JUAN CARLOS FERRIOL
Domingo, 4 de septiembre 2016, 22:11
La misma patata caliente que el último periodo de sesiones dejó sobre la mesa del Parlamento valenciano, la puesta en marcha de la nueva televisión autonómica, es la que se han encontrado los grupos parlamentarios con el arranque del nuevo curso político. El batacazo cosechado por el tripartito el pasado mes de julio, cuando PSPV, Compromís y Podemos se demostraron incapaces de sacar adelante la composición del consejo rector que debe dirigir la nueva televisión autonómica, amenaza con repetirse. Y las posiciones de los partidos en relación con este debate no han experimentado suficientes modificaciones como para garantizar el acuerdo.
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El fiasco de julio es conocido. El acuerdo inicial del tripartito con Ciudadanos, que permitió tramitar los nombres de los candidatos al consejo rector, saltó por los aires en el mismo momento que la formación de Albert Rivera tuvo noticia de que el candidato a presidente de este órgano, el excorresponsal de Canal 9 Josep López, mantiene una relación familiar con un alto cargo de los socialistas valencianos, el vicesecretario Alfred Boix. La posición de la formación naranja, unida al veto de Podemos y Compromís a la candidata del PP al consejo rector Maite Fernández, terminó por cerrar la puerta al acuerdo. La iniciativa política estrella del Gobierno valenciano, la palanca para dar visibilidad a la gestión del Ejecutivo autonómico -el gran problema constatado en las elecciones del 26-J-, quedaba aparcada hasta el nuevo curso.
El Consell tiene este mes de septiembre las mismas prisas que en julio para poner en marcha la nueva televisión. Con un horizonte político en el que la repetición de las elecciones generales se antoja como una opción más que posible, para el Ejecutivo valenciano resultaría clave poder disponer de un instrumento que, al mismo tiempo que se constituye en altavoz de sus políticas en el ámbito de la Comunitat, pudiera servir para dar mayor visibilidad -por ejemplo- a las causas judiciales que el PP valenciano tiene pendientes.
No había tiempo que perder. Así que el portavoz socialista Manuel Mata no dejó pasar siquiera el 1 de septiembre para ponerse en contacto con la presidenta del PP, Isabel Bonig, para trasladarle una nueva oferta. Si el problema en julio habían sido dos nombres, los de Josep López y Maite Fernández, la solución pasaría por apartarlos y buscar sendas alternativas. Con la vista puesta en el pleno de Les Corts inmediatamente posterior al del debate de política general, los socialistas apuestan por salvar los escollos detectados, aprobar el consejo con celeridad y que la nueva televisión pueda emitir en pruebas en octubre.
Pero la solución al sudoku planteado no resulta tan sencilla. Bonig ya mostró el jueves a Mata su rechazo a retirar el nombre de Fernández -nombre puesto en cuestión desde la Asociación de Víctimas del Metro y, especialmente, por las tres extrabajadoras de RTVV que denunciaron a Vicente Sanz por acoso-, aunque le emplazó a la semana que viene para comunicarle una decisión definitiva. Los cargos del PPCV consultados por este diario reafirman la posición de la presidenta regional y descartan un cambio de candidatura, salvo que la propia afectada se inclinara por renunciar.
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A la posición de los populares se suma la de Ciudadanos. El partido naranja advirtió el viernes de que el cambio de candidato a presidente del consejo no implica necesariamente su apoyo a la nueva propuesta. Una advertencia que deja entrever que la formación naranja podría recuperar su tradicional rechazo, por el gasto que conlleva, a la puesta en marcha de televisiones autonómicas.
La próxima semana
¿Y entonces qué? Los portavoces de los grupos parlamentarios tendrán el próximo martes la oportunidad de volver a abordar la situación de la reapertura de Canal 9. El PSPV insistirá en que está dispuesto a dejar caer a López como candidato a la presidencia -Mata ya trasladó esta semana a Bonig el nombre de un nuevo aspirante «con un perfil más profesional»-, pero con la condición de que Fernández no siga como propuesta del PP. Si los populares, como parece, se niegan a aceptar esa propuesta, los socialistas están dispuestos a seguir adelante con la tramitación de la propuesta, incluso sin los votos de los populares de la Comunitat.
