Orengo trabaja en su laboratorio de ideas de la FVMP desde el campus de Gandia

Una de las investigaciones judiciales que salpica a la antigua Imelsa, la antecesora de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia, afecta a trabajadores contratados por esa firma y que, en realidad, o no realizaban ningún tipo de trabajo o si lo hacían era en alguna otra institución, aunque pagados por la empresa provincial. El exjefe de gabinete de la Diputación de Valencia José Manuel Orengo llegó a declarar como imputado ante la Guardia Civil por esta pieza.

El exdirigente socialista, tal y como avanzó este diario, se encuentra contratado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en virtud de un convenio de colaboración suscrito por la propia Divalterra y la institución que dirige Rubén Alfaro. El contrato es por obra y servicio para el desarrollo de un centro de investigación de conocimientos para la administración local (Cical), una herramienta con la que se pretende contribuir a mejorar el día a día de las decisiones que se adoptan desde los Ayuntamientos.

Y a pesar de que lo ocurrido en Imelsa se encuentra bajo investigación judicial, Orengo protagoniza ahora un hecho significativo: Trabaja para la FVMP -con sede en la calle Guillem de Castro de Valencia, desde un «espacio cedido por el campus de la Universidad Politécnica de Valencia ubicado en Gandia -la localidad de la que Orengo fue alcalde-», según explicó él mismo a este periódico.

Tal y como adelantó este diario, el pasado 17 de mayo Divalterra y la FVMP firmaron un convenio de colaboración que establece la aportación financiera de la empresa de la corporación provincial -un total de 120.000 euros, IVA excluido- para que la FVMP impulse un «ambicioso proyecto» consistente en los trabajos «de estudios previos para la implantación de un centro de investigación de conocimientos aplicados a la administración local». Un convenio con un año de duración suscrito en su día por el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, y por los cogerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines.

Fuentes de la Diputación de Valencia explicaron el martes que la empresa de la institución provincial ha abonado ya un total de 40.000 euros a la FVMP por los trabajos ya presentados en relación con la puesta en marcha de este Cical. Las mismas fuentes no pudieron aclarar el contenido de esos trabajos, aunque remarcaron que, tal y como establece el convenio, los técnicos de Divalterra son los encargados de dar luz verde a esos informes antes de que se atienda el correspondiente pago. «La aportación se pagará previa certificación de los trabajos realizados mediante factura que incluirá informe con detalle y justificación de los trabajos ejecutados, no excediendo en ningún caso, el total del del importe del acuerdo de colaboración», se señala en una de las cláusulas del convenio.

La llegada de Orengo a la Federación de Municipios se produjo en febrero de este año, después de que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, aprovechara la salida de José Ramón Tiller como gerente de Imelsa para abrirle la puerta a su jefe de gabinete. Salpicados por diversas causas judiciales, Orengo optó por un puesto de mucha menor visibilidad política, como es al FVMP. Disponer de un «espacio cedido por la Universidad» en el campus de Gandia todavía le garantiza mayor anonimato político. Con todo, que Divalterra financie el laboratorio de ideas de Orengo en la FVMP no deja de mantener viva la vinculación entre ambos. Ayer, la portavoz del PP en la institución provincial, Mari Carmen Contelles, emplazó a Jorge Rodríguez a asumir su responsabilidad y a tomar decisiones en Divalterra.