El presidente de la Diputación de Valencia ordena desmantelar la nueva Imelsa tras los últimos abusos

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, anunció ayer su primera medida desde que la semana pasada trascendió el escándalo de las facturas de gin-tonics, whisky y licores que el gerente de la nueva Imelsa, Víctor Sahuquillo, había cargado a la propia firma. Divalterra, que es como se llama en la actualidad esta empresa, será desmantelada casi por completo, perderá sus principales competencias y el personal encargado de ejecutarlas y reducirá su presupuesto a menos de una cuarta parte del que tiene en la actualidad. La remodelación supondrá también la reducción del número de altos cargos de la firma. En la práctica, la decisión de Rodríguez supone abrirle la puerta de salida a Sahuquillo, cada vez más cuestionado en el seno del PSPV.

Presidencia de la Diputación de Valencia confirmó ayer que la polémica en relación con la empresa de la institución provincial había acelerado la adopción de medidas que estaba en estudio en relación con el futuro de la nueva Imelsa. El equipo de Rodríguez explica que el presidente de la Diputación manejó inicialmente la posibilidad de suprimir la empresa -salpicada por la investigación por corrupción que lleva su nombre-, pero que tras diversas consultas se optó por mantenerla.

El cambio que acometerá ahora la Diputación supone retirar de la citada empresa la mayor parte de sus principales competencias. La gestión de las brigadas forestales dejará de estar en manos de la nueva Imelsa, y se trasladará al Consorcio de Bomberos que componen la propia Diputación y la Generalitat. La decisión supone 'sacar' de la nueva Imelsa la parte fundamental de la actividad de la empresa. De hecho, el presupuesto de Divalterra para 2016 asciende a 26 millones de euros, y sólo la parte dedicada a las brigadas forestales -la encomienda de medio ambiente- se lleva 17,8 millones de euros (de los que 14,3 millones se van en el capítulo de gasto de personal de un departamento que cuenta con 560 brigadistas). Los brigadistas llevan a cabo la labor de combatir, evitar y en lo posible minimizar los incendios forestales y otras emergencias, como equipos especializados en la conservación y protección del medio ambiente.

Con las brigadas forestales, la nueva Imelsa perderá también las competencias sobre medio ambiente y la de regeneración de zonas verdes urbanas.

No es el único bocado que sufrirá la firma que hizo famosa Marcos Benavent y que, con la llegada de los nuevos gestores, ha seguido convertida en epicentro de comportamientos irregulares. Rodríguez prevé separar también de la firma la encomienda de Turismo, que supone un presupuesto superior a los 600.000 euros, y que pasará a formar parte del Patronato provincial de Turismo.

El equipo que dirige Jorge Rodríguez también tiene la intención de 'desgajar' de la nueva Imelsa la parte relativa al capítulo de personal que, por la obvia reducción de competencias y de presupuesto que se producirá en la empresa, se convertirá en prescindible. En el presupuesto de 2016 aparece un presupuesto de casi 6 millones de euros para los servicios centrales, de los que algo más de cuatro se iban a parar al apartado de personal.

De esta manera, la nueva Imelsa apenas conservaría las competencias sobre gestión tributaria -siempre y cuando la Agencia Tributaria que proyecta la Generalitat no termine absorbiendo también ese departamento- y la de cooperación municipal, que apenas suman un presupuesto de 1,5 millones de euros. Las fuentes del entorno más cercano al presidente de la Diputación consultadas por este diario especificaron ayer que la reducción del tamaño de la actual Divalterra reducirá el presupuesto en vigor de 26 millones de euros a uno que podría no superar los cinco o seis millones.

¿Y cuándo se producirá ese redimensionamiento de la empresa provincial? Las mismas fuentes admitieron que estos cambios vendrán condicionados por los planos legales mínimos e indispensables para poder llevarlos a cabo. Eso sí, se subrayó, siempre antes de verano para que la labor que realizan las brigadas forestales en la prevención y lucha de incendios no se vea condicionada por estos movimientos.

Paradójicamente, el consejo de administración de Divalterra aprobó en su última reunión una inversión de 400.000 euros dedicada a cambiar y renovar el material de los brigadistas con la intención de suprimir las referencias a la vieja Imelsa e imprimir las de la nueva Divalterra -de la que ahora dejarán de formar parte-.

¿Y Sahuquillo? Las fuentes de presidencia de la Diputación consultadas por este diario no negaron ayer que los últimos abusos que se han conocido en la gestión de la empresa, y por los que se viene señalando al cogerente socialista, Víctor Sahuquillo, son los que han obligado a acelerar el desmantelamiento de la empresa. A la vieja Imelsa se le cambió de nombre por el de Divalterra precisamente para marcar distancias con la vinculación con casos de corrupción y comportamientos desprovistos de toda ética de la primera. Pero tal y como ha venido detallando este diario, auditores internos y externos, los servicios jurídicos y la documentación que ha hecho pública este diario confirman que esos comportamientos no se han desterrado de la empresa provincial.

Para Sahuquillo -cuya salida aún no da por hecha el entorno de Rodríguez, aunque sí se le responsabiliza abiertamente de lo ocurrido-, la decisión del presidente de la Diputación supone una enmienda a la totalidad de sus diez meses de gestión al frente de la empresa. Una desautorización sólo comparable a la del comunicado de prensa que el pasado mes de noviembre hicieron pública el propio Rodríguez y la vicepresidenta María Josep Amigó (Compromís) en la que explícitamente se le hacía responsable del descontrol en las dietas. La respuesta de Rodríguez, en aquella ocasión, fue garantizar que aquello no se volvería a producir. Pero la difusión por este diario de los tickets en los que aparecía el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación que Sahuquillo había pasado al pago de la empresa que dirige terminó por debilitar su posición.

Rodríguez preside hoy la reunión de los diputados del grupo socialista en la que, previsiblemente, se planteará la situación de la empresa provincial y el futuro de Sahuquillo. Al escándalo de los gin-tonics se unen las irregularidades en la gestión de la empresa que se han puesto de manifiesto en diversos informes y que desde Compromís, socio de gobierno del PSOE en la institución provincial, también se han denunciado.