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EFE
Miércoles, 7 de septiembre 2016, 14:55
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el "caso Imelsa", ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la exsecretaria del PP del Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster contra su imputación por delito electoral.
Por otro lado, el juez ha citado a declarar a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, a su exasesor Pedro Aracil, al exgerente de Imelsa Marcos Benavent y al empresario José Adolfo Vedri para que declaren como investigados en la pieza separada que investiga el supuesto amaño de contratos en el área de Cultura del Consistorio valenciano a cambio de comisiones ilegales.
Respecto a Carmen García Fuster, el juez, que también investiga en la pieza separada sobre delito electoral un delito de blanqueo de capitales, rechaza los argumentos de la imputada y mantiene que el hecho de que no fuera administradora electoral de las candidaturas en los comicios de 2011 y 2015 "no impide que pueda ser investigada como posible cooperadora necesaria".
Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el auto notificado hoy a las partes el juez precisa, no obstante, que tal delito "no se le está atribuyendo de modo definitivo, sino que se está abriendo la investigación, que le afecta, y por eso es llamada a declarar en calidad de investigada".
En su resolución, el juez explica que es "incuestionable" que con cargo a la cuenta bancaria que gestionaba se pagaron gastos electorales y que es al final de la instrucción cuando procede valorar los indicios que existen contra la imputada y su significación penal.
En el recurso, la defensa de García Fuster cuestionaba también la continuidad y conexidad delictivas apreciadas por el instructor así como la declaración de complejidad de la causa, extremos, todos ellos, rechazados por el juez.
Por otro lado, el titular de Instrucción 18 ha citado a declarar como investigados el día 22 de septiembre a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, a su exasesor Pedro Aracil, al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y al empresario José Adolfo Vedri.
En la pieza separada en la que se investiga el supuesto amaño de contratos en el área de Cultura del Consistorio valenciano a cambio de comisiones ilegales, en la que declararán Alcón, Aracil, Benavent y Vedri, deberán comparecer ante el juez el día 23 otros tres empresarios imputados, adjudicatarios de los contratos de limpieza y mantenimiento de La Lonja y de las Torres de Quart.
En las diligencias del "caso Imelsa" se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa), Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa de construcción de colegios).
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral, y se estructura en una pieza principal y cinco separadas.
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