PSPV y Compromís negocian ya sacar las brigadas de la nueva Imelsa

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, anunció sólo unas horas antes de certificar la semana pasada la salida de Víctor Sahuquillo como cogerente de la nueva Imelsa el desmantelamiento de la empresa provincial. El máximo responsable de la corporación anticipó la pérdida de las principales competencias de la actual Divalterra, las que afectan a las brigadas forestales, y su intención de que los cerca de 600 brigadistas pasaran a depender del Consorcio provincial de Bomberos, que forman la propia Diputación y la Generalitat.

Los planes de Rodríguez incluían también la salida de la empresa del área de Medio Ambiente y de las competencias de Turismo, de manera que el tamaño de la nueva firma tendría poco que ver con el presupuesto de 26 millones gestionado en el ejercicio en curso. Un desmantelamiento en toda regla, que desde algunos ámbitos del PSPV se ha interpretado como que marcaría el camino de lo que debería terminar siendo el cierre de la empresa.

Pero para cumplir esos planes, Rodríguez necesita del visto bueno de sus socios de Gobierno, y en particular de Compromís -dado que València en Comú y EU ya se han pronunciado a favor de la desaparición de la firma provincial-.

Y aquí es donde podría producirse la discrepancia. Socialistas y nacionalistas han iniciado ya el proceso previo para hacer efectivo ese trabajo técnico necesario para concretar la voladura controlada de la firma. De hecho, las primeras consultas para hacer efectiva la salida de las brigadas forestales de Divalterra y su paso al Consorcio de Bomberos se han encontrado con una respuesta favorable, a pesar de que Compromís advierte de que, en términos laborales, ese proceso puede resultar más costoso de lo que parece.

Pero ¿y después? La formación nacionalista no quiere ni oír hablar de que ese desmantelamiento de la empresa provincial deba suponer siquiera algún tipo de despido siquiera en el área de personal que se encarga en la actualidad de la gestión administrativa de la firma. Y mucho menos que la hoja de ruta que deba seguir acabe con el cierre definitivo de la empresa provincial. «Si la quieren cerrar, que lo hagan ya. Y quizá se encuentren con otro Canal 9», señaló una fuente de la formación nacionalista.

El planteamiento que hace esta formación en la institución provincial pasa por mantener Divalterra. Es verdad que sin las brigadas forestales y sin las competencias en Turismo, pero manteniendo -o eso se pretende- el resto de competencias (medio ambiente, cooperación municipal y área tributaria). En términos económicos, la enésima nueva Imelsa pasaría de gestionar 26 millones a unos ocho -sólo brigadas forestales suponen 17 millones de euros-. Pero en cuanto al resto de funciones, el planteamiento seguiría siendo el mismo. Desaparecería la cogerencia y se podría nombrar un consejero delegado, que sería el encargado de estar encima del día a día de la empresa.

La decisión definitiva respecto a cómo quedará la empresa aún no está adoptada, pendiente de nuevos contactos entre socialistas y Compromís. Divalterra tiene previsto celebrar un consejo de administración antes de que se acabe el curso, en el que previsiblemente se comunicará a los consejeros cuál es el nuevo planteamiento de la firma provincial. La reunión podría producirse unas horas antes del pleno de la corporación provincial que la semana que viene aprobará los presupuestos para 2017.

Junto a la marcha de Sahuquillo de la cogerencia de la empresa -tras la sucesión de escándalos que salpicaron su gestión y que finalizaron con la difusión de sus gastos en gin-tonics, whisky y licores con cargo a la propia firma pública-, otro de los capítulos abiertos es el que tiene que ver con la situación del responsable del área jurídica, José Luis Vera, teóricamente 'apartado' del cargo sólo unas semanas antes de la caída de Sahuquillo.