La Diputación de Valencia garantiza que apoyará "hasta el final" a los municipios frente a la Inspección de Trabajo

Los alcaldes de los pueblos de Valencia recibirán el apoyo de la Diputación en el conflicto abierto con la Inspección de Trabajo. El presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, trasladó la intención de defender a los municipios en una reunión celebrada ayer, en la que también participaron la diputada Conxa García y el jefe del Servicio de Asesoramiento, Enrique Moreno.

Los responsables lanzaron un mensaje de tranquilidad absoluta a los alcaldes de los municipios valencianos a raíz de que se hicera público que tendrán que pagar las cuotas de la Seguridad Social (entre 20.000 y 42.000 euros) que la Inspección de Trabajo les exige por los técnicos contratados desde el año 2012 hasta el 2015.

García, no obstante, insistió en que los municipios no deben hacer frente a los pagos hasta que el procedimiento administrativo no finalice. En este sentido, animó a los ayuntamientos a presentar las alegaciones correspondientes una vez que reciban el acta. En el caso de que estas se desestimen, el siguiente paso deber ser presentar un recurso ante la Tesorería de la Seguridad Social y, si también fuera rechazado, se expondrá una demanda judicial ante la jurisdicción competente.

Ante estas posibles dificultades, la diputada recordó que la corporación provincial centralizará las acciones y proporcionará la asistencia jurídica necesaria de forma gratuita. La mejor garantía para conseguir un buen resultado es que todos vayamos coordinados, subrayó. De hecho, tanto Rodríguez como García incidieron en la importancia de que los municipios sigan la hoja de ruta diseñada por la Diputación.

Desde hace treinta años, la Diputación de Valencia tiene convenios con distintos colegios profesionales para que los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y las mancomunidades puedan contar con técnicos por un importe pactado entre los colegios y la institución provincial, que subvenciona elñ 80% del coste. Sin embargo, la Inspección de Trabajo considera que los profesionales deberían haber estado incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo que reclama al los ayuntamientos el pago de los últimos cuatro años.