«Si lo que se quiere ahora es un Consell Jurídic acomodaticio se acabará con su razón de ser»

Sus días transcurren ahora en la Universitat de València, donde se ha reincorporado recientemente para dar clases. El catedrático de Derecho Constitucional Vicente Garrido (Valencia, 1956), abandonó el pasado 25 de octubre el Consell Jurídic Consultiu (CJC), del que formó parte durante dos décadas y que presidió trece años. Ahora sigue «trabajando con la misma intensidad que antes pero en cosas diferentes» y reconoce que el «cambio ha sido brusco», aunque menos de lo esperado ya que durante su época en el órgano consultivo «nunca dejé la docencia y la investigación». Su próximo reto es «volver a la abogacía, de donde también provengo».

-¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en el Consell Jurídic?

-Haber contribuido a crear una institución de la Generalitat que hoy en día está consolidada y que creo que goza de un indudable prestigio. Conseguir una sede estable para el Consell en el Palacio de Santa Bárbara también ha sido importante. Ahora que me he ido después de 20 años puedo decir que todas las ilusiones que tenía en 1996 las he visto cumplidas.

-¿Cómo se entera de que tiene que abandonar definitivamente el Jurídic? ¿Quién se lo comunica?

-No me lo comunica nadie. Desde el 2 de septiembre ejercía en funciones. Hasta que a final de octubre me enteré, el mismo día que el Gobierno nombró a sus tres consejeros sin esperar a que Les Corts hiciera lo propio. Fue algo un tanto irregular, porque, de acuerdo con la ley, deben tomar posesión los seis consejeros a la vez y tener el mismo mandato, cosa que no va a ocurrir.

-Después de cesar en el cargo, ¿alguien del Consell se ha puesto en contacto con usted?

-Sí, porque hubo un malentendido. La vicepresidenta dijo que el Gobierno me había cesado y desde Presidencia se dijo que no, que era falso. Yo ya estaba cesado desde el 2 de septiembre, cuando se extinguió mi mandato. No sólo lo desmintieron sino que me llamaron para pedirme disculpas por lo que había dicho la vicepresidenta.

-¿Quién le llamó?

-Desde Presidencia (risas).

-¿Entiende que Mónica Oltra no le recibieran nunca como presidente del CJC?

-Mónica Oltra no me recibió nunca pese a que le pedí audiencia y además era una reunión de trabajo. Ella tendrá sus razones. Con Enric Morera -presidente de Les Corts- sí he tenido más relación, he estado con él en la Cámara y ha venido al CJC. Con el presidente Puig he estado muchas veces.

-¿Tiene la sensación de que quisieron acelerar su marcha?

-Dicen que la vicepresidenta estaba descompuesta por un dictamen que habíamos hecho en relación a la ley de transexualidad, que le sentaron muy mal las observaciones que hacíamos y movió la renovación urgente. Si es así, no tengo nada que decir al respecto. Los dictámenes se deben respetar, el CJC trata de ayudar y muchas veces se emiten dictámenes que incomodan a quien los pide. Si ahora hay alguien que no le gusta eso y quiere un consejo acomodaticio se acabará con la razón de ser del Consell Jurídic.

-¿Qué perfil piensa que deben tener los nuevos miembros del CJC?

-Además del requisito legal de ser jurista de reconocido prestigio y experto en asuntos de Estado o autonómicos, que tengan dedicación exclusiva. Se cobra sueldo de alto cargo y por lo tanto se exige la presencia a diario en el CJC. Hay que estar constantemente trabajando.

-¿Cree que el PP se dejó llevar por la presión social y mediática en el caso de Rita Barberá?

-Sin duda alguna. Creo que sí. Esto de las líneas rojas de los partidos políticos me provoca mucha risa. Lo primero que tienen que hacer es leerse la Constitución y ver que hay un derecho fundamental, consagrado y reconocido, que es la presunción de inocencia. Estos días hemos leído y escuchado cosas tan extrañas como «pobre Rita, ha muerto sin haber podido probar su inocencia». Y yo me echo las manos a la cabeza porque nadie tiene que probar su inocencia, todos los ciudadanos somos presuntos inocentes, quien tiene que probar la culpabilidad es quien acusa y aquí nadie ha probado la acusación que le han hecho a Rita Barberá. Por lo tanto, es tan inocente como tú y como yo.

-Contra ella se siguieron varios procedimientos judiciales y ninguno acabó con su investigación...

-Así es. La última vez que acude al Tribunal Supremo lo hace voluntariamente, no estaba investigada. No la podía investigar el Supremo porque para poder hacerlo tiene que pedir el suplicatorio al Senado en este caso y el Alto Tribunal no lo había solicitado. Tanto 'Ritaleaks', por denuncia de Compromís, como el caso de la Memoria Histórica, por denuncia de los socialistas, han sido rechazados por el Supremo y han dañado muy notablemente la imagen de la exalcaldesa. Esto ha sido así porque los promotores de las denuncias y los medios informativos han amplificado y anticipado el jucio mediático al verdadero. Esto ha perjudicado de una forma evidente el honor de esta persona y de otras en la misma situación.

-¿Se confunde a menudo la responsabilidad política con la judicial?

-Se confunde muchísimo. Pero lo primero que me gustaría preguntar es qué es la responsabilidad política, porque invocándola estamos destruyendo a muchísima gente. Una cosa es la responsabilidad penal, que tiene sus cauces para exigirla y resolverla, y otra la política. La directiva 343 de la Unión Europea de 2016 recoge que las autoridades públicas nunca deben presentar a presuntos sospechosos o culpables como autores de delitos, porque esto va en contra de la presunción de inocencia y daña el honor y la imagen de las personas. Es una directiva que España debe trasponer y deberá adoptar medidas legislativas para evitar el espectáculo al que estamos asistiendo con mucha frecuencia.

