Rita Barberá fallece 48 horas después de declarar ante el Supremo

«Seré alcaldesa hasta el último minuto». La frase la pronunció Rita Barberá el 25 de mayo del año pasado, un día después de las elecciones municipales que le terminaron obligando a abandonar la alcaldía de Valencia que había ocupado 24 años. La dirigente popular, el mayor referente político valenciano desde la restauración de la democracia, fue alcaldesa hasta ese último minuto de su vida, que le sorprendió ayer a primera hora de la mañana en un hotel de Madrid. Un infarto fue la causa de la muerte.

El fallecimiento de la exalcaldesa, apenas dos días después de haber acudido a declarar al Tribunal Supremo por la investigación del blanqueo que afecta al PP de Valencia, conmocionó desde primera hora la vida política valenciana y española. Su muerte, por inesperada y por la forma en que se produjo, en un hotel y fuera de la ciudad a la que dedicó su vida, resultó más trágica si cabe.

El aviso a Emergencias se registró tres minutos después de las 7 de la mañana. La llamada de María José, la hermana de la exalcaldesa que se encontraba con ella en la capital -el martes ya había advertido de que no se encontraba bien-, alertó de que la senadora valenciana requería de atención médica en el Hotel Villa Real de la capital de España. Sólo unos minutos después se confirmaba la noticia de la muerte. Acto seguido los servicios funerarios llevaron el cuerpo al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia, previo al traslado del cuerpo a Valencia.

Barberá, uno de los grandes iconos de PP, la 'alcaldesa de España', el indiscutible motor de las dos décadas de hegemonía electoral popular en la Comunitat Valenciana, sufrió un final amargo de su carrera política. El legado de su mandato como alcaldesa, su indiscutible influencia en la historia de su partido y su condición de referente moral del PP de la Comunitat terminaron agrietados en esta última etapa por la sucesión de investigaciones judiciales que le salpicaron.

Un final en el que el caso Taula, el proceso abierto por presunto blanqueo en el PP de Valencia por el que el lunes acabó declarando ante el Supremo como imputada, le obligó el pasado 14 de septiembre a solicitar su baja como militante de ese partido. Una decisión traumática para quien había dedicado casi 40 años de su vida a la actividad política en esta formación (Barberá poseía el carné número 3 del partido).

La salida fue más agria si cabe porque se vio salpicada por el acoso del resto de partidos políticos, por la crítica de algunos cargos de su propia formación y por el encarnizamiento con el que se trató su figura desde algunos ámbitos, que terminaron aprovechando su caída para protagonizar un desmedido linchamiento moral. Pese a su permanente desvinculación de los hechos investigados en Taula -«soy una persona honrada», proclamó en diversas ocasiones-, a Barberá se le trató con una dureza y un hostigamiento muy superior al de otros dirigentes políticos salpicados por procesos judiciales bastante más graves y que recordó al recibido por Francisco Camps. Barberá llegó a recibir amenazas de muerte, y su figura llegó a ser objeto de chanza. Incluso responsables políticos convertidos en jueces pidieron públicamente cárcel para ella.

Ayer, no obstante, el fallecimiento de la exalcaldesa propició el reconocimiento prácticamente unánime de su figura política. Con la única excepción de Podemos, cuyos diputados en el Congreso decidieron ausentarse del hemiciclo cuando la Cámara Baja guardó un minuto de silencio en señal de respeto, el resto de formaciones que valoraron el suceso expresaron sus condolencias y reconocieron la trayectoria de la exalcaldesa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, amigo personal de Barberá y uno de los dirigentes del PP más unidos a la senadora, no pudo ocultar las lágrimas en su rostro a su llegada al Congreso. Desde el PP, la mención de reconocimiento hacia la figura de Barberá se unió al reproche público por el acoso sufrido durante los últimos meses. «Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha dicho de Rita», proclamó el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Como si de un anticipo de su eclipse político se tratara, con aquella desafortunada intervención en la crida de las fallas de 2015, la figura de Barberá comenzó a verse especialmente salpicada por procesos judiciales. Investigaciones por corrupción que tuvieron un indiscutible coste personal y político, pero de las que salió indemne. Nóos, Gürtel, Emarsa, la memoria histórica o los gastos de alcaldía, son algunos de los procesos que afectaron a su imagen, hasta entonces intacta.

La figura arrolladora e impetuosa de la exalcaldesa, la misma que durante dos décadas había ejercido un liderazgo absoluto en su partido, comenzó a cuartearse. De ser la referencia imprescindible para el PP nacional y valenciano, Barberá pasó a ser un elemento casi a esconder. En la campaña de las últimas elecciones generales de junio ya no tuvo presencia pública.

Taula, que había estallado a finales del mes de enero de este año, se había llevado por delante no sólo a sus más estrechos colaboradores en el Ayuntamiento de Valencia. También dejó tocada gravemente su imagen.

El pasado lunes, Barberá sufrió probablemente uno de los días más duros de su vida. Declaró como imputada por Taula ante el Supremo. Siete meses antes, la exalcaldesa ya tuvo que sentarse ante un tribunal, esta vez como testigo, después de verse señalada por el caso Nóos y por la celebración en Valencia de los Valencia Summit que impulsó Iñaki Urdangarin. La declaración fue el punto final de un proceso que se había prolongado muchos meses, y en el que su figura volvió a ser acosada y hostigada.

Había ocurrido otro tanto con sus gastos como alcaldesa. En mayo de 2015, sólo unos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, la fiscalía comunicó la apertura de diligencias como consecuencia de una denuncia impulsada por Compromís. La pública difusión de las facturas correspondientes a los más diversos gastos de viajes y restaurantes permitieron a la oposición zarandear la imagen de Barberá. De poco sirvió que en julio de 2016 la fiscalía del Supremo decidiera archivar la investigación al no apreciar que la exalcaldesa cargara al Ayuntamiento de Valencia gastos que no guardaran relación con la vida municipal.

Barberá representó la imagen del poder del PP valenciano. El mismo poder que permitió a los populares gobernar el Ayuntamiento de Valencia desde 1991 hasta 2015, y dos décadas la Generalitat y las diputaciones provinciales. La exalcaldesa encadenó mayorías absolutas y ayudó a los triunfos electorales de su partido. En los últimos comicios, con un partido acosado por multitud de investigaciones judiciales y desgastado por la gestión de la crisis económica, Barberá volvió a ser candidata en lugar de dar el paso atrás por el que muchos daban por hecho que optaría.

Unos meses antes, en septiembre de 2014, la aún alcaldesa había mantenido una reunión en Moncloa con Mariano Rajoy. La dirigente valenciana había trasladado al presidente popular sus impresiones respecto a la situación del PP valenciano, con el liderazgo de Alberto Fabra cuestionado por sus barones. El líder popular ató definitivamente allí la candidatura de Barberá para 2015, aún cuando muchos piensan que debería de haber renunciado a aquella responsabilidad. Aquello habría sido lo cómodo. Pero no lo leal con el partido al que había dedicado su vida.

Aquellas elecciones marcaron el achicamiento definitivo de la figura política de Barberá. La exalcaldesa fue propuesta por su partido como senadora territorial -ahora le sustituirá Antonio Clemente-. Con su fallecimiento, la presión judicial sobre el PP disminuye. El Supremo archivará la investigación sobre Taula al dejar de existir aforados que le obliguen a seguir investigando la causa. Y aunque la baja como militante ya había permitido a los populares desentenderse de su situación -algunos dirigentes de ese partido aún apelaron el lunes a esa circunstancia-, su muerte vuelve a resituar el proceso judicial en el ámbito político exclusivo de la Comunitat Valenciana.