El fiscal pide una comisión rogatoria a Brasil para seguir la pista del dinero de Alfonso Rus

Alfonso Rus, lejos del revuelo mediático que rodeó a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, lleva unos meses de cierta 'tranquilidad' pese a que las imputaciones por las derivadas del caso Imelsa no dejan de aumentar. El expresidente de la Diputación de Valencia acumula ya cuatro investigaciones por su actuación en la administración pública. Se ha visto salpicado por los amaños en el call center, las contrataciones irregulares en Imelsa, los zombies en Ciegsa y también por un supuesto blanqueo de dinero. Es en esta última pieza donde recientemente la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una comisión rogatoria a Brasil. Se trata de un procedimiento habitual en investigaciones de blanqueo en las que se trata de ocultar capitales en sociedades en el extranjero. No es un procedimiento que destaque por su rapidez. La solicitud se tramita desde el juzgado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El tiempo depende fundamentalmente de la complejidad de los datos solicitados y de la disposición de las autoridades que reciben el mandato. También de la existencia de acuerdos con el otro país. En el caso de Brasil sí existe un convenio.

La diligencia de la Fiscalía Anticorrupción pretende averiguar quién o quiénes -personas físicas y/o jurídicas- se encuentran tras la sociedad Geneva Patrimonial así como las propiedades o cuentas de las que disponen en el país suramericano. Esta sociedad pertenece en su totalidad a otra firma española Geneva Fondo Inmobiliario, controlada por Rus. Una de las sospechas desde que arrancó la causa es que las supuestas comisiones por el amaño de adjudicaciones se canalizaron hasta Brasil para la compra de propiedades.

Esta causa se abrió el pasado mes de septiembre. El juzgado investiga varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron FDM (sociedad familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

El instructor considera en su auto que, por ejemplo, existen indicios de que la operación por la que Geneva adquiere por 1.800.000 euros 50 participaciones que Arteinvest, que a su vez había adquirido a FDM, y recompra tres años después por 1.200.000 euros es una «operación simulada». Según la resolución judicial, «existen indicios racionales de que la primera operación», la constitución de Arteinvest (carente a lo largo del tiempo de toda actividad) para adquirir las acciones de FDM «también fue una operación ficticia, supuestamente orquestada para realizar una operación de blanqueo».

No es la única documentación sospechosa que consta en la causa. Una posible referencia del montante de dinero que pudiera haberse movido queda patente con los resguardos bancarios que atestiguan hasta ocho transferencias realizadas entre agosto de 2006 y octubre de 2007 de Geneva Fondo Inmobiliario a la empresa brasileña con sede en Salvador de Bahía. El montante del dinero que circuló de Bancaja al Banco do Brasil fue de 5,7 millones de euros.

Uno de los contratos recogidos por los investigadores entre la empresa de Rus y la firma vinculada a la firma sospechosa de Sudamérica detalla un préstamos de 1,8 millones para el negocio del expresidente de la Diputación. El acuerdo aparece como muy ventajoso para los intereses económicos de Rus al producirse su amortización «en un plazo máximo de 10 días, mediante la compensación íntegra de su importe con el precio de la compraventa de 50 participaciones sociales de la mercantil Fabricación y Distribución del Mueble S. L.», como figura en el documento

Una de los objetivos de cualquier investigación de este tipo es averiguar el destino del dinero, recuperarlo y reintegrarlo en las arcas públicas. Las pesquisas del caso Imelsa, y los numerosos millones de euros supuestamente desviados a los dirigentes del PP, todavía no han aparecido. Parte de esas cantidades presuntamente se utilizaron para financiar al PP de la Comunitat. Incluso la Guardia Civil apuntaba la existencia de un grupo de dirigentes populares, entre los que se encontraba el expresidente Camps, pero también el exvicepresidente Gerardo Camps, que se dedicaban a controlar la caja B de la formación.

Sin embargo, el resto, el dinero que presuntamente fue a parar a la trama delictiva que comandaba Alfonso Rus no se ha detectado. O al menos no las cantidades de las que se ha llegado a hablar. Durante las detenciones, una de las sospechas de los investigadores era que Máximo Caturla, el que durante años controló la empresa Ciegsa -epicentro de los amaños- era el que hacía de cajero de la trama. Por eso, la Guardia Civil acudió a su chalé con perros especializados en la localización de dinero. No es la primera vez que, en asuntos de este tipo, se encuentran importantes cantidades de dinero en metálico en domicilios particulares. El caso Marjaliza, en el que los suegros del exsecretario general del PP Francisco Granados tenían un millón de euros, es el ejemplo más reciente.

La investigación más adelantada respecto a Rus es la que hace referencia a la contratación irregular de personas en la empresa pública Imelsa. Algunos beneficiados han reconocido los hechos. El juez cree que esos empleos obedecían a las órdenes dictadas por el entonces presidente de la Diputación de Valencia que el gerente Marcos Benavent ejecutaba. Se dan circunstancias especialmente graves de personas que ni siquiera acudían a su puesto de trabajo. Otros directamente se ocupaban de otras tareas que nada tenían que ver con el partido.

El call center es otro de los asuntos sobre los que la instrucción también ha avanzado en los últimos meses. Todos los investigados han comparecido ya en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Rus negó que interviniera para favorecer al beneficiario con este servicio. Al parecer, fue Salvador Deusa, jefe de evaluación y uno de los supuestos cabecillas de la trama, quien presionó para dirigir la adjudicación. Deusa es amigo íntimo de Mariano López, exsuegro de Benavent y la persona que llevó las cintas a la diputada Rosa Pérez para que denunciara el caso en la Fiscalía. El juez decidió archivar las diligencias para varios investigados una vez comparecieron y demostraron que no tenían implicación directa en los hechos.