El PP aporta al juez facturas para alegar que ignoraba los gastos electorales de Barberá

El Partido Popular trata de reforzar el cordón sanitario que colocó desde el primer día alrededor del Grupo Municipal. La formación, investigada en la causa por un blanqueo de capitales, ha contestado esta semana a la petición que realizó el juez el pasado mes de julio. El juez requirió los pagos efectuados desde la cuenta electoral (legal) para compararlos con los desembolsos de la campaña del Grupo Municipal. Es decir, verificar si la tesis que expuso Mari Carmen García Fuster de que el partido disponía de las facturas de Valencia podía ser cierta.

De igual modo, se ha enviado al instructor la identidad de los miembros del Comité de Campaña. El último informe de la Guardia Civil proponía seguir la investigación contra estas personas porque, en teoría, debieron conocer que el PP de la ciudad usaba una cuenta sin fiscalizar. Entre los integrantes, aparecen Vicente Betoret, Marcos Benavent, Juan José Medina, Emilio Llopis, Alfonso Novo, Máximo Caturla, Silvestre Senent y Jorge Bellver como los cargos más destacados. Sin embargo, es una incógnita si finalmente pueden terminar declarando por este motivo en el juzgado y bajo qué condición. Algunos ya están siendo investigados en otras piezas separadas del caso Imelsa.

La documentación aportada al juzgado, adelantada por el periódico ABC, recoge numerosas facturas de las dos últimas campañas locales y autonómicas (2011 y 2015), ambos procesos bajo investigación judicial. Entre la documentación, por ejemplo, consta la factura de la proclamación de Rita Barberá como candidata a la alcaldía. El acto se celebró en el Palacio de Congresos y costó algo más de 14.000 euros. Se da la circunstancia de que el PP de la provincia para las últimas elecciones disponía de 140.000 euros, mientras sólo la campaña que planeó el Grupo Municipal era de 116.000, según documentación que consta en el juzgado.

Todo este asunto, más allá de las responsabilidades penales que pueda ocasionar, evidencia una absoluta falta de vigilancia sobre el Grupo Municipal. El PP sólo tenía constancia de los gastos que ellos abonaban a través de su cuenta electoral, la única libreta desde la que se puede sufragar la campaña. Pero, según otras fuentes, resulta complicado pensar que nadie se parara a pensar cómo se supone que se pagaban los actos propios de la candidatura local cuando casi manejaban el mismo importe. O la publicidad, por poner un ejemplo, que ya venía presupuestada desde Génova, capítulo en el que el Grupo Municipal redoblaba esfuerzos. Nadie reparó o quiso percatarse de aquello.

La secretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García Fuster, siempre ha sostenido que la dirección sí conocía la existencia de esta cuenta. De hecho, en el juzgado consta que se realizaron transferencias de 1.500 euros a una libreta del PP de Valencia destinada a gastos de funcionamiento. El traspaso de fondos, que nadie discute, no significaría que se supiese que esa cuenta era opaca y que desde allí, además, se pagaba la campaña electoral. Otra de las afirmaciones que hizo García Fuster es que ella enviaba las facturas a la propia sede de la calle Quart.

El PP confía en que finalmente se archive la causa por blanqueo contra la formación política, un hecho inédito hasta ahora en España. La dirección de Génova está preparando la documentación que demostraría que no sólo tenían un plan de prevención del delito sino que lo llevaron a cabo. Esta circunstancia podría apartarles de la instrucción posiblemente antes que al resto.