LAS PROVINCIAS
Martes, 6 de diciembre 2016, 11:27
Los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia han asumido la representación legal de la nueva Imelsa en las diferentes causas judiciales en las que se encuentra inmersa, lo que se traducirá en un ahorro de costes. Por ejemplo, en el juzgado de Instrucción 6 ya lo han hecho efectivo. Hasta ahora se pagaba a Emma Ramón, una abogada externa para que realizara esta tarea. En este órgano se sigue una denuncia presentada por Imelsa por el robo de documentación en la empresa pública. Lo mismo ocurrirá próximamente en las diferentes piezas separadas del caso Imelsa, que se investigan en el Juzgado de Instrucción 18. Será el Servicio de Asesoría Jurídica de la Diputación el que desempeñe esta labor. La idea original de Divalterra fue sacar a concurso este servicio por un importe de 600.000 euros. El propio presidente de la Diputación frenó la propuesta al considerar desproporcionado el presupuesto. No se descarta que una vez se analicen los asuntos y si la carga de trabajo no es asumible para los funcionarios se busque un despacho externo.
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