El Consell renuncia a su plan para hacer funcionarios a los interinos sin oposición

El Consell quiere reducir la temporalidad en el ámbito de la función pública. El informe del comité de expertos para la reforma de la ley pública valenciana pone de manifiesto ese objetivo, y el departamento que dirige Gabriela Bravo lo ha hecho suyo. Todo bien hasta aquí, salvo por el inconveniente más o menos insalvable de que la Constitución, el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de legislación aplicable en la materia deja escaso margen de maniobra.

El día que se presentó este informe, la consellera Bravo explicó que su departamento trabajaría en la búsqueda de medidas de consolidación de la función pública. Un objetivo que logró el aplauso unánime de las organizaciones sindicales. Eso sí, la consellera planteó que se trabajaría para que ese proceso permitiera hacer funcionarios a los interinos sin que éstos tuvieran que pasar por una oposición. En la administración autonómica valenciana trabajan unos 5.500 interinos, según recogía el informe de los expertos en función pública.

Esa posibilidad, la de que alguien pudiera llegar a ser funcionario sin superar una oposición, que ella misma reconoció como complicada -la jurisprudencia del Supremo ha rechazado esa opción y únicamente se ha abierto la puerta a procesos de funcionarización en circunstancias muy puntuales-, sorprendió a sindicatos y a expertos, conscientes de que los interinos merecen que su experiencia laboral sea tenida en cuenta, pero que un proceso que no incorporara un concurso oposición de carácter abierto no superaría el más mínimo recurso ante los tribunales de justicia. Aunque este periódico se puso en contacto con la conselleria que dirige Bravo y planteó esta cuestión a la vicepresidenta Mónica Oltra en una de sus comparecencias semanales, el Ejecutivo valenciano evitó dar una respuesta concreta a cómo pretendía llevar a cabo su plan.

El pasado martes se reunió la comisión de seguimiento del acuerdo de la novena legislatura de la Mesa General de la Función Pública. Sobre la mesa, el calendario y la evolución de las medidas recogidas en ese pacto, que permitió a Ximo Puig fotografiarse con los principales líderes sindicales en vísperas de las pasadas elecciones generales.

Las fuentes sindicales consultadas por este diario explicaron el miércoles que los representantes del Consell que participaron en esa reunión trasladaron que cualquier proceso de consolidación en el ámbito del empleo público tendría que llevarse a cabo siguiendo una convocatoria abierta de un concurso oposición en el que, en todo caso, los interinos podrían aportar en la valoración de méritos los años que hubieran desempeñado su labor en el ámbito de la Administración.

Las fuentes consultadas por este diario especificaron que los representantes del Consell en esta reunión -no acudió el de la conselleria de Hacienda, circunstancia que provocó la protesta de alguna de las organizaciones sindicales- citaron el artículo 61 y la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico de la Función Pública. Esta última hace referencia a la consolidación del empleo temporal, y en su primer punto proclama que las Administraciones Públicas «podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005».

En su segundo apartado de la misma disposición se recuerda que «los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Y por último, se hace una referencia a que esos procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61» del Estatuto. ¿Qué son cuáles? El primero no puede ser más concluyente: «Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto».

El tercero, por su parte, acota más ese proceso: Los que incluyan «además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo».

El contenido tanto de la transitoria cuarta como del artículo 61 no dejan puerta abierta alguna a procedimientos extraordinarios que excluyan una convocatoria abierta. Al contrario, lo que proclaman es justo lo contrario, las condiciones que deben reunir esas pruebas y la advertencia de que la valoración de méritos -que es el ámbito más razonable en el que cabría situar la contabilización de los años de servicio prestados por los interinos- no puede determinar por sí misma, en ningún caso, el resultado del proceso selectivo.