Más de la mitad de las empresas públicas incumplen el Plan de Igualdad

Más de la mitad de las empresas dependientes de la Generalitat incumplen el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (PIO) que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular en 2003. Esta es la conclusión que se sustrae de los últimos informes publicados por Intervención relativos al año 2015, órgano encargado de controlar los actos de la administración de la Generalitat.

Después de que en 2003 el PP creara el PIO, el mismo Gobierno elaboró un segundo plan para el período 2011-2014. Sin embargo, este nunca llegó a entrar en vigor. El primero -el único que hasta la fecha han adoptado las empresas públicas- perseguía «regular y hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunitat Valenciana», según se desprende del artículo 1 del mismo reglamento. En cuanto a su aplicación en las sociedades, queda reflejado en el artículo 20 que las empresas u organizaciones que cuenten «mayoritariamente con capital público deberán elaborar un plan de igualdad».

La Generalitat buscaba con su acción incentivar a las administraciones para que pusieran en marcha el proyecto. Las empresas deberían cumplir con la paridad «en su organización y proporcionar servicios» que facilitaran la conciliación de la vida familiar y laboral del personal.

Sin embargo, no todas cumplen el plan. Según el informe de Intervención elaborado con datos de 2015, de un total de 39 sociedades públicas, 21 infringen la normativa de igualdad. Entre estas compañías, destacan dos organismos autónomos, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y el Instituto Valenciano de Juventud (IVAJ). Asimismo, entran en la lista de incumplidoras cinco entidades públicas: Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), el Patronato del Misteri d'Elx, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP), la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) y el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS). De las sociedades públicas, por su parte, son señalables el Aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat (Sptcv).

En el dossier son las fundaciones quienes sobresalen por ser las que más desobedecen la legislación, ya que cuentan con siete incumplidoras: la Región Europea, Atención a las Víctimas del Delito, Fomento de Estudios Superiores, Fisabio, las investigaciones del Hospital Clínico y del Hospital Universitario La Fe, el Palau de les Arts Reina Sofía y el Instituto Portuario de Estudios y Cooperación (Feports). Respecto a los consorcios, se distinguen el Espacial Valenciano, el de museos y el de Gestión del Centro de Artesanía.

Por otra parte, existen empresas que sí cumplen con el Plan de Igualdad marcado por el Consell, quizá las más destacables sean las universidades, pues las cinco pertenecientes a la Generalitat lo respetan. También se incluyen en esta lista Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) o la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Estas empresas ejecutan el primer convenio del anterior Gobierno, por que el plan posterior nunca llegó a entrar en vigor. Dicha norma incluye ocho líneas de actuación: transversalidad de género en las políticas públicas, toma de decisiones de la mujer, imagen en los medios de comunicación, educación, empleo, salud, inclusión social y cooperación. La legislación debía obligar a las compañías a promover la actividad empresarial de las mujeres, así como incorporarlas al mundo laboral y erradicar el acoso y la discriminación salarial. Además, uno de los apartados especificaba el «seguimiento periódico de la implantación de los planes».

Fuentes del actual Consell afirmaron a este periódico que a día de hoy la Dirección General del Sector Público y la de Igualdad trabajan para elaborar una nueva normativa sobre conciliación laboral e igualdad de género. Una cuestión que siempre ha resultado primordial para el actual Ejecutivo.

Hasta que el plan se haga efectivo a nivel global, cada conselleria elaborará su propio proyecto para garantizar la paridad y los aplicará en las empresas públicas correspondientes.