Divalterra paga 120.000 euros por el laboratorio de ideas que impulsa el socialista Orengo

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la antigua Imelsa, firmaron el pasado 17 de mayo un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de un 'centro de investigación de conocimientos aplicados a la administración local'. La firma de la institución provincial aporta 120.000 euros, IVA excluido, al organismo que preside Rubén Alfaro, y éste se compromete a «la realización de los trabajos de estudios previos para la implantación» de este centro.

Este 'centro público de conocimiento riguroso', según se le define también en el acuerdo, es el mismo laboratorio de ideas que se vinculó a José Manuel Orengo cuando el que fuera jefe de gabinete de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia abandonó este puesto el pasado mes de febrero.

El acuerdo de colaboración entre la Federación de Municipios y Divalterra, al que ha tenido acceso este diario, sólo establece aportación económica por parte de la firma que codirigen Víctor Sahuquillo y Agustina Brines. Los dos gerentes de la empresa provincial figuran como firmantes del acuerdo junto al presidente de la FVMP, Rubén Alfaro. El documento presenta al citado centro, conocido por sus siglas CICAL, como un «referente en investigación, desarrollo e innovación de la administración local en el ámbito de la provincia de Valencia, en particular, y de la Comunidad Valenciana en general». El plazo máximo para la ejecución del trabajo es de un año desde la fecha de la firma.

Orengo abandonó su puesto en la sala de máquinas de la Diputación de Valencia después de que su nombre se viera salpicado por diversos procesos judiciales -entre ellos, la pieza de los zombies, vinculada a la contratación de asesores de Imelsa-. De hecho, la contratación de un despacho de abogados por parte de Divalterra para atender los gastos de defensa de Orengo permitió la semana pasada al presidente de la corporación provincial destituir de su cargo al responsable del área de los servicios jurídicos de la firma, José Luis Vera, situado en ese puesto por el propio Orengo.

El exvicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV saltó el pasado mes de febrero a la Federación Valenciana de Municipios para desarrollar allí su labor como experto en administración local. Las fuentes de la FVMP consultadas por este diario explicaron el lunes que Orengo no dispone de un contrato de asesor de esta entidad -aunque así se había venido definiendo su relación con este organismo- sino que mantendría un contrato por obra o servicio con cargo a ese centro de investigación de conocimientos impulsado a raiz de este convenio.

De esta forma, este acuerdo entre las dos entidades sería el que permitiría al exdirigente socialista realizar su labor en la FVMP. Con el mismo argumento, sería la propia Divalterra la que en cierto modo estaría haciéndose cargo de la nómina de su exresponsable, toda vez que Cical no recibiría otra subvención más que la de la firma provincial.

La llegada de Orengo a la FVMP fue interpretada como un necesario paso atrás ante las investigaciones judiciales que le salpicaban. Familia directa de Alfred Boix, vicesecretario de Organización y número dos de los socialistas valencianos, su salida de la Diputación se leyó como la consolidación del liderazgo de Jorge Rodríguez al frente de la institución provincial, después de que el papel de Orengo en la institución provincial fuera interpretado como una suerte de comisario político de la calle Blanquerías. Que Orengo dejara la institución provincial pero su actividad se vea directamente condicionada por una subvención que procede de esta misma institución -en este caso, de la empresa provincial- dejaría entrever que Rodríguez, pese a haber marcado distancias con el aparato del PSPV con decisiones como la de apartar a Vera de la dirección del área jurídica, no habría querido romper el cordón umbilical con el Palau de la Generalitat. Tan es así que la institución provincial estaría resultando clave tanto para la financiación del propio centro de conocimientos impulsado por Orengo como, supuestamente, en el pago de su sueldo.