Alberto Fabra estudia cerrar la oficina de expresidente de la Generalitat Valenciana

El expresidente de la Generalitat Alberto Fabra estudia cerrar el despacho del que disfruta en atención a su condición de exmáximo responsable del Gobierno valenciano. El dirigente popular es el único expresidente que ha requerido el uso de esta oficina, uno de los recursos que la ley del estatuto de expresidentes pone a disposición de quienes han ocupado la máxima responsabilidad institucional del Ejecutivo valenciano.

Fabra baraja renunciar a este despacho, ubicado en el Palau de Pineda, sede valenciana de la UIMP. La posible decisión, confirmada a este diario por fuentes de su entorno, se plantearía en el caso de que Esther Pastor, exsecretaria autonómica de Organización durante la presidencia de Fabra y que se encuentra al frente de este organismo, abandone ese puesto. Las mismas fuentes señalaron que Pastor podría adoptar esa decisión en un breve plazo de tiempo.

El DOCV de 24 de julio de 2015 publicó el nombramiento de Pastor como uno de los dos puestos de confianza adscritos a la oficina del expresidente. El texto oficial publicó una resolución por la que, a propuesta del expresidente, se nombraba personal eventual a su servicio a Esther Pastor, con funciones de asesora y unas retribuciones correspondientes a secretaria del presidente.

Junto a ese despacho, Fabra requirió el servicio de escolta y el coche oficial. Al frente del personal que forma parte de esa oficina se encuentra Pastor, persona de la máxima confianza del expresidente y que se incorporó desde el primer momento a esta oficina.

La petición del expresidente fue objeto de cierta polémica, toda vez que Fabra fue elegido senador territorial en representación de la Comunitat Valenciana y desde algunos ámbitos -la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra fue una de ellas- se le criticó por hacer uso de estas prerrogativas, pensadas en teoría para un excargo público que ha ocupado la máxima responsabilidad institucional y que se aparta de la primera línea política, pese a ocupar al mismo tiempo un puesto en el Senado. La polémica se acrecentó con el debate sobre la posible modificación de la norma que regula el estatuto de los expresidentes, pero la propuesta impulsada por Podemos no encontró el apoyo en las filas socialistas y quedó aparcada.

Entre los medios que facilita la ley del estatuto de expresidentes figura la de incorporarse como miembro nato al Consell Jurídic Consultiu. Fabra no ha hecho uso de esa posibilidad de la que sí dispone el también expresidente Francisco Camps. Los otros exmáximos mandatarios del Gobierno valenciano, Joan Lerma, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, no han requerido el uso de ninguno de los recursos que la norma pone a disposición.

Un año y medio después de haber abierto la oficina, tiempo durante el que se han gestionado y tramitado diversos asuntos que formaban parte de la agenda del expresidente, el eventual cierre del despacho vendría a constatar que el nivel de actividad del mismo se habría reducido y que no sería necesario mantener el gasto que supone dejarla abierta. La decisión no implicaría necesariamente la renuncia al resto de recursos.