La Policía investiga si una edil imputada de Sagunto se deshizo de documentación

El registro al ayuntamiento de Sagunto por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la 'Operación Flotador' finalizó a las tres y media de la madrugada del jueves. Dieciocho horas después de que entraran en el edificio, los agentes abandonaban las dependencias con las 300 facturas -entre un total de 14.000- que fueron a buscar. Todas ellas relacionadas con varios servicios contratados por el consistorio durante la etapa de Alfredo Castelló como alcalde, actualmente presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y diputado autonómico.

La tarde del pasado miércoles, mientras la Policía examinaba los documentos en el consistorio para poder comprobar si el anterior equipo de gobierno fraccionó los contratos de diversos trabajos y evitó someterlos a concurso público, vecinos del municipio aseguran que vieron a la concejal del PP en la corporación municipal, Davinia Bono, saliendo de su domicilio sobre las tres de la tarde «con un carro de la compra lleno de papeles». «Bajó de casa con un montón de documentos y los metió en su coche. Nos pareció muy raro y llamamos a la Policía», declararon ayer varios testigos a LAS PROVINCIAS.

«Sabemos quién es y lo que estaba pasando en el ayuntamiento y por eso avisamos. Se le notaba nerviosa», añadieron.

En estos momentos, la UDEF investiga lo ocurrido, aunque la concejal popular adelanta que la versión de los vecinos es falsa. «Volví de trabajar por la tarde y estuve con mi hijo y con mi madre. Nadie se ha personado en mi casa, ni tengo ninguna documentación en ella, ni he destruido nada», afirmó Bono al ser preguntada por este periódico. Además, aprovechó para comunicar que no tiene «ninguna relación» con la trama de amaño de contratos que investiga el juzgado de Instrucción entre los años 2007 y 2015 a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas a instancias de la Sindicatura de Comptes.

«En aquella época en la que se centra la investigación yo estuve al frente de las concejalías de Bienestar y Juventud, que no han tenido nada que ver con lo que ha salido en prensa», dijo. Sin embargo, la concejal del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Sagunto se encuentra en la lista de los once concejales y exconcejales imputados en la causa que está bajo secreto.

Amigos íntimos

Bono fue una de las personas de mayor confianza del exalcalde Alfredo Castelló en el Consistorio junto al edil Sergio Muniesa, que también tomó las riendas del Ayuntamiento durante diez meses. La concejal y el diputado autonómico mantienen una estrecha amistad desde que se conocieron durante el reinado de ella como fallera mayor de la localidad entre los años 2005 y 2006, tal como confirman fuentes del propio Partido Popular.

La edil, que tiene su puesto de trabajo en una sucursal bancaria, se introdujo en la política de la mano de Castelló hace nueve años, como ella misma reconoce. Fue concejal del exalcalde durante dos legislaturas, de 2007 al 2015. En ese tiempo dirigió las concejalías de Juventud, Mujer, Servicios Sociales, Mayor, Participación Ciudadana, Educación, Cooperación Internacional y Vivienda.

Asimismo, Bono ocupó el cargo de alcaldesa en funciones de Sagunto en varias ocasiones y coordinó las nuevas generaciones de los populares en el municipio hasta que se constituyó de manera oficial la organización juvenil en 2013. Ahora, las pesquisas sobre el amaño de contratos le apuntan directamente, junto a Castelló y otros diez concejales y exconcejales.