Las sombras de la nueva Imelsa

A mediados del pasado mes de mayo la Diputación de Valencia hizo oficial el cambio de denominación de la antigua Imelsa por su actual marca, Divalterra. Las denuncias del que fuera gerente de la empresa, Marcos Benavent, forzaron al nuevo equipo que dirige Jorge Rodríguez a impulsar un cambio de marca. Imelsa sonaba, y suena, a corrupción y a vulneración de la legalidad. Y era necesario pasar página de aquella etapa.

El actual gerente de esa firma es Víctor Sahuquillo, a quién Rodríguez le encomendó la tarea de reflotar la empresa provincial. El cambio de nombre fue sólo una parte de un proceso dirigido, se anunció, a dotar de transparencia la vida interna y las decisiones que se adoptaran desde esa firma. Divalterra sería otra cosa, vino a ser el mensaje.

A lo largo de 2016, la actual dirección de Divalterra ha impulsado y resuelto cinco procesos de selección de personal -el sexto sigue en marcha-. Algunos de ellos aún arrancaron con la marca de Imelsa y se resolvieron ya con la nueva Divalterra. Pero el común denominador de todos ellos, lo que llama más la atención, es que el expediente administrativo de cada una de esas contrataciones -a los que ha tenido acceso este diario- presenta anomalías o decisiones que se salen del devenir ordinario de un proceso de selección de personal en el ámbito de la administración pública. Cambios en los plazos de presentación de documentación, modificaciones de criterios y requisitos para incrementar el número de candidatos, denuncias ante la policía, protestas de los sindicatos, recursos que se desestiman y errores de cálculo admitidos por el tribunal jalonan los expedientes.

El 17 de marzo de 2016 el tribunal de selección de Imelsa detalló las bases reguladoras del proceso de selección para la contratación de un técnico jurídico para esta firma. El acta número 5 de este procedimiento, con fecha de 24 de mayo, relata que las pruebas de conocimientos específicos y profesionales de los aspirantes dejaban únicamente a dos aspirantes con la puntuación necesaria para seguir adelante. «Ante esta circunstancia, y con el objetivo de no poner en riesgo el éxito del proceso de selección», se explica, «los miembros del tribunal decidieron por unanimidad flexibilizar los criterios iniciales establecidos en las bases para superar esta fase», aunque CC OO decidió dejar de seguir el proceso y no acudir a las entrevistas a los candidatos, en desacuerdo con esta modificación. Con la medida, el número de aspirantes pasó de 2 a 7.

Para las entrevistas finales quedaron únicamente cinco. El 9 de mayo, un correo electrónico recibido por el tribunal avisa de la presunta colaboración de uno de los candidatos con un partido político. El tribunal, relata el acta, decidió denunciar los hechos ante la policía tras intentar averiguar, sin éxito, si la información provenía de otro de los aspirantes. Pese a lo avanzado del proceso, el tribunal cayó en la cuenta a mediados de mayo que dos de los aspirantes no habían toda la documentación justificativa de su trayectoria profesional. Resuelta esa incidencia, se adjudicó la plaza.

El proceso de elección de un técnico de recursos humanos arranca el 2 de marzo de 2016. La selección de aspirantes deja inicialmente 2 admitidos que cumplían con todos los requisitos. El 6 de abril, el tribunal de selección se reúne y concluye, sin embargo, que el número definitivo de aspirantes ascienda a 6, una vez finalizado el plazo para la presentación de subsanaciones y alegaciones. Las pruebas del 11 de abril dejan a tres candidatos que cumplen con las condiciones. Y de nuevo, como en el proceso de selección anterior, los miembros del tribunal deciden por unanimidad «flexibilizar los criterios iniciales establecidos». La decisión provoca que CC OO se ausentara de nuevo de la fase de entrevistas finales.

«Error de cálculo»

La modificación provocó que sólo tres personas superaran esta fase. «Sin embargo -explica el acta- por un error de cálculo, el tribunal consideró que las seis personas cumplían la nueva condición establecida». El patinazo provocó que la firma consultora encargada de recopilar la información de los candidatos les entrevistara a todos ellos, aunque a los tres que no habían superado la prueba inicial se les tuvo que acabar explicando lo sucedido.

En el proceso de selección de un responsable de operaciones de brigadas forestales se detecta un error en «la codificación de los motivos de exclusión «asignados a los aspirantes. El Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat presenta un escrito de alegaciones que solicita la nulidad del proceso, y que es rechazado. En la selección de un técnico de sistemas, que arranca el 1 de junio, se decide «reducir el requisito de experiencia profesional (de los aspirantes) de tres a dos años». Y en la del controller, la fase de subsanación (de errores) reduce en lugar de ampliar el número de aspirantes.