El PP dice que ahora ya sabe por qué no querían controles

La coordinadora general del PP de la Comunitat, Eva Ortiz, afirmó ayer que el caso Divalterra «demuestra por qué el PSPV y Compromís no quieren controles de ningún tipo». La responsable lamentó que la Diputación de Valencia «funcione como una subsede del Gobierno valenciano, donde tampoco gustan los controles y hacen todas las piruetas posibles para no contar con el Consell Jurídic Consultiu, con el Consejo Económico y Social e incluso con la Abogacía de la Generalitat».

«Contratos a dedo, fraccionamientos y pagos a la abogada que ha defendido -al exnúmero tres del PSPV- José Manuel Orengo en varias causas, es el saldo que arroja Divalterra, que fue presentada como el renacimiento de la Diputación de Valencia», resumió como problemas capitales de la entidad.

Respuesta socialista

No tardó el PSPV en responder a las críticas del PP. El portavoz socialista en la Diputación, Pablo Seguí, recordó que en todos los años de gestión del PP al frente de la Diputación y de la empresa pública Imelsa «el procedimiento de contratación era inexistente y, presuntamente, como se investiga en el caso Taula, el PP utilizaba la misma institución para robar».

«Esa es la única vergüenza de Divalterra, las grabaciones que investiga un juez en las que parece que el PP usó la institución como cortijo de amigos para repartirse millones que han salido de los bolsillos de todos y todas las valencianas», añadió. Ahora, según defiende el cargo socialistas, existe un procedimiento fiscalizado de contratación.