Rafael Catalá, más tiempo para el hombre tranquilo

 Rafael Catalá (Madrid, 55 años) es de los pocos ministros en funciones (y ministrables) que se dejaron ver en público este jueves. Lo hizo en un acto de Fomento, la cartera que, dicen, anhelaba para la nueva legislatura que ahora comienza. Cuando sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2014, se le presentó como un hombre de la casa. Como aval, haber sido secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004 con José María Michavila, y secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con Ana Pastor.

     En este tiempo en Justicia se ha mostrado como un hombre tranquilo, moderado y dialogante, de los que no pierden los nervios. Ha demostrado capacidad de interlocución, y falta le hará mantenerla dado que el PP ha apostado por desarrollar y dar continuidad a las profundas reformas aprobadas en estos cuatro años sin contar el ejercicio en funciones. Los puntos fuertes de la legislatura estarán en la búsqueda de la agilización de la respuesta judicial, el 'papel cero' en los juzgados o los retoques en la recién aprobado Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dar mayor autonomía a la Fiscalía o matizar los plazos de las investigaciones penales.

     En materia orgánica, se trabajará en desarrollar fiscalías especializadas en aquellos ámbitos que despiertan mayor preocupación social, como en los casos de la protección de personas con discapacidad, propiedad intelectual o la sustracción de bebés.

     En el capítulo de los desahucios, la novedad estará en las reformas para lograr mayor seguridad jurídica y claridad normativa. Según el programa electoral del PP, se creará un título dedicado a los juicios de desahucios arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, poniendo fin a la dispersión de las normas en esta materia, y se incrementará el control de las cláusulas abusivas.

     Con respecto a las nuevas leyes, en la hoja de ruta de Catalá está alumbrar la Ley de Derecho de Defensa para mejorar su regulación y reforzar otros derechos y obligaciones conexos, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente o la inviolabilidad de las comunicaciones.