Nueva Imelsa, viejos hábitos

«Imelsa ya murió y está en los tribunales». La sentencia pertenece a Víctor Sahuquillo, actual gerente de Divalterra -la empresa heredera de Imelsa-. La pronunció el pasado mes de junio con motivo de la presentación de la nueva imagen corporativa de una sociedad cuya antecesora da nombre a una de las casos de corrupción que investigan los tribunales de justicia valencianos. Malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, financiación irregular... el proceso abierto a raíz de las revelaciones del exgerente Marcos Benavent reúne prácticamente la totalidad de los delitos que pueden asociarse a un caso de corrupción política.

Los responsables de la Diputación de Valencia decidieron a principios de año cambiar la denominación de esta firma cuyo único accionista es la institución provincial y de la que dependen, entre otras áreas, las brigadas forestales y la protección de árboles monumentales. Imelsa pasó a llamarse Divalterra, como una forma de trasladar a la opinión pública el mensaje de que todos los vicios y malos hábitos atribuidos a la primera se enterraban con ese viejo nombre; y que la nueva marca partía de cero, con nuevos gestores, nueva imagen y nuevas formas de entender la administración de lo público.

Divalterra nació, es verdad, a principios de 2016. Pero los nuevos gestores de la Diputación de Valencia lo son desde junio de 2015. La nueva forma de entender la política y la gestión de lo público llegó, al menos en teoría, a Imelsa para la segunda mitad de ese ejercicio. Cabe concluir que ese podría ser el punto de inflexión a partir del cual los nuevos gestores de la Diputación comenzaron a trasladar a la entonces todavía Imelsa una gestión profesional, alejada de amiguismos, en la que las contrataciones siguieran los principios que recoge la ley y el despilfarro dejara de ser moneda de cambio. La junta general de Imelsa acordó el 29 de diciembre de 2015 encargar a RSM Spain Auditores un Informe de Auditoría de cumplimiento de la legalidad vigente. El documento, presentado en la institución provincial el pasado 25 de julio y al que ha tenido acceso este diario, aborda la gestión realizada durante el pasado ejercicio en la empresa provincial. Incluye, por lo tanto, seis meses de gestión de la etapa de Alfonso Rus -es verdad que ya con la investigación abierta sobre Imelsa- y otros seis con Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación.

PERSONAL

Los altos cargos se multiplican por diez

El texto revela algunas incidencias que, de forma indiscutible, afectan de lleno a los nuevos responsables de la firma. La más evidente tiene que ver con el número de puestos de alta dirección de la firma pública. «Llama la atención que en el ejercicio 2015 el personal considerado de Alta Dirección ha pasado de una persona (gerente) a un total de diez a fecha de cierre (del informe), siendo: dos gerentes y un director de Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia (los tres con poderes acordes a sus funciones) y siete directores de área», se señala.

El auditor plantea lo que a todas luces podría considerarse como un reproche a la empresa pública. Tras subrayar que algunos de esos nombramientos se produjeron en noviembre de 2015 y se justificaron en la necesidad de «dotar de estructura a la sociedad», se añade que, no se ha observado «un incremento de la actividad» ni existían «asignaciones presupuestarias para algunas de las áreas de nueva creación», motivo por el que sus costes se tuvieron que cargar temporalmente a servicios centrales. Dicho de otra forma: el incremento de puestos directivos en la firma ni ha venido acompañado ni de más actividad ni contaba con presupuesto para ser asumido, consecuencia probablemente, de que la decisión se adoptó a mitad de ejercicio.

Lo paradójico del caso es que el organigrama actual de la empresa dependiente de la institución provincial, todavía ha ampliado más el número de puestos de Alta Dirección. En concreto, el número de responsables de área asciende a una decena, que se suma a las dos gerencias y al puesto de responsable de Servicios Jurídicos, Económicos, Administración y Transparencia.

El informe de auditoría revela además, al hilo de estas indicaciones sobre la alta dirección, que la Diputación de Valencia «no ha otorgado clasificación alguna a la sociedad en ninguno de los tres grupos» que fija la ley de bases de régimen local «con el fin de determinar el número máximo de miembros del consejo de administración, mínimo y máximo de directivos así como la cuantía máxima de la retribución total». Por otro lado, se remarca que en la página web no se ofrece «información suficiente sobre los datos y experiencia profesional de los miembros de los órganos de administración, gestión, dirección y control».

RETRIBUCIONES

Indemnizaciones por encima del tope legal

Otro de los apartados que aborda la auditoría es el pago de las indemnizaciones abonadas a lo largo de ejercicio. La retribución de las 701 personas que componían en 2015 la plantilla de la firma supuso un desembolso de 13,4 millones de euros y de 1,2 millones de euros en concepto de indemnizaciones. La relación de personal despedido a lo largo del pasado ejercicio ascendió a 50 empleados, aunque el despido de siete de ellos ya supusieron el 50% del total de las indemnizaciones.

El auditor remarca que, en general, «se han pagado indemnizaciones por encima del máximo legal calculado en función de las causas comunicadas en el despido». Y se añade: «La justificación que nos ha brindado el gabinete jurídico (externo) que asiste a la Sociedad» aduce dos motivos: que algunos trabajadores despedidos «se encontraban acogidos ala reducción de jornada por guardia y custodia de hijos menores y que, a tenor de la jurisprudencia, tienen una protección frente al despido hasta que los hijos cumplen 12 años de edad»; y que en otros casos «existía un riesgo de declaración de nulidad del despido derivada de que el trabajador alegase motivos políticos en las causas de su despido». En ambos casos, se añade, existiría riesgo de que el despido fuera declarado nulo «con el consiguiente devengo de salarios de tramitación y su cotización a la seguridad social, habiéndose estimado dichos importes por encima del exceso de indemnización pagado».

