El juez imputa a Rus y Caturla por los contratos fantasma en Ciegsa

El caso Imelsa cuenta desde el jueves con una nueva pieza separada. Y, de nuevo, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus aparece como principal responsable de las ilegalidades. En esta ocasión, le acompaña también como imputado Máximo Caturla, el consejero delegado de la empresa Ciegsa, epicentro del desvío de dinero público de la trama.

El instructor sostiene que de la documentación que consta en la causa se desprenden indicios de que gracias al poder que tenían ambos en el PP (presidente provincial y vicepresidente) y los cargos que ocupaban en las administraciones, la pareja habría impulsado la contratación irregular de trabajadores en la empresa pública. Rus «habría ordenado», mientras Caturla «habría llevado a cabo». Las contrataciones se hicieron sin respetar los requisitos administrativos. Pero, además y todavía más grave, al parecer no estaba justificada la prestación de los servicios, es decir, que no acudían a sus puestos de trabajo o realizaban tareas de otro tipo.

El juez y el fiscal investigan si se cometieron delitos de malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación. Aparte de los dos políticos, la causa también cuenta con cuatro empleados investigados por supuestamente beneficiarse de las ventajosas condiciones. Los trabajadores cobraron de la empresa pública de un mínimo de tres a siete años.

El instructor considera que estos hechos se pueden separar del grueso de la investigación porque revisten cierta «autonomía» respecto al resto. La división de la causa en varias piezas es un procedimiento habitual en este tipo de macrocausas para facilitar la instrucción y su enjuiciamiento por separado. El juez ha acordado también que se ofrezca a la Generalitat Valenciana la posibilidad de personarse en la causa.

La nueva pieza contará con algunas de las conversaciones que Marcos Benavent grabó durante años a altos cargos del PP y con su declaración ante la Guardia Civil. También se incorporará el testimonio de Mariano López, exsuegro de Benavent y que aportó los audios a la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez para que presentara la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación del caso no avanza a la velocidad deseada. El volumen de documentación que se está analizando complica la elaboración de los informes por parte de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO). El instructor también pide a los agentes que informen del estado de los trabajos sobre Ciegsa.

El descontrol en las obras de los colegios, y el consiguiente sobrecoste de las mismas (supuesto germen de las comisiones), ha sido certificado hasta el momento por tres técnicos que estuvieron en la empresa pública. «Se licitaba al alza. Los técnicos no entendíamos bajo qué criterios se adoptaban todas estas decisiones», sostiene un informe entregado por uno de los testigos. Otro sostiene que se autorizaban «incrementos económicos por errores en el presupuesto» y que las empresas «presionaban para autorizar modificaciones de contrato que terminaron generalizándose». Otros dos arquitectos certificaron el caos en la empresa.

Alfonso Rus suma su cuarta imputación relacionada con este caso. Hasta la fecha está investigado por el blanqueo de dinero, por el amaño del call center y por las contrataciones fantasma en Imelsa y Ciegas. La lista todavía no está cerrada.