Los olvidos del Consell

Explicaba Blasco Ibáñez que lo que nos ayuda a vivir es el olvido y la esperanza. La receta la aplican todos los gobiernos. El Consell no es una excepción: se fijan objetivos, se pelean, y si el asunto se complica, con un poco de suerte, acaba olvidado. Sin embargo, Versuit Bergarabat, un grupo argentino de rock, canta que «hay muchas ventanillas para pagar los platos rotos de esas noches de gloria». Las 'noches locas del Ejecutivo valenciano' se celebraron en sus primeros meses al frente de la Generalitat. Se vendieron pieles de osos que 15 meses después no se han cazado y cuyas huellas se han diluido.

Hace un par de semanas, una sentencia del TSJ condenó al Consell a entregar al PP una auditoría sobre la situación de juzgados valencianos. Aquel análisis fue anunciado por la responsable de Justicia, Gabriela Bravo, como una de sus primeras medidas. La consellera, en su estreno ante el pleno de Les Corts, un 17 septiembre 2015, enfatizó ante las dudas de la oposición sobre si esa iniciativa saldría adelante: «Y he ordenado la auditoría, claro que la he ordenado. Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la conselleria». No era ese león tan fiero como se pintó inicialmente. El supuesto análisis jamás se plasmó en papel. El Consell lo ha reconocido ahora, cuando un tribunal le recuerda sus palabras y le insta a entregar documentación. Fue, en realidad, un «informe verbal», concepto muy alejado de las siempre temidas auditorías, olvidadas luego. Un caso. No es el único anuncio del Consell que posteriormente cae en olvido.

ALTOS COMISIONADOS Presidencia

Antes de ser investido presidente de la Generalitat, Ximo Puig tenía muy clara su intención de fabricar a su alrededor una especie de mini Consell: los Altos Comisionados, prestigiosos profesionales a los que Puig iba a encargar termas de enjundia para resolver en un plazo de tiempo concreto. Un equipo selecto, tal y como fuentes muy cercanas al futuro presidente adelantaron a LAS PROVINCIAS en junio de 2015. El jefe del Consell se aplicó a la tarea con entusiasmo. A los diez días de reunirse el primer pleno del Ejecutivo Puig nombró a uno de sus selectos altos cargos: José María Vidal. Duró tres meses como Alto Comisionado. En octubre se transformó en secretario autonómico, categoría más mundana. Y hasta ahí llegó el experimento de los Altos Comisionados, figuras relevantes y trascendentes al margen de la esfera política del día a día.

EXPROPIACIONESVivienda

Hace quince meses, cuando María José Salvador, Consellera de Vivienda, avanzó lo que sería las líneas maestras de su cartera se comprometió en dar una «respuesta habitacional» a la gente joven que «se quiere emancipar y no puede». Cuando avanzó la futura Ley de Función Pública de la Vivienda, Salvador hizo hincapié en poner en marcha una red de alquiler aprovechando pisos vacíos. Sobre las viviendas en manos de los bancos, indicó: «Somos conscientes de que algunos de ellos han sido objeto de un rescate y, por tanto, hay una responsabilidad social. Si no ponen estas vivienda a disposición, nos planteamos mecanismos de carácter sancionador». Planeó la posibilidad de expropiar. A día de hoy, sólo tres entidades financieras se muestran dispuestas a colaborar. El Consell presentó un anteproyecto de ley suavizado. La normativa comenzará ahora a debatirse en Les Corts. De sanciones se habla poco o nada. La posibilidad de expropiar se ha diluido. Desde la propia conselleria se admite que, «de momento» se trabaja en que los bancos colaboren voluntariamente. El Consell sabe que su ley choca con la Ley de Segunda Oportunidad del Gobierno central. Puig ya aclaró en marzo que la futura normativa «no es expropiatoria, es para activar el derecho a la vivienda». Igualmente, Salvador ha suavizado el cariz de la ley para la protección de la huerta. Ya a finales de este pasado septiembre, la consellera rebajó la posibilidad de expropiar el uso de las tierras sin cultivar, tal y como inicialmente se explicitó como medida de presión. Salvador prefirió recalcar que su conselleria apostará «por la mediación», ya que se deberían «dar muchos elementos para llegar al punto de poder expropiar el uso». El paso del tiempo ha ido templando y aparcando las ínfulas expropiadoras del departamento de Vivienda. Los últimos datos judiciales computados señalan a la Comunitat como la región donde más se incrementan los desahucios.