El reproche del auditor se concreta de forma explícita al afirmar que Imelsa «no debería haber entrado en procesos de negociación y haber procedido a liquidar las indemnizaciones acorde al máximo legal establecido en función de las causas reales del despido».

PLANTILLA

Siguen las dudas sobre las contrataciones

Uno de los aspectos abordados en la investigación judicial sobre Imelsa afecta a la contratación de personal. Y la auditoría de 2015 sigue señalando ese apartado como uno de los discutibles. El informe de RSM advierte de que en algunas contrataciones «no se ha podido verificar el cumplimiento del procedimiento acorde a los principios generales de acceso al empleo público (igualdad, mérito y capacidad)». Todo un dardo sobre la forma en que se han ejecutado esas contrataciones.

Pero no sólo eso. La auditoría señala, respecto al total de altas producidas -32 hasta el 31 de julio, y otras 32 hasta el 31 de diciembre-, que Imelsa debería de haber tenido en cuenta lo previsto en la ley que fija los mecanismos de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que determina «que las sociedades mercantiles públicas no podrán acceder a la contratación de nuevo personal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en cuyo caso se podrán llevar a cabo contrataciones temporales, no siendo éste el caso de las nuevas contrataciones habidas en 2015».

NUEVA NORMATIVA

El discutible control del gasto en dietas

«La sociedad liquida las dietas a los trabajadores en función de diversos criterios y procedimientos diferenciados, observándose un grado de disparidad en el control de las mismas en función de la categoría del trabajador», señala el informe. El texto hace alusión al compromiso de elaborar una norma para regular los gastos en dietas, viajes y gastos de representación que, curiosamente, vio la luz en el pleno del pasado martes.

CONTRATOS

Adjudicación directa en la gran mayoría de los casos

El informe de auditoría relata que no todos los expedientes de contratación son gestionados por el departamento jurídico, siendo este último el responsable de publicar dicha información. Obviamente, esquivar el control del área jurídica aumenta las posibilidades de discrecionalidad en los contratos, máxime en los de carácter menor -, en el caso de Imelsa, los que se sitúan por debajo de 50.000 euros-. «Este hecho responde a que hasta 31 de diciembre de 2015 la denominada contratación menor no era tramitada por el área jurídica. RSM aclara que esta situación se ha corregido da partir de inicio de 2016, «pues todos los expedientes de contratación (adjudicación directa y otros procedimientos) son tramitados por el área jurídica.

Del total de contratos adjudicados por Imelsa a lo largo de 2015 (174), un total de 166 lo fueron por adjudicación directa al tratarse de contratación menor. De la revisión de una muestra de esas adjudicaciones, el auditor concluye que en algunos expedientes «existe un documento que afirma que se han solicitado tres presupuestos, pero sin que estos obren en el expediente». Por otra parte, se añade, «existen contratos de suministros en los que no consta el albarán de recepción de los mismos en el expediente, si bien sí existe aprobación de la factura por el responsable de área.

¿FRACCIONAMIENTO?

Los tres contratos con Tomarial Abogados

El auditor pone el acento en tres contratos adjudicados a Tomarial Abogados y Asesores a lo largo de 2015 y por importe de 27.000, 30.000 y 32.000 euros, tras recordar la «prohibición de fraccionamiento de contratos con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación diferente al de contratación menor». El informe concluye, no obstante, que este no es uno de esos casos porque «el objeto de los servicios era claramente diferente e independiente, surgiendo la necesidad de contratación de departamentos diferentes».

Lo que la auditoría no incluye, obviamente, es que Tomarial acaba de ser agraciada con la adjudicación del servicio externo de asesoramiento jurídico de la institución provincial. Tal y como avanzó este diario, esa adjudicación se hizo por 130.000 euros y no estuvo exenta de polémica, tanto porque la adjudicataria no era la oferta más barata como porque Divalterra ha reforzado su área jurídica con hasta tres nombramientos distintos, y pese a ello contrata una asesoría externa.

PATROCINIOS

Los cumplimientos, también bajo sospecha

El informe de RSM aborda una selección de 11 contratos de patrocinio de Divalterra. Y concluye que «el cumplimiento de algunos puntos del contrato no se acredita en algún caso». Además, se añade que «no se observa mención alguna alguna referente a los criterios de asignación de contratos así como los motivos de renovación de los mismos y la justificación de las diferentes cuantías convenidas» en patrocinios de clubes deportivos y medios de comunicación.

LIQUIDACIÓN

Compensación de pérdidas en las cuentas

El auditor subraya que el resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario de 2015 de Imelsa arroja un superávit de 1,8 millones de euros. Eso sí, remarca que el 14 de diciembre, la gerencia de la sociedad recibió un escrito de la sección presupuestaria de la Diputación de Valencia en el que se manifestaba que «a los efectos de poder saldar el desajuste presupuestario en relación al personal de Turismo (650.000 euros) y dado que existían antecedentes en otras partidas del presupuesto, «en aras a la eficiencia en la gestión no habría ningún problema en ajustar el déficit con los superávits de otras líneas», tal y como finalmente ocurre.