Ciegsa seguirá activa en 2017 tras asumir Educación que todavía no puede cerrarla

Ciegsa, la empresa pública creada bajo el Gobierno de Eduardo Zaplana para combatir el déficit en infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana, se ha convertido de un tiempo a esta parte en sinónimo de sobrecoste y en el foco de algunas de las principales investigaciones judiciales por casos de corrupción. La ley de racionalización del sector público, de 2013, preveía ya la extinción de la citada mercantil a través de la incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y representativas del 100% de su capital social a favor de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Incorporados a EIGE los mencionados títulos, se produciría la extinción de Ciegsa mediante la cesión global de su activo y pasivo sin practicarse previa liquidación de la entidad a extinguir.

Esa es la teoría. La práctica es que no se puede. La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2017 constata que el cierre de Ciegsa, tal y como preveía la disposición transitoria primera de la ley debía realizarse «en el menos plazo posible». Casi cuatro años después, la realidad dice que Ciegsa sigue realizando tareas que, como dice el anteproyecto de ley, la Generalitat no se ha dotado todavía «de instrumentos que permitan la asunción de una parte de las funciones y tareas que ésta viene desarrollando». ¿Y cuáles son? El texto cita la «contratación y tramitación del parque de aulas prefabricadas de escolarización provisional gestionado directamente por Ciegsa y que dan servicio en la actualidad a más de 160 centros escolares en toda la Comunidad Valenciana»; la «gestión de los contratos de servicios de arquitectura vigentes para la redacción de proyectos y dirección de obras»,; la tramitación de liquidaciones y revisiones de precio, si aplican, de las actuaciones ya finalizadas; y el tratamiento y gestión de los costes incurridos por la Sociedad en el inicio del expediente y que se facturaron a los adjudicatarios.

Y eso sólo lo puede hacer la misma empresa. A pesar de que la citada mercantil ha sido objeto de críticas por parte de los grupos que ahora dan su apoyo al Gobierno valenciano, el anteproyecto de ley de acompañamiento explica que pese a mantener vigente «la voluntad de extinción de Ciegsa en el menor plazo posible y que las actuaciones para dar cumplimiento al mapa de infraestructuras escolares deben de ser asumidas por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, «esto debe de hacerse compatible con la evitación de perjuicios al interés público derivados de una acelerada y anticipada extinción al no haberse dotado todavía de instrumentos que permitan la asunción de una parte de las funciones y tareas que ésta viene desarrollando».