TRANSVERSALIDADTransparencia

El Consell ha querido convertir la Conselleria de Transparencia en una de sus señas identitarias. Sin embargo, sus iniciativas son tan transversales que, en ocasiones, más que transparentes parecen invisibles. Es el caso de las comisiones de transparencia, que iban a implantarse en todas las consellerias. En la práctica, de tales unidades no se tiene noticia, según admitieron a este periódico desde varias consellerias, incapaces de explicar quién o cómo opera en esas unidades. Lógico que lo desconozcan porque no existen. Desde el PP en Les Corts se preguntó por cómo se está desarrollando esta iniciativa. El diputado popular Luis Santamaría preguntó por las diferentes comisiones que, en cada consellería, deberían estar velando por un Consell íntegro. El Ejecutivo contestó en abril a Santamaría y admitió que no se han puesto en marcha. «Su composición está pendiente de la aprobación de una norma reglamentaria que regule la composición, régimen y funcionamiento es esta tipología de comisiones técnicas», según explican las distintas consellerias en su respuesta a la oposición. El Reglamento está en fase de tramitación.

TASAS UNIVERSITARIASEducación

La Conselleria de Educación mantiene una relación complicada con las universidades valencianas. Las instituciones académicas dependen económicamente del Consell tanto para una financiación que se ha prometido aumentar como por la potestad de la Generalitat de fijar las tasas universitarias. Se anunció al inicio de la legislatura una mayor financiación y una rebaja de las tasas. En septiembre de 2015, sin embargo, los responsables de la Generalitat se excusaron. A esas alturas, alegaron que se habían encontrado con más del 80% del presupuesto ejecutado por parte del Consell anterior, el del popular Alberto Fabra. Se produciría, por tanto, una mejora «progresiva». Llegó 2016. En julio ya se intuía que el programa electoral socialista, donde se recogía que los «precios públicos de los estudios de grado y máster» volverían «a los niveles de 2011», era papel mojado. El nuevo curso empezó hace un mes. De la bajada de tasas y de la mejora de la financiación nadie en el Consell se acordó.

DESALACIÓN Agricultura

En lo referente a los recursos hídricos, el actual Consell se decantó inicialmente por una posición muy reticente frente a los trasvases. En agosto de 2015, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, afirmó que «la nueva política hídrica pasa por la desalación». La propia consellera de Agricultura, Elena Cebrián, secundaba esa iniciativa. No obstante, la posición de la conselleria se vio comprometida por el modo en que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha cerró el grifo del trasvase del Tajo. Justo doce meses después de aquellas declaraciones de intenciones, a mediados de agosto de este año, la Unión Europea anunció que reclamará 35 millones por dos desalinizadoras paradas, las plantas de Moncofa y Oropesa, cerradas desde su construcción hace siete años, y que deberían funcionar antes de marzo si se quiere conservar el respaldo de Bruselas en una apuesta de modelo hídrico que, en realidad, depende de las inversiones del Gobierno central.

AYUDAS A PARA INNOVAREconomía

La Conselleria de Economía es una de las patas más débiles del Consell, según aditen tanto desde el PSPV como los dirigentes de Compromís. No es que haya olvidado proyectos, es que el departamento de Rafael Climent está olvidado por todos. El 1 de julio de 2015 se presentaron las prioridades del nuevo Ejecutivo. Economía aportó su intención de modificar las leyes de horarios comerciales. En ese ámbito, las actuaciones de la conselleria son para olvidar. El departamento que supuestamente debía impulsar un cambio de modelo productivo se encuentra, a dos meses de acabar el año, con una veintena de líneas presupuestarias sin publicar, según explica el diputado del PP Vicente Casanova. En algunos casos, las bases para acceder a las subvenciones se están reelaborando. Dentro de un mes, el presupuesto autonómico se cerrará técnicamente. Las ayudas para la innovación en sectores como el textil, el juguete, el cerámico o el calzado corren el riesgo de no adjudicarse. En el caso de las ayudas para la internacionalización o las vinculadas al consumo, llevan un mes publicadas. «A 7 de octubre, según respuestas parlamentarias del propio conseller a este diputado, la mayoría de la líneas presupuestarias permanecen sin ser lanzadas. Sólo se me ocurre pedirle al conseller que dimita o, si lo prefiere, que se quede en Cuba. Total, no le echaríamos en falta», comenta Casanova sobre Climent, participante en la misión comercial al país caribeño que encabeza Ximo Puig.

