El 80% de los contratos adjudicados por Divalterra en 2016 han sido a dedo

El informe de auditoría sobre la gestión de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, revela que ocho de cada diez contrataciones realizadas desde esta firma se hicieron bajo el formato de contrato menor. El documento al que ha tenido acceso este diario recomienda a la empresa provincial reducir el recurso a esta forma de contratación, en beneficio de otras que aseguren un mayor nivel de publicidad y concurrencia.

La auditoría de la nueva Imelsa, que se puso sobre la mesa en la reunión del consejo de administración de la firma del pasado martes, detalla los expedientes clasificados a lo largo de este ejercicio por procedimiento de contratación. Por número de expedientes, los contratos menores encabezan la lista con un 79%. Exactamente 267 de los 339 expedientes de contratación se siguieron bajo este procedimiento, conocido como a dedo porque es la administración la que elige directamente a la empresa que se encarga de prestar este servicio. La Ley de Contratos del Sector Público fijan en 18.000 euros el límite para que un contrato pueda considerarse menor y adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.

En el caso de Divalterra, y por su consideración de empresa pública, el límite para la consideración de contrato menor alcanza los 50.000 euros. Es decir, cualquier obra con un presupuesto inferior a esa cantidad puede adjudicarse directamente a un empresario, sin necesidad de solicitar más ofertas ni de publicitar la contratación -motivo por el que se denomina, en términos coloquiales, a dedo-.

El importe de los contratos a dedo de la empresa que codirigen Víctor Sahuquillo y Agustina Brines, los dos gerentes de Divalterra, asciende a 684.722 euros. La cifra representa el 14% del importe total adjudicado -4,8 millones de euros-. Por contra, el porcentaje de contratos abiertos -en los que la administración hace públicas unas bases y pueden presentarse todas las empresas que lo consideren oportuno-, que son los más trasparentes, alcanza únicamente el 7%, aunque afecta a un importe de 2,8 millones de euros.

El auditor advierte en su informe del elevado número de contratos menores. De hecho, entre sus recomendaciones figura la de la «reducción del uso de la contratación menor en favor de (procedimientos) negociados, abiertos, etc., que aseguren mayor publicidad y concurrencia». Los procedimientos negociados son los que obligan a contar con varias ofertas, sean decididas por la propia empresa (sin publicidad) o dando publicidad a la contratación (para que se presente quien quiera).

Por contra, las que son a dedo no requieren en ocasiones ni la firma de un contrato. Se requiere un servicio a una empresa y la factura se convierte en el único justificante de la contratación.

En el apartado de contrataciones, el auditor de Divalterra es muy contundente. En otro de los apartados remarca que el total de la facturación que no dispone de expediente de contratación alcanza los 183.000 euros. Y por ese motivo recomienda «seguir avanzando para que detrás de todo gasto contabilizado exista un expediente de contratación». El auditor llega a concretar cuáles son esas contrataciones en las que no aparece expediente: el 58% afecta a carburantes, el 21% a neumáticos y reparaciones y el 8% a suministros de luz y agua.

Crítica a la bicefalia

Las referencias a las contrataciones salpican la auditoría de la nueva Imelsa. De hecho, también se alude a ese apartado al constatar que los dos gerentes de la firma, Sahuquillo y Brines, procuran sacar adelante presupuestos por debajo de los 18.000 euros para evitar que sea necesaria la firma de ambos en la tramitación del contrato. El auditor llega a reflejar este hecho al hacer alusión a la contratación de Socialnova, la firma que se encargó de diseñar la imagen corporativa de Divalterra, y que, tal y como se explica en el informe, volvió a ser contratada en otras ocasiones hasta acumular un importe que supera los 30.000 euros. De haberse tramitado de manera conjunta, se remarca, «dicha contratación habría requerido de la firma mancomunada de ambos gerentes», una forma diplomática de constatar la escasa sintonía entre los dos gerentes. El auditor muestra su incredulidad ante una situación como ésta -que se repite en la contratación de la campaña de publicidad- hasta el punto de subrayar que los precios de los contratos deben obedecer a las necesidades que emanen del personal de la compañía y ajustarse a los precios de mercado, «y no los límites de firma solidaria o mancomunada».

La tensión en el transcurso de la reunión del consejo en la que se presentó el informe del auditoría llevó incluso a que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, no diera la palabra al auditor para dejarle explicar el contenido del informe. «No es necesario, todos sabemos leer», aseguran algunas fuentes que zanjó Rodríguez.