El fiscal pide que Intervención informe sobre la compra de Valmor por parte del Consell

valencia. La Fiscalía Anticorrupción ha dado un nuevo impulso a la instrucción del caso Valmor, la gestación y organización de la Fórmula 1 en Valencia y la posterior compra de la mercantil por parte de la Generalitat. El fiscal ha solicitado una serie de datos e informes para tratar de esclarecer los hechos que se investigan en el juzgado de Instrucción número 2. Destacan las peticiones dirigidas a la Intervención de la Generalitat Valenciana para la elaboración de varios informes. El más relevante, quizá, el que concentra las pesquisas en el último tramo del periodo bajo sospecha: la compra de Valmor por parte de la Generalitat, presidida por entonces por Alberto Fabra.

El ministerio público pretende ahondar en ese controvertido episodio. Pide un informe sobre la legalidad de determinados actos administrativos, como la adquisición de la mercantil, y que se asumiera el pasivo de la sociedad, el aval del Instituto Valenciano de Finanzas a Valmor por valor de 15 millones de euros y, por último, el crédito de ocho millones con el que se financió a la empresa de Aspar, organizadora de las carreras. El trabajo pretende, además, «concretar las repercusiones económicas» que las acciones anteriores tuvieron para las arcas publicas. No es el único 'encargo' -falta todavía que la jueza lo apruebe- para el órgano auditor de la Generalitat. Se han requerido otros informes sobre las partidas presupuestarias empleadas en la financiación de dos empresas públicas: Circuito del Motor y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat entre 2008 y 2012.

El objetivo consiste en evidenciar cómo dos empresas públicas necesitaban aportaciones de capital mientras realizaban trabajos o pagos para Valmor sin ninguna compensación económica. La primera de ellas, por ejemplo, era la encargada de preparar el circuito de la Fórmula 1. La segunda mercantil abonó el canon a la empresa de Bernie Ecclestone debido a los problemas económicos de Valmor al comprobar, tras su primera edición, que las carreras no eran rentables.

Además, el fiscal solicita otros datos de las empresas afectadas por la investigación, como Circuito del Motor y Sociedad Proyectos Temáticos. Se trata fundamentalmente de los datos contables de la mercantil así como los números de cuenta y las personas que estaban autorizadas. También se incluye en la petición las actas del consejo de administración.

El último informe del Tribunal de Cuentas recoge graves irregularidades en la gestación de las carreras. Sin embargo, concluye que no puede reclamar a los supuestos responsables el dinero restado a las arcas públicas porque no se dan una serie de requisitos. Entre ellos, que no se recurriera a la vía contencioso administrativa determinados actos de la Generalitat, como la compra de Valmor. También ocurre, por ejemplo, con el pago del canon anual a la empresa de Bernie Ecclestone por parte de la Sociedad Proyectos Temáticos. El «daño» total son 60 millones de euros, según el dictamen del organismo. Se prescindió del «procedimiento establecido» y serían responsables los miembros de la Junta de Accionistas (el presidente era Gerardo Camps).

La juez decidió ayer decretar el secreto de sumario por las «especiales circunstancias» que rodean esta instrucción. La petición surgió del fiscal que solicitó una serie de diligencias que considera «imprescindibles». Todo esto se produce tras más de dos años de instrucción judicial a lo que hay que sumar las pesquisas previas de la Fiscalía. Sólo un hecho relevante puede haber motivado esa decisión. Entre las hipótesis, figuraría algún fleco descubierto en el último informe de la UDEF -todavía no ha llegado al juzgado- o alguna relación de una mercantil de Aspar con el entramado de Imelsa. En el mismo escrito, añadía que la causa quedara bajo secreto mientras se practican las pruebas solicitadas. Así, durante un mes las defensas no podrán conocer los detalles de la investigación.

Los investigados en el caso Valmor (Francisco Camps, Lola Johnson y Jorge Martínez Aspar) se encuentran a la espera de qué decide la juez respecto a la petición de archivo de su causa. Presentaron produjeron tras la comparecencia de de la exconsellera de Educación Lola Johnson -lo hizo a petición propia- que terminó por implicar a los expresidentes Camps y Fabra y a la exvicepresidenta Paula Sánchez de León.