La Intervención admite que fiscalizaba Imelsa con los servicios ya prestados

Imelsa, una de las empresas públicas sobre la que se asentaba la red de corrupción supuestamente liderada por Alfonso Rus, funcionaba sin ningún tipo de control o se ejercía una 'vigilancia' una tanto especial, con los contratos ya firmados y los servicios realizados. Escasa fiscalización para una sociedad que recibió más de 250 millones de euros de la Diputación de Valencia durante el periodo que ahora investiga la Justicia.

El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que analiza las responsabilidades penales en el agujero de la empresa pública, acaba de recibir el informe que solicitó al Interventor General de la Diputación de Valencia. El dosier se ha incorporado ya a una de las piezas separadas del caso Imelsa.

El especialista acordó enviar un «informe explicativo» del funcionamiento de Imelsa en vez de inundar el juzgado con numerosa documentación que, además, se encontraría duplicada porque también figura en la empresa que dirigía Marcos Benavent. Algunas de las conclusiones del informe confirman que la ausencia de cualquier control en la empresa pública facilitó el supuesto desvío de fondos.

Las condiciones para el saqueo quizá eran más favorables hasta el 2010. «El sistema de fiscalización era el producto de una administración que trataba las aportaciones a la empresa como si de contraprestaciones de un servicio se tratara... Era el resultado de una administración más tradicional que en ese momento no tenía establecido ningún control de tipo financiero».

El auditor incorpora algunos ejemplos de esta especial forma de vigilancia. Por ejemplo, los gastos de pagos correspondientes a Deportes, a los servicios centrales, a los funcionamientos de Turismo en 2008 y los pagos correspondientes a las brigadas forestales. Aclara el interventor que la fiscalización no se hacía sobre la propia Imelsa sino sobre la Diputación. «Al momento de ejercer el control los contratos ya estaban firmados y las prestaciones realizadas», recoge el documento. Solamente se fiscalizaban las facturas, lo que supone una «limitación importante», admite. Pero lo más llamativo del informe es que reconoce que al no analizar la estructura de la empresa en su conjunto «se ha sabido posteriormente que se permitía que se enviasen facturas a la Diputación para su pago y también a quienes les daban subvenciones... De tal forma que la empresa duplicaba unos fondos que ya podía utilizar al margen de cualquier control de la Diputación».

A partir de 2011 el sistema cambia, según el informe del especialista. Ya no era necesario entregar los justificantes para dar los fondos. Al terminar el ejercicio, se hacían las liquidaciones conforme a los gastos realizados. Estos dos maneras de operar es el motivo por el que sólo existen informes de fiscalización previa hasta 2010 y a partir del año siguiente son los que certifican el cumplimiento de la legalidad.

La empresa se encuentra investigada en varios juzgados. El más importante es el del caso Imelsa. Dos asuntos afectan directamente a la empresa pública. Por un lado, la sospechosa adjudicación del call center. Todos los investigados ya han comparecido. Alfonso Rus negó que interviniera para favorecer al beneficiario con este servicio. Al parecer, fue Salvador Deusa, jefe de evaluación y uno de los supuestos cabecillas de la trama, quien presionó para dirigir la adjudicación. Deusa es amigo íntimo de Mariano López, exsuegro de Benavent y la persona que llevó las cintas a la diputada Rosa Pérez (IU) para que denunciara el caso en la Fiscalía. El juez decidió archivar las diligencias para varios investigados tras demostrarse que no tenían implicación directa en los hechos.

También están en el punto de mira las contrataciones fantasma en la empresa pública. La Guardia Civil acreditó que se contrataba a personas por simple enchufismo y con «indicaciones verbales» de los dirigentes. Este masivo incumplimiento de la legalidad fue aprovechado desde todas las instancias políticas, que sumaron a personas supuestamente a su equipo, pero que nunca ejercieron labores en la empresa pública. Los partidos políticos vieron un filón en la contratación de asesores, cuya existencia no está amparada en ninguna norma ni avalada por el consejo de Administración. El informe no hace distinciones entre los partidos políticos. Ni respecto a las personas que lo autorizaban y las que lo solicitaban. En la misma línea sitúa a Rus, Llopis y Medina (PP); José Manuel Orengo y Raúl Pardós (PSPV), Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (IU). «Todos eran conocedores y conscientes de la forma en la que fueron contratados los asesores y el destino de los mismos», recoge la UCO. El juzgado de Instrucción 6 también analiza la presunta desaparición de documentación y dinero por parte del exgerente Benavent. A lo largo de la instrucción se ha evidenciado el descontrol en un asunto tan sensible como las dietas: 20.000 euros en taxis y comidas sin justificar.

Secreto en la financiación

El juez, en otra de las piezas separadas de esta macrocausa, la que analiza la financiación del Partido Popular en las elecciones de 2007 ha decidido prorrogar un mes más el secreto de las actuaciones. La Guardia Civil sigue con sus pesquisas para aclarar si la campaña del PP se financió a través de aportaciones de empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento. El dinero supuestamente se canalizó a través de la empresa Laterne.