Investigan a un cabecilla de Emarsa por cobrar 2,5 millones por informes sin ningún valor

Nuevos problemas judiciales para uno de los supuestos ideólogos del fraude de la depuradora de Pinedo. Ignacio Bernácer, el que fuera jefe de Explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), el organismo de la Generalitat que se encarga del control de las más de 400 depuradoras de la Comunitat, se encuentra investigado en un juzgado por obtener cuantiosos ingresos por informes de escaso valor real. La causa, que partió en su día de la investigación del expolio de la depuradora de Pinedo, se sigue por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Al parecer, una mercantil de Bernácer obtuvo cerca de 2,5 millones de euros por trabajos de asesoría sin ninguna trascendencia. Las cantidades abonadas por estos dosieres no se justifican con la relevancia del contenido; se trata de meros informes de conveniencia. La empresa presentaba unos balances formidables: apenas tenía costes y los beneficios eran brutales.

El avance de las pesquisas ha arrojado luz sobre las conexiones entre Bernácer y las firmas que mostraron interés en sus trabajos. Se trata de las mismas empresas que eran contratadas habitualmente por la Epsar. Una de las hipótesis de los investigadores es que el pago de estos dossiers, en realidad, esconden una comisión a cambio de obtener trabajos de la empresa pública. La investigación judicial, que comprende desde los ejercicios 2007 a 2011, todavía no ha concluido.

El caso Emarsa se puede considerar hasta la fecha como el asunto de corrupción más relevante por la cantidad de dinero malversado. Cerca de 23 millones de euros se esfumaron de la planta que abastece la ciudad de Valencia. Los sobrecostes en el tratamiento de lodos -una sucesión de empresas interpuestas permitían desviar el dinero- y los pagos por obras y servicios hinchados se encuentran tras la monumental fuga de capitales. Sin duda, el juicio es una de las citas más esperadas, que podría arrancar a comienzos del próximo año.

Ignacio Bernácer es uno de los cabecillas de la trama, según describió en su día la Fiscalía. En el organigrama de la estructura que permitió la existencia de la red delictiva figura, además, el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla. El trío se enfrenta a penas de 14 años de prisión. Tras ellos, se sitúa el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta, quien en las últimas semanas ha mostrado su intención de colaborar con en la investigación por la financiación ilegal del PP de Valencia. De hecho, recientemente ya mantuvo un encuentro en Fiscalía para articular de qué forma se materializaría esa ayuda a los investigadores.

El papel de Bernácer resulta clave en la trama. A través de la Epsar se incrementó la financiación a la depuradora de Pinedo. Ante los «cuantiosos fondos públicos» que recibía la empresa para la prestación de servicios, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito», según consta en el auto de procesamiento.

El juicio iba a comenzar hace justo un año, en noviembre de 2015. Sin embargo, la sorprendente detención del cerebro financiero de la trama en Moldavia, Jorge Ignacio Roca Samper, obligó al aplazamiento de la vista y a una instrucción complementaria, ahora ya concluida. Desde que se cerrara la primera fase de la instrucción, casi la mitad de los 25 acusados han reconocido su participación en los hechos. Al menos siete han firmado una conformidad, mientras otros lo han admitido en sus escritos de defensa.