FERRIOL MOYA
Jueves, 15 de diciembre 2016, 00:26
valencia. Víctor Sahuquillo ya no es cogerente de Divalterra. El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, dejó caer por fin ayer a su hombre de confianza en la empresa provincial, el mismo al que situó hace sólo diez meses al frente de esta firma tras borrar del organigrama a Josep Ramón Tiller. La apuesta por Sahuquillo, secretario de Acción Electoral del PSPV, no salió bien, y el intento por cambiarle la cara a la vieja Imelsa, salpicada por el caso de corrupción que lleva su mismo nombre, ha terminado costándole el cargo a su máximo responsable. Una salida que también tiene una indiscutible lectura en clave orgánica, dado que Rodríguez viene protagonizando desde hace semanas un enfrentamiento abierto con algunos de los más estrechos colaboradores de Ximo Puig.
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Rodríguez decidió acceder ayer a lo que su partido, sus socios de gobierno y los de la oposición, venían reclamándole con insistencia: Sahuquillo no podía continuar al frente de la empresa provincial. La sucesión de escándalos en la gestión de esta empresa -de los que el gasto de dinero público en bebidas alcohólicas es sólo el último ejemplo- terminó forzando a Rodríguez a aceptarle la dimisión. Sahuquillo se la había presentado ya hace semanas -según desveló él mismo el martes-, pero no fue hasta ayer que el presidente de la Diputación se decidió a dejar caer a su hombre de confianza.
Informe con irregularidades
La caída de Sahuquillo no se produce únicamente por los 252 euros en gin-tonics, whisky y licores que el cogerente de Divalterra cargó a la firma provincial -y que ayer mismo repuso-. El relevo llega tras la sucesión de irregularidades en su gestión al frente de la empresa, y de las que este diario lleva semanas informando. Desde concursos para contratar a personal en los que la entrevista personal puntuaba un 50% -mucho más que los méritos-, hasta el fraccionamiento de contratos puesto de manifiesto por el auditor interno de la propia empresa o los presupuestos a medida por debajo del límite de 18.000 euros que marca el consejo de administración de la empresa provincial, con la intención de sortear la firma de la otra cogerente, Agustina Brines (Compromís).
La inestabilidad generada por la sucesión de anomalías obligó al presidente de la Diputación a tomar cartas en el asunto. Primero, con un comunicado de prensa suscrito con la vicepresidenta María Josep Amigó, en el que públicamente ya se afeaba a Sahuquillo el descontrol en sus dietas. Después, con la filtración este lunes a los medios de comunicación del desmantelamiento de la empresa provincial sin que Sahuquillo tuviera conocimiento de ellos. Y el martes, con una comparecencia ante los medios del propio Rodríguez en la que, pese a defender a su entonces todavía colaborador, reconocía su preocupación por la posibilidad de que «hubiera otras cosas (en Imelsa) que se escapen y que puedan ser graves». Tres invitaciones explícitas a Sahuquillo para que cogiera la puerta y se marchara. El cogerente entendió finalmente ayer el mensaje y formalizó la dimisión.
Ayer, tras confirmarse la decisión, Sahuquillo insistió en que no había cometido «ninguna irregularidad», y explicó que había decidido abandonar el cargo «para que no se siga utilizando este asunto para intentar perjudicar la imagen y el proyecto político que encarna Jorge Rodríguez, algo que no estoy dispuesto a que continúe». Las palabras de reconocimiento hacia el presidente de la Diputación encajan con la gestión de última hora que Rodríguez trató de llevar adelante el martes ante sus socios de Compromís. En una conversación con la vicepresidenta María Josep Amigó, el presidente de la institución provincial tanteó a la dirigente de Compromís por su disposición a que Sahuquillo pudiera pasar al Consorcio de Bomberos, junto con las brigadas forestales de Imelsa. Más allá de la negativa de Amigó a aceptar la propuesta, lo que quedó claro fue la intención de Rodríguez de no dejar tirado a su hombre de confianza. Previsiblemente, tras la dimisión de Sahuquillo, ese empeño se mantendrá.
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Ayer, fuentes de Compromís remarcaron que la marcha de Sahuquillo era condición indispensable para poder sentarse a hablar con el PSPV respecto al futuro de la empresa provincial. Los socialistas ya habían trasladado su descontento con la fórmula de la cogerencia -dos máximos responsables-, pero la formación nacionalista quería que se visualizara que había sido la gestión de uno de ellos, el socialista Sahuquillo, la que había generado toda esta polémica.
Respuesta tardía
La marcha del cogerente socialista disminuirá la presión sobre la institución provincial, que en los últimos días había comenzado a ser muy elevada. La lentitud con la que Rodríguez reaccionó ante los primeros escándalos sobre la gestión de Sahuquillo comenzó a pesar sobre las espaldas de uno de los contados dirigentes socialistas que, hasta ese momento, gozaba de buena valoración popular. Para Rodríguez, 'despejar' a su colaborador supone de alguna manera reconocer el patinazo que supuso su nombramiento. Máxime, después de que para situarlo en el puesto, no dudara en relevar del cargo a Tiller, el hombre al que había situado en ese puesto José Manuel Orengo.
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Porque en el fondo de la marcha de Sahuquillo también aparece una batalla orgánica en el seno del socialismo valenciano. Rodríguez está llamado a ser uno de los nuevos hombres fuertes del socialismo valenciano. Y la creciente influencia que venía ganando desde su nombramiento como presidente de la Diputación chocó con el peso en el seno del PSPV de Alfred Boix y José Manuel Orengo, máxima expresión de lo que se conoce como el 'clan de Gandia'. Rodríguez aspira a ocupar un puesto destacado en la próxima ejecutiva socialista, de la que según algunas quinielas, podría caer Boix -y ya lo hizo Orengo tras verse salpicado por investigaciones judiciales-. Desde algunos ámbitos se considera que si Rodríguez no ha actuado con mayor celeridad es porque hacerlo suponía admitir públicamente el error del nombramiento. Tras conocerse la marcha de Sahuquillo, el presidente de la Diputación lo consideró «un gesto de gran honestidad».
De lo delicada que se había vuelto la situación en la Diputación dan buena idea las declaraciones del diputado Josep Bort, de Compromís. El responsable de Medio Ambiente de la institución provincial -de él depende el Consorcio de Bomberos- aludió a esa eventual incorporación de los brigadistas de Imelsa a la entidad que él dirige -dentro del plan de desmantelamiento anunciado por Rodríguez-. «No entendemos que para tapar un escándalo se ponga en cuestión una gestión que estaba funcionando bien», señaló.
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Por otro lado, la sección sindical del CSIF en Divalterra emitió un comunicado en el que advierte de que «la incapacidad de los políticos, tanto los de antes como los de ahora, no puede significar que por luchas internas a los trabajadores de Divalterra se les utilice como munición».
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