefe del Consell. Recuperar Canal 9 es la palanca política con la que el Consell de Puig y Oltra pretende revertir la situación actual.

El 29 de noviembre de 2013, hace ya más de dos años y medio, Canal 9 se fue a negro. El Gobierno presidido por Alberto Fabra optó por el camino del medio después de un ERE fallido -el TSJ lo declaró nulo- que le obligaba a mantener una plantilla de 1.600 trabajadores y un presupuesto millonario, que casaba poco y mal con la situación financiera de una administración al borde del colapso. Fabra optó por el cierre, pensando en el carácter efectista que tendría la medida. Pero probablemente no calibró el impacto político que tendría perder un altavoz como el que suponía aquella RTVV.

El proceso de cierre resultó además dramático, con unas últimas horas de emisión en la que los trabajadores de la casa se hicieron con el control de la transmisión y los portavoces de los grupos de la oposición aprovecharon las cámaras para ajustar cuentas con el responsable del cierre.

El 24 de mayo de 2015, un año y medio después de aquel cierre, el PP valenciano liderado por Alberto Fabra cosechó los peores resultados de su historia reciente. Los populares pusieron punto y final a dos décadas de hegemonía electoral y cedieron el control de la gran mayoría de instituciones -apenas salvaron las diputaciones de Castellón y Alicante y unos pocos ayuntamientos-. En el análisis que se hizo de aquel resultado, y entre las muchas razones que el propio PPCV admitió sobre las causas que habían derivado en ese batacazo, la desaparición de Canal 9 ocupó uno de los puestos destacados.

Tal fue el convencimiento del coste que tuvo aquella decisión que Alfonso Rus, entonces presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial de los populares, anunció la puesta en marcha de un canal propio. Una televisión que pretendía ofrecer una programación basada en información, cultura, historia y tradiciones de la provincia con el fin de «cubrir el hueco creado a raíz del cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV)». El entrecomillado es de la propia institución provincial. Y el análisis ya se hacía a finales de 2014, cuando las perspectivas electorales ya hacían sospechar a los populares que la derrota en los comicios resultaba inevitable. Incluso Fabra llegó a dar su visto bueno a una iniciativa que finalmente no vio la luz.

En realidad, aquel Consell de Fabra observó que el cierre de RTVV tendría consecuencias políticas. La ausencia de un canal de emisión propio, que permitiera siquiera tratar de compensar la avalancha de causas judiciales sobre cargos del PP o dar alguna presencia a una gestión que ya dependía del oxígeno financiero que aportara el Ejecutivo central, se volvió determinante para las opciones electorales de los populares. Las autonómicas, y también las locales.

Disponer de una televisión autonómica no significa necesariamente, al menos en teoría, que el Gobierno regional disponga de un canal de propaganda. Pero resulta incuestionable la influencia del Ejecutivo autonómico sobre la labor del nuevo canal. Ocurrió con el gobierno socialista desde el arranque de RTVV aquel 9 de octubre de 1989, y el esquema se reprodujo desde el triunfo de los populares en las autonómicas de 1995.

El Consell de Puig y Oltra ha situado en el Parlamento valenciano el protagonismo del nacimiento del nuevo canal -así lo ha querido Podemos, el otro socio del Acord del Botànic-. La ley sobre la nueva Radiotelevisión Valenciana se votará en el pleno de Les Corts del 14 de julio, mientras que el 27 de julio habrá un pleno extraordinario para elegir a los miembros del Consejo rector de RTVV que corresponde designar a la Cámara.

Esa fecha marca un momento clave para la recuperación de las emisiones, aunque sea en fase de pruebas, de la nueva Canal 9. El nuevo consejo rector recibirá el encargo de ponerse manos a la obra para la designación del director general de la nueva televisión. La hoja de ruta marcada por la ley que se aprobará esta semana deja clara la convocatoria de un concurso público para la selección del nuevo director general.

Cabría pensar que con las vacaciones de verano encima de la mesa y con un proceso pendiente tan delicado como el del concurso para elegir al nuevo director general de RTVV, las emisiones en pruebas de la nueva Canal 9 aún se retrasarían unos meses. Nada de eso. La intención del Ejecutivo valenciano pasa porque la nueva RTVV comienza a emitir en pruebas, si es posible, a mediados del mes de agosto. De hecho, se considera que poner en marcha de nuevo las emisiones en plenas vacaciones de verano puede hasta ser conveniente. Primero, porque el nivel de atención mediática sobre la decisión es menor. En segundo lugar, porque sólo un mes después tendrá lugar el debate de política general en Les Corts, puede que la primera gran retransmisión de la nueva televisión autonómica.

El escenario sobre el que trabaja el Gobierno valenciano prevé la pertinente habilitación por parte de Les Corts a la administración autonómica con el objeto de que regule la contratación de personal que, de forma transitoria, se encargará de poner en marcha las primeras emisiones de la nueva televisión. Y esa decisión, explican fuentes conocedores del proceso, podría ponerse en marcha incluso antes de que se hubiera elegido al nuevo director general. Es decir: el proceso de contratación podría arrancar incluso nada más ser elegido el nuevo consejo rector de RTVV, y con el objetivo de disponer del personal necesario para arrancar las emisiones a mediados de agosto.

Con el nuevo canal en marcha, siquiera en fase de pruebas, la consolidación del proyecto con la contratación definitiva de personal - resultará ya imparable. Y desde ese momento, con la maquinaria del Ejecutivo funcionando y con unas elecciones autonómicas todavía a tres años vista, el análisis que se hace concluye que existe margen de sobra como para darle la vuelta al escenario actual.

Con una televisión en marcha, dando visibilidad política a la gestión del gobierno valenciano, y con el goteo de causas judiciales por presuntos casos de corrupción que el PP aún tiene pendiente de juicio, y de las que la nueva RTVV también tendrá que hacerse eco, el tripartito está convencido de poder revertir el escenario electoral actual. Ahora sí: la prioridad es comenzar cuanto antes. Esa es la principal conclusión del 26J.