Vedri: «Alcón de Cultura ni idea, pero una fenómena para otras cosas»

El empresario José Adolfo Vedri está investigado en el caso Imelsa por el supuesto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones. Vedri, propietario en su día de la potente agencia de comunicación Engloba, se encuentra imputado, por ejemplo, en la pieza separada que analiza los contratos de la Concejalía de Cultura en la época de María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau.

«No me imaginaba que la otra -en referencia a Alcón- no tenía ni puta idea de Cultura pero era tan fenómena para otras cosas». Este comentario forma parte de las explicaciones telefónicas que Vedri ofrece a varios periodistas durante mayo de 2015. El ahora imputado defiende siempre su inocencia y se muestra sorprendido al conocer los tejemanejes de la entonces edil.

El juez había autorizado la intervención de varios móviles que usaba el conocido empresario. Las transcripciones de esas conversaciones se han incorporado recientemente a la causa una vez se levantó el secreto de esta parte del sumario.

La inquietud de Vedri, conocido como Sadol en el mundillo, resulta evidente e incluso comprensible. Por aquel entonces, la difusión de los audios que el exgerente de Imelsa Marcos Benavent grabó a la concejal de Cultura, le dejaba en una posición más que complicada. «No tengo miedo, pero es que sale mi nombre a nivel nacional y La Rambleta, que si ya se decía que era un pelotazo de los constructores... Imagina», le traslada a una interlocutora. En algunas conversaciones Vedri sondea a periodistas en busca de consejo: si responder ante las acusaciones o guardar silencio.

En todos los audios sostiene que él jamás pagó a Benavent. La investigación, de hecho, no ha encontrado pruebas de lo contrario. Sí confirma que se conocían. «Era un tío muy cachondo. Hablábamos de todo. Me contaba cómo estaban las cosas y le decía mi opinión». Mantiene la misma tesis en las charlas con su círculo más cercano, aunque ya desliza alguna duda. «No recuerdo que me pidieran. Aunque no recuerdo si pudo haber alguna conversación en la que me hubiera dejado querer», según la documentación que consta en el juzgado de Instrucción. Tampoco estas dudas resultan sospechosas. Hay que tener en cuenta los hechos se remontan a una década atrás. En varias ocasiones, Vedri dice que él sólo posee el 16% de la sociedad que finalmente resulta adjudicataria y que carecía de poder de decisión. «Ni pinchaba ni cortaba».

El empresario, en las conversaciones que ya forman parte del sumario, lamenta la escasa rentabilidad económica del proyecto. «Es curioso que con lo que ha costado ahora se nos vea como unos corruptos», se sincera. Vedri manifiesta incluso que le parece «muy bien» que el expediente de La Rambleta forme parte de la investigación de la Fiscalía «porque el proceso fue limpio».

El investigado relata los fallos de los otros aspirantes al concurso. «Su proyecto era una mierda», dice de una competidora. «Fue eliminada porque cometieron un error garrafal en el pliego», explica sobre otra mercantil. No obstante, sí desliza ante un periodista que eso «estaba adjudicado de antemano».

El investigado niega cualquier reunión con la exalcaldesa Rita Barberá o con el entonces concejal Jorge Bellver. Sí admite hasta seis encuentros con el vicealcalde Alfonso Grau -pide a un compañero incluso documentación que acredite esas citas- para reclamarle soluciones a la ruina económica que suponía el proyecto. «Nos gastamos dos millones más por culpa del Ayuntamiento y no nos lo han querido reconocer», lamenta. De hecho, insiste en la delicada situación económica. «Hemos tenido que pedir créditos y no podemos hacer frente a los bancos». Llega a plantearse incluso devolver la explotación de las instalaciones.

El juez, en un auto, admitía que no existe, por el momento, ninguna prueba de que la empresa pagara por recibir la adjudicación del servicio. No obstante, no es la única pieza judicial en la que el empresario se ha visto salpicado por los delitos que supuestamente cometió el grupo liderado por el exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Rus. La Guardia Civil sostiene que dos trabajadores de su agencia de comunicación, habitual adjudicataria de la Generalitat en la época del Partido Popular, cobraban una nómina de Imelsa mientras desempeñaban una labor en la empresa privada.