Un exdirector de Vaersa, inhabilitado ocho años

El exdirector de la empresa pública Vaersa Felipe Espinosa Bolaños ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por saltarse la ley en la compra de 67 vehículos todoterreno. El acusado aceptó reconocer los hechos a cambio de una rebaja en el castigo. De esta forma se cierra una de las tres piezas en las que se dividió la investigación de esta sociedad. Todavía quedan otras dos piezas por resolver. El pago de la productividad a directivos de la firma sin autorización de la Generalitat y la externalización de servicios jurídicos a un despacho de abogados. Este letrado recibió cerca de dos millones de euros por estos informes. La Abogacía de la Generalitat podía haber realizado el mismo servicio a un coste notablemente inferior.

Bolaños, con el acuerdo alcanzado el pasado lunes con las acusaciones, recibe la primera condena por su gestión al frente de la sociedad pública. Enrique Simó, su sucesor en la gerencia, también ha sido procesado en otra de las piezas.

Los hechos se remontan a abril de 2010 cuando se inició el proceso para la compra de los citados vehículos por un importe máximo de 1,3 millones. Únicamente concurrió la empresa British Car. Se da la circunstancia de que el contrato nunca se llegó a adjudicar y la mercantil retiró su oferta un año después de presentarla por indicación del ahora condenado. Vaersa declaró desierto el concurso.

Sin embargo, la sociedad adquirió los automóviles a esa misma sociedad través de siete contratos financieros de arrendamiento «a sabiendas de que con esa actuación se estaba vulnerando la normativa reguladora del sector público». De esta manera consiguió que ninguno de ellos superara los 300.000 euros y así el gerente pudo actuar «unilateralmente». Además, posteriormente contrató nuevos elementos para un número importante de los Land Rover con el mismo método: el de obviar la legalidad.

La causa Vaersa se ha instruido en el Juzgado de Instrucción número 15. Todo partió a raíz de las denuncias en la Fiscalía de Valencia del sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT). La pieza más polémica es la del cobro ilegal de productividad. La juez procesó a los dos exdirectores de esta empresa pública por autorizar el reparto de 1,8 millones de euros en sobresueldos sin el visto bueno del Consell entre 2007 y 2011. Existen indicios de un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa.

Los sobresueldos correspondieron a una paga de productividad que los directores, según la jueza, concedieron «con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal y como exigen las leyes de presupuestos».