El Consell no logra obligar a las concesionarias de los hospitales a que paguen los fármacos de la hepatitis C

Las concesionarias de gestión de hospitales seguirán sin tener que hacerse cargo del coste de tres medicamentos de dispensación hospitalaria, de un alto coste económico, y que se utilizan para combatir la hepatitis C. Es la conclusión del dictamen elaborado por el Consell Jurídic Consultiu a petición de la conselleria de Sanidad, como paso necesario para anular la nota informativa por la que el Gobierno valenciano, aún bajo la presidencia de Alberto Fabra, decidió que fuera la administración autonómica, y no las empresas concesionarias, las que se hicieran cargo de esos fármacos. El coste estimado de esos medicamentos en 2015 fue, según fuentes de la conselleria de Sanidad, de 15,7 millones de euros.

El departamento que dirige Carmen Montón explicó el jueves que su petición trataba de dar marcha atrás, por la vía más rápida posible, a esa decisión adoptada por el Consell del PP y que excluyó a las empresas concesionarias del pago de tres medicamentos que, por ser de exclusiva dispensación hospitalaria, les correspondían (los que son de receta sí que corren a cargo de la Administración). Los tres fármacos -Harvoni, Viekira y Exviera- fueron excluidos mediante una resolución administrativa del pago por parte de las concesionarias, y pasaron a ser sufragadas por la Generalitat.

Para revertir esta situación, la administración autonómica, con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, optó por forzar la nulidad de pleno derecho de la nota informativa del Consell por la que se decidió que esos medicamentos fueran sufragados por la administración. Para dar luz verde a esa decisión era necesario el dictamen favorable -en este caso, de carácter vinculante- del Consell Jurídic Consultiu. Pero el órgano que preside Vicente Garrido -ya en una situación de interinidad desde que venciera la vigencia de sus miembros a principios de septiembre- ha dictaminado que no. La resolución, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, rechaza el propósito del Gobierno valenciano de anular la nota informativa que, a principios de 2015, dio luz verde a esta medida. ¿Y eso qué significa? Las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario no ocultaron su malestar con la decisión del Jurídic, y subrayaron que si el Ejecutivo valenciano había optado por esta fórmula para tratar de dar marcha atrás a esta decisión era, precisamente, porque consideraba que se trataba de la vía más eficaz para conseguir su objetivo. «Es el último favor que este Jurídic hace a las empresas concesionarias», llegó a proclamar un alto cargo.

Declaración de lesividad

En todo caso, añadieron las mismas fuentes, Sanidad tiene decidido recurrir a una vía alternativa para tratar de que las empresas concesionarias se hagan cargo del coste de estos medicamentos. Las fuentes consultadas el jueves anunciaron la presentación de un procedimiento de declaración de lesividad -con el que la Administración declara lesivo para el interés público un acto previamente dictado por ella, que es favorable para los interesados y que sea anulable conforme a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública- y que se impugnará judicialmente la nota informativa que dio origen a la polémica.

Por contra, otras fuentes remarcaron el jueves que el recurso de oficio de acto nulo -la vía por la que se solicitaba el dictamen al Jurídic- constituye un procedimiento mucho más estricto que el procedimiento de declaración de lesividad, que en la práctica supone acudir a los tribunales. Las mismas fuentes recordaron que durante la etapa de Alfonso Alonso como ministro de Sanidad, el Ejecutivo central adoptó acuerdos dirigidos a que fuera la administración pública la que atendiera los costes -muy elevados- de estos tratamientos. Una decisión, se recordó, ampliamente demandada en aquel momento por diversas fuerzas políticas, que incluso se movilizaron para exigir al Gobierno del PP que asumiera esos gastos. Lo que hizo el Consell de Fabra, se vino a explicar, fue asumir aquella decisión y atender ese coste que, de alguna manera, es lo que habían reivindicado las organizaciones políticas que ahora reclamaban precisamente lo contrario.