-En su opinión, ¿ve razonable exigir el cargo a un dirigente investigado por un caso de corrupción, o cree que se debería esperar a que estuviera procesado?

-Pienso que se debe esperar. ¿Y por qué no a que estuviera condenado? Que es lo que dice la Constitución, porque hasta que no está condenado es presunto inocente y aquí en cuanto hay el mínimo indicio se le está pidiendo el cargo. Pero, ¿no nos estamos dando cuenta de que ante una denuncia y una querella mínimamente consistente el juez llama a declarar como investigado a una persona? Y en ese momento ya la tenemos que expulsar del partido. Me parece que esto tiene que cambiar totalmente. Lo han fomentado los propios partidos. Me avergüenza ver que a sus imputados los tienen como si fueran apestados.

-¿Cree que el PP valenciano no reconoció como debía el papel de Barberá en el partido en casi 40 años de trayectoria política?

-La trascendencia que ha tenido Rita Barberá en la trayectoria del PPCV es inolvidable. Sé que se portaron manifiestamente mal. Que votaran en Les Corts para exigir que dejase el escaño de senadora me pareció algo esperpéntico.

-¿Quién cree que ha sido más injusto con la exalcaldesa, los partidos de la oposición, que la denunciaron en Fiscalía y llegaron a pedir cárcel para ella, el PP que terminó forzándola a dejar la militancia o los medios de comunicación?

-Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. El otro día dije una frase en redes sociales que tuvo repercusión: «El fuego del enemigo hiere, pero el silencio del amigo mata». Y esto fue amplificado por los medios, que se burlan y te deshumanizan.

-¿Ha habido un juicio paralelo a Rita Barberá en los medios?

-Continuamente los medios están condenando, desprestigiando o atentando al honor de muchas personas que son inocentes. Podría citarte una docena de casos de procesos judiciales que han durado muchos años y que han acabado con absoluciones o con sobreseimientos o con archivos, pero el daño moral, anímico y económico que se le ha causado a esas personas es tremendo.

-¿Deberían tomarse medidas legales para impedir este tipo de situaciones? ¿Cuáles?

-Me decía un amigo el otro día que en Italia está prohibido que los medios publiquen diligencias declaradas secretas por un juez. Aquí esto no ocurre, sino que un sumario declarado secreto se está difundiendo a través de los medios con grave perjuicio para los implicados, que se enteran por una radio, un periódico o una televisión de qué está pasando en un caso en el que están implicados. Una cosa es la información y la libertad de expresión y otra el escarnio público que determinados medios dedican a algunas personas.

-Algunas voces apuestan por adoptar medidas contra los medios que publiquen contenido de sumarios judiciales bajo secreto. ¿Coincide?

-Coincido, con el coste de que alguien me pueda llamar facha por defender esta postura. Los medios y los periodistas defendéis mucho vuestra parcela, pero no hay nada inmune en esta España democrática y todo es controlable. No tengo intención de amordazar a nadie, siempre he defendido la libertad de expresión y el derecho a la información, pero ninguno son derechos absolutos y están limitados por el derecho a la presunción de inocencia de las personas y por el derecho al honor y a la propia y imagen.

-¿No cree que así se corre el riesgo de acabar responsabilizando a quien sólo trata de informar?

-Para nada. Los medios cumplen un papel fundamental en un régimen democrático, sin duda. Hay que considerar dos aspectos: la manera de contar la información y otra lo que se puede contar en un momento determinado. Si un juez declara el secreto de un sumario es un secreto para todas las partes. Lo que no es dable es que se estén enterando los medios informativos antes que los propios abogados o que las partes interesadas. En mi esquema mental esto no encaja.

-¿Se ha llegado a esta situación por la multiplicación de causas judiciales por corrupción en España?

-Sí, pero desgraciadamente estas se multiplican sin justificación. Muchísimas causas no son de corrupución y ni siquiera son delictivas. Se ha judicializado la política y en esto tienen culpa los partidos, que están constantemente presentándose querellas y denuncias. En el caso de la Comunitat, el sufridor fundamental es el PP, porque ha estado gobernando muchos años. Se exige responsabolidad política a los imputados, pero ¿y los cargos que denuncian con tanta ligereza no deberían dimitir también cuando absuelven o archivan una causa que ellos han iniciado?

-Leí unas declaraciones suyas en las que asegura que ha visto proyectos de ley del actual Gobierno valenciano que han propiciado que se eche las manos a la cabeza. ¿Me puede poner algún ejemplo?

-La ley de revocación de senadores es una. Fue una ley que se hizo 'intuitu personae' para Rita Barberá, que es lo que nunca hay que hacer con las leyes. Me parece inconstitucional de la 'a' a la 'z'.

-El Constitucional acaba de tumbar la ley valenciana de custodia compartida. ¿Qué le parece?

-Soy de los primeros juristas que se preocupó por la competencia en derecho civil valenciano, pero lo estudié y llegué a la conclusión de que no tenemos competencia para legislar en materia de derecho civil más allá de la positivización de las costumbres. Avisé a tiempo de que serían declaradas inconstitucionales por falta de competencia.

-¿Cuál es la solución?

-Acudir al artículo 150.2 de la Constitución y pedirle al Estado que nos transfiera esa competencia. Que no la tenemos transferida, en contra de lo que se puede decir. Hay que negociar con el Estado.