El Consell vuelve a excluir el requisito lingüístico de un decreto de función pública

La exigencia del requisito lingüístico para el acceso a la función pública ha venido siendo una reivindicación tradicional de los partidos políticos y las organizaciones sindicales de perfil nacionalista. Hace poco más de quince días, las tres principales organizaciones sindicales de la Comunitat suscribieron un acuerdo por el que formalizaron su reivindicación de esta exigencia, la de acreditar titulación en valenciano para poder optar a un empleo público. El secretario autonómico de Función Pública, Ferrán Puchades, de Compromís, hizo suyo el mensaje y proclamó que si los principales sindicatos, UGT. CC OO e Intersindical, respaldaban esa exigencia, al Gobierno valenciano no le quedaba otra opción que hacerla propia. Con el nuevo anteproyecto de ley de Función Pública a punto de caramelo, el Consell certificó que el requisito lingüístico se convertiría en realidad cuando se apruebe esa ley, previsiblemente antes de acabar 2017.

Ayer, sin embargo, el Gobierno valenciano dio luz verde a un decreto que, a juicio de algunas organizaciones sindicales, cierra la puerta a ese requisito lingüístico. El pleno del Consell tramitó el reglamento de movilidad de la Función Pública, con el que se pretende «atajar las altas tasas de provisionalidad de las plantillas de la Generalitat, que alcanzan al 46 por ciento de los empleados públicos». El decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la vigente Ley de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV) de 2010.

¿Y qué? El texto aprobado ayer no incorpora el requisito lingüístico que las principales organizaciones sindicales reclamaron hace poco más de dos semanas y que el secretario autonómico de Función Pública se comprometió a incorporar en la nueva ley. En este texto, la acreditación del titulo de valenciano no será imprescindible para optar a un empleo público. En su lugar, quienes logren una plaza como empleado público y no dispongan del título de valenciano, estarán obligados 'a posteriori' a adquirir ese conocimiento. El requisito lingüístico pasaría a ser una capacitación, que los nuevos funcionarios estarían obligados a lograr. ¿Qué nivel? El mitjà para los del grupo A y el elemental para el resto.

En apariencia, el Consell habría renunciado a incorporar el requisito lingüístico. Las fuentes sindicales consultadas por este diario ratificaron esa versión y deslizaron que la redacción de este decreto es la que terminará permitiendo esquivar la incorporación del requisito lingüístico a la futura ley. Es verdad que la exigencia de la acreditación del conocimiento del valenciano ha contado tradicionalmente con el respaldo de los partidos y organizaciones sindicales de perfil nacionalista. Pero también con los reparos del resto de partidos y sindicatos de perfil progresista, que ponen en duda la conveniencia de asumir una exigencia como ésta.

Pese a todo, las fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario insistieron ayer en que la futura ley de Función Pública sí que incorporará el requisito lingüístico. Fuentes de la Conselleria de Justicia -de la que depende Función Pública- explicaron que el decreto aprobado ayer no incorpora el requisito porque es un texto que desarrolla la ley de 2010, en la que esa exigencia no está prevista. «No tiene nada que ver con la futura ley de Función Pública», se remarcó. Las mismas fuentes insistieron en que la nueva norma incluirá ese requisito para acