La UCO certifica la contratación irregular de asesores en Imelsa

Imelsa era una empresa presidida por el descontrol más absoluto. Se contrataba con el simple curriculum de «ser conocido de» y bajo «indicaciones verbales» de determinados responsables de la firma pública, según certifica el último informe de la Guardia Civil incorporado a la causa. El «enchufismo» era casi la única vía de entrada para desempeñar algún puesto en la sociedad.

Este masivo incumplimiento de la legalidad fue aprovechado desde todas las instancias. Los partidos políticos vieron un filón en la contratación de asesores, cuya existencia no está amparada en ninguna norma ni avalada por el consejo de Administración. De hecho, no existe ningún criterio respecto al número de profesionales ni su reparto entre las formaciones. Es más, tras estallar el caso, esta figura desapareció. Hoy no existen asesores en Divalterra, la nueva Imelsa.

El trabajo de los investigadores de la Benemérita concluye que la idea de este personal de confianza se debió a la voluntad del presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y de su jefe de gabinete, Emilio Llopis. «Pero se aprovecharon todos los partidos políticos», precisa el dossier de los agentes. Algunos incluso reclamaron su parte del 'pastel' al comprobar que otros disponían de este privilegio y ellos no.

El informe no hace distinciones entre los partidos políticos. Ni respecto a las personas que lo autorizaban y las que lo solicitaban. En la misma línea sitúa a Rus, Llopis y Medina (PP); José Manuel Orengo y Raúl Pardós (PSPV), Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (IU). Esta última fue precisamente la que denunció el caso y aportó las famosas grabaciones que le había entregado el exsuegro de Benavent. «Todos eran conocedores y conscientes de la forma en la que fueron contratados los asesores y el destino de los mismos», recoge la UCO. La situación judicial de los diputados -la mayoría declaró como imputados en la Guardia Civil- resulta ahora muy comprometida.

Existe un detalle especialmente significativo en esta historia. Altur y su asesor decidieron de mutuo acuerdo que el empleado abandonara Imelsa y que empezara a cobrar del partido, ya que la mayor parte del trabajo era para la formación política. Un gesto de rectificación que otros, en cambio, no tuvieron.

El informe de la Guardia Civil incide en esta misma idea. El trabajo no se ajustaba a la labor propia de asesoramiento de los consejeros. Esta tarea «ocupaba un tiempo reducido de su jornada laboral llegando incluso a no realizar servicio alguno relacionado con la sociedad que les pagaba o ni siquiera a trabajar». En el caso de IU, por ejemplo, la UCO ratifica que lo único que cambió fue «el pagador», pero el asesor continuó haciendo el mismo trabajo que ya hacía, investigar para Rosa Pérez los tejemanejes de Imelsa. En algún caso incluso ha quedado acreditado que Benavent proporcionó alguna nómina en un ejercicio de caridad para una persona sin recursos.

Los diputados llegaron a firmar certificados en los que aseguraban que los empleados habían cumplido con su tarea. Se han dado supuestos incluso de firmar ese documento sin ni siquiera conocer a la persona que tenían como asesora, tal y como reconoció el diputado Salvador Enguix. La Guardia Civil solicita al juez una serie de diligencias para que puedan completar su trabajo. Consideran necesario averiguar cuánto dinero percibieron los asesores y por qué durante el periodo 2007-2015 -los años en los que se concentró el fraude- no hubo informes por parte de la Intervención.

El informe también resulta desfavorable para el excoordinador general de brigadas Salvador Ros. La exdirectora de Recursos Humanos le implica directamente en la contratación de brigadistas. Él decidía a quién incorporar a la plantilla.