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La elección de los miembros del consejo requiere, tal y como establece la ley, de una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados -66 parlamentarios-. Sin los 31 diputados del PP, el tripartito y Ciudadanos seguirían disfrutando de una holgada mayoría para sacar adelante en primera votación la composición del nuevo consejo. Si los socialistas mantienen su rechazo a Fernández y se suman al veto de Podemos y Compromís, el consejo saldría adelante con la baja de la candidata popular, que no obtendría los apoyos necesarios. El PP, de esa forma, se quedaría con un único representante en el consejo, Vicente Cutanda, en lugar de los dos pactados inicialmente. Y eso siempre que el tripartito no optara por 'castigar' a los populares y no votar a ninguno de sus candidatos. En este supuesto el PP se quedaría directamente fuera del ente.
El escenario cambia radicalmente si Ciudadanos se vuelve a sumar a las tesis del PP. Sin los 31 diputados del PP ni los 13 de Ciudadanos -suman 44-, la mayoría cualificada para elegir al presidente del consejo desaparece. La ley de la nueva televisión tiene respuesta a esta contingencia. El artículo 11 señala, en su apartado tercero, que «de no obtenerse en primera votación la mayoría necesaria, se procederá a una segunda votación en una nueva sesión plenaria, a celebrar dentro del mes siguiente, que ya sólo requerirá de una mayoría de tres quintos». Pero este apartado tampoco se ajusta a las necesidades del tripartito. Los votos de PSPV, Podemos y Compromís suman 55 escaños. Los tres quintos de los diputados de la Cámara son 60, de manera que en esta segunda votación, tampoco resultaría elegido.
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El nuevo candidato a presidir el consejo rector tendría que celebrarse entonces a una tercera votación. La ley prevé que si se recurre a este extremo «bastará con que dicha candidatura (a presidir el consejo) obtenga una mayoría absoluta». El tripartito sí que tiene para alcanzar esos cincuenta escaños, de manera que el aspirante acabaría siendo elegido sí o sí. Aunque no es menos cierto que tras cosechar dos sonoros portazos por parte del pleno de Les Corts, que le habrían rechazado en sendas ocasiones.
La Ley establece además un factor significativo para esta eventualidad. En el caso de que el candidato a presidente tuviera que llegar a esa tercera votación, si es rechazado en dos ocasiones por PP y Ciudadanos, «la persona elegida ostentará de manera provisional la presidencia por un máximo de seis meses hasta que se elija una nueva candidata o candidato con las mayorías requeridas». En el decreto de nombramiento, se añade, «se hará constar la condición de provisionalidad en el ejercicio de la presidencia».
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La hoja de ruta con la que trabajan los socialistas asume que esa es una de las opciones. Pero entiende que la posición de los populares, si insisten en mantener a Fernández como candidata al consejo, podrá cuestionarse por lo que tendrá de responsable del bloqueo de la puesta en marcha del consejo. «Si nosotros estamos dispuestos a dar pasos y el PP no, tendremos que actuar para resolver esa situación», admite un cargo socialista. «Si alguien sigue persistiendo en la incomodidad de uno, pues habrá más incómodos», remarcó el viernes el portavoz socialista Manuel Mata.
La posición de los populares en relación con la puesta en marcha de la nueva televisión la sintetizó esta semana una dirigente de este partido: «A nosotros ese asunto ni nos va a dar ni nos va a quitar votos». La decisión del Gobierno de Alberto Fabra de cerrar el ente público tras la sentencia del TSJ que anuló el ERE aprobado en la empresa generó un boquete electoral a los populares que resultó clave en las autonómicas de 2015. Un año después, y a la vista de los resultados del 26-J, el PP valenciano está convencido de que, en términos electorales, el debate sobre la nueva televisión no le genera ningún daño.
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Los populares, además, sostienen que el problema de la puesta en marcha de la nueva RTVV es exclusivo del tripartito, que es el que se comprometió ante los extrabajadores a recuperar el ente público y a contar con ellos. «El artista a la pista», señaló una fuente del PPCV para aludir a la necesidad de que sean ahora el PSPV, Compromís y Podemos los que resuelvan el galimatías jurídico y legal de la puesta en marcha de la nueva televisión.
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