García-Fuster solicita la declaración de un perito para desacreditar la tesis del PP

Las declaraciones de José Antonio Moscardo y de Montserrat Tello, los administradores electorales de las campañas del Partido Popular, y la documentación aportada al juzgado para tratar de culpar al Grupo Municipal del PP del supuesto delito electoral no han hecho más que incrementar el enfrentamiento entre ambas partes. La última reacción por parte de la defensa de Mari Carmen García-Fuster ha sido aportar a la causa un informe de un perito sobre las facturas incorporadas por el PP que abonaron desde la cuenta oficial del partido.

La conclusión es que se antoja «surrealista» que el partido no conociera que el Grupo Municipal costeaba sus gastos desde una cuenta diferente. El PP sólo pagó 15.000 euros en 2011 y nada en las municipales de 2015. Esto no tiene sentido, según el escrito del letrado de la investigada. Resulta una cantidad insignificante para «la tercera capital de España» y una de las «plazas fuertes» del Partido Popular. ¿Cómo sería posible que nadie se preguntara en el partido cómo se pagaban los gastos electorales en Valencia? Del mismo modo, solicita al juez que cite a este experto para ratificar el contenido de su trabajo.

García-Fuster siempre ha defendido que la cuenta opaca del Grupo Municipal era conocida por la dirección de la calle Quart. Además, mantiene que la campaña de 2011 se pagó por el grupo popular tras contratarla el entonces portavoz -era Alfonso Grau aunque el escrito no lo menciona- y dar las oportunas órdenes de pago. De igual modo, los siguientes comicios siguieron el mismo procedimiento «máxime si la administradora electoral no dispuso de un sólo euro para la financiación». La defensa de la cajera del PP sostiene que las declaraciones de los administradores son «inciertas».

Del mismo modo, también siembra dudas sobre la comparecencia de Carlo Lucca, el auditor del PP que declaró recientemente en el juzgado. Este testigo confirmó al juez que la cuenta del grupo municipal era irregular pero que Génova la desconocía y además «no tenía la obligación de controlarla» porque estaba al margen de la cuenta electoral del PP provincial, la única libreta desde la que se pueden abonar los gastos de las campañas electorales. El Tribunal de Cuentas, en su primer informe remitido al juzgado, apuntaba esta misma idea. No era obligatorio el control de ese grupo.

Esta pieza separada del caso Imelsa arrancó inicialmente por un delito de blanqueo de capitales. El sistema era la aportación voluntaria de 1.000 euros que serían devueltos por el Grupo Municipal en dos billetes de 500 euros. Así, se conseguía reintroducir en el circuito legal el dinero de procedencia ilícita que supuestamente guardaba el PP. La causa cuenta con 47 investigados, entre ellos concejales, exconcejales, asesores y exasesores, que realizaron la donación al Grupo Municipal para financiar la campaña de 2015.

La investigación se amplió posteriormente a la posible existencia de un delito electoral, es decir, la financiación irregular del Partido. La UCO sostiene en su informes que el PP de Valencia utilizaba la citada cuenta para hacer su propia campaña, al margen de la dirección, y poder disponer de los fondos sin ningún control por parte de los órganos fiscalizadores. Además, el exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau también se vio salpicado. Al parecer, fue él quien negoció directamente con Trasgos los presupuestos para las campañas electorales. Su imputación se produjo porque figuraba, además, como uno de los titulares de la libreta sin fiscalizar.