CONTROLAR ENCHUFESSanidad

El cambio de signo en el Consell supuso una renovación de puestos de responsabilidad en las consellerias. En Sanidad, un trasatlántico administrativo, cientos de personas de la confianza del PP fueron sustituidas por otros tantos afines al PSPV (sin ir más lejos, hasta se acomodó a una exsenadora del PSC, que ahora dirige La Fe), lo que provocó que la consellera Carmen Montón recibiese un aluvión de críticas. La socialista replicó con que todos estas sospechas de enchufes partidistas y clientelares quedarían resueltas con medidas como la eliminación del un 'bolsín', una especie de bolsa de trabajo paralela a la oficial. El asunto está en negociación con los sindicatos. Ante la falta de un criterio fiable en los nombramientos, Les Corts aprobó en febrero la creación de un mecanismo de control del que, sin embargo, no hay noticias de que se vaya a aplicar. Poco se sabe igualmente de cómo se resolverán temas como la jubilación forzosa de los médicos, el mapa sanitario o el plan de salud mental, que también han caído en el olvido al igual que la propia Montón, caída en desgracia.

TASA TURÍSTICAHacienda

El pasado 30 de septiembre se presentó la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2017. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó la reforma fiscal que su departamento ha confeccionado durante meses. Un año antes, Soler se excusó en la premura por preparar las cuentas (llegó a la conselleria en julio y presentó un presupuesto pocos meses después) le impidieron modificar el cuadro tributario. En octubre de 2015, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, anticipó que la tasa turística era una de las novedades que el Consell podría implantar en la Comunitat a partir de 2017. La Ecotasa. El sector del turismo se levantó en pie de guerra. En abril de este año, Soler desempolvó el debate e incluso se insinuaron cifras: dos euros por noche. Finalmente, ni dos, ni uno «ni mitja, ni cap». Cero. Soler, hace dos semanas, se explayó durante media hora detallando su reforma fiscal. Ni palabra de la tasa. Preguntado, el conseller admitió que el asunto queda «aparcado».

REFUGIADOSIgualdad

Oltra y Puig convirtieron el drama de la llegada de refugiados sirios a Europa en un asunto capital para el Consell en sus primeros meses de mandato. Explicaron que contaban con un barco para traerlos a la Comunitat. Anunciaron el viaje que la vicepresidenta realizó en febrero a Grecia. Informaron de la puesta en marcha de 110 puntos de atención a los refugiados acogidos en la Comunitat. El Consell creó una comisión mixta de entidades y ONG's para coordinar la acogida de refugiados y contactaron con las Diputaciones y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. En la Junta de Portavoces del pasado 27 de septiembre de esta federación, la portavoz del PP, Estela del Carmen, preguntó al secretario general Vicente Gil sobre el asunto. La respuesta de Gil aparece reflejada en el acta: «Indica que el técnico responsable en esta materia está de baja y cuando se incorpore hará la gestión e informaremos». En Les Corts se ha retirado una iniciativa parlamentaria firmada por el PSPV y Compromís donde se insta al Gobierno central a facilitar los permisos para que el barco del Consell que protagonizaría la denominada 'Operación Esperanza' zarpe hacia la zona donde se hacinan los refugiados. Respecto a los refugiados que ya viven en la Comunitat, hay una frase concluyente: «No hay información del Consell que constate que saben cuál es su situación». El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, lo reconoció así a LAS PROVINCIAS tras reunirse hace menos de un mes con Puig y Oltra. La Generlaitat desconoce cómo es la vida de los casi 1.000 inmigrantes solicitantes de asilo que hay en la región. La vicepresidenta se comprometió, tras reunirse con Beltrán, a «revisar» las necesidades de este colectivo en materia educativa, de sanidad o de vivienda.