El 'octubre negro' de Rosa Pérez

El mes de mayo de 2015 fue complicado para Rosa Pérez Garijo. Su coalición, EUPV quedó fuera de Les Corts y sus compañeros más afines, los ya exdiputados Ignacio Blanco y Esther López Barceló, perdieron el escaño. Los malos resultados la convirtieron en el cargo público de mayor relevancia de la formación de izquierdas en la Comunitat justo cuando había logrado que se confirmasen sus denuncias contra Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia.

Su tenaz oposición no había pasado desapercibida para nadie. Tanto es así que el suegro de Marcos Benavent la eligió cerca de un año antes para ser depositaria de las grabaciones que dinamitaron los cimientos del PP provincial. Si aquel mes fue difícil, no lo está siendo menos el actual, aunque esta vez más en lo personal. Rosa Pérez Garijo ha encadenado reveses imprevistos tanto en su gestión como vicepresidenta en la Diputación de Valencia, como en sus intenciones de dirigir EUPV. Además, su perfil acusatorio en Imelsa se ha diluido notablemente, un 'octubre negro' en toda regla.

La diputada provincial encabezó una candidatura para dirigir EUPV que cayó derrotada en la asamblea celebrada la semana pasada. De nada sirvió la presencia en su lista de la eurodiputada Marina Albiol. Tampoco el apoyo de Blanco y López Barceló. Finalmente, el comunista David Rodríguez se impuso por un estrecho margen.

Rosa Pérez Garijo había centrado su campaña en la necesidad, por pura y dura supervivencia de EUPV, de buscar confluencias con otros partidos de izquierdas. Paradójicamente, con algunas de esas formaciones comparte el gobierno en la Diputación, pero no en armonía, sino con serias discrepancias, tanto con los socialistas como con Compromís.

Entre los miembros del gobierno de la corporación, sorprendió notablemente que Pérez Garijo evitase poner en marcha las ayudas a los ayuntamientos valencianos para abrir los comedores escolares este verano. Finalmente, tras negarse y acumular críticas por parte del PP, en agosto se aprobaron las subvenciones, si bien fuentes de la institución señalaron que las ayudas aún no se han ejecutado. «Y los ayuntamientos, esperando», lamentaron.

Difícil explicación

También en la propia Diputación consideran inexplicable el modo en que la vicepresidenta ha actuado respecto al deterioro del teatro Escalante, que Pérez Garijo atribuye a la mala gestión del PP y que considera muy grave, acusaciones realizadas sin haber atado previamente, antes de denunciar la situación, cómo se iban a solucionar los problemas en el Escalante. Ahora mismo, la corporación se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar unas reparaciones que quizá correspondiese abonar al propietario del recinto, además de que la programación teatral prevista ha quedado en el aire y sin alternativas claras.

Como remate, un departamento creado por ella misma 'ex profeso' para desarrollar proyectos sobre la memoria histórica ha paralizado su línea de becas. El 6 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para conceder subvenciones; sin embargo, una semana y media más tarde se propuso que la próxima junta de gobierno anule la concesión de las becas. El motivo es que no hay tiempo para adjudicarlas. El año se acaba.

Fuentes del equipo de gobierno provincial destacan que Pérez Garijo ha contado con diez meses de 2016 para publicar las bases de la convocatoria para impulsar la memoria histórica y lo ha hecho tan tarde que ahora no se pueden conceder. «No se puede trabajar y gestionar estando tan pendiente de salir en la televisión», indicaron las mismas fuentes. Y es que en la institución provincial se contempla con bastante escepticismo el tiempo y energías que la diputada de EUPV consagra a los casos de corrupción que le dieron tirón mediático.

También en los tribunales ha encajado algunos 'golpes'. La Audiencia de Valencia cuestionó el papel que podía jugar la diputada en el procedimiento. No hay que olvidar que Pérez acudió a declarar como imputada ante la Guardia Civil por la supuesta contratación de asesores, aunque esta condición no se ha confirmado, por el momento, una vez levantado el secreto. El tribunal aceptó el recurso de varios de los investigados y ordenó que se expulsara a Pérez como acusación popular. Entendía, que esa doble posición, como acusador y acusado era un «exceso». Y que lo más razonable era esperar a que se clarificara su posición en la investigación antes de que pudiera ejercer la acusación y no a la inversa. El juez instructor, como no podía ser de otro modo, acató la orden de la Audiencia. Unos días más tarde, además, comunicó a la diputada que por el mismo motivo debía quedar fuera de la causa en la que se investigan los contratos del Ayuntamiento supuestamente amañados en la etapa de Alcón. La diputada anunció en su día que recurriría la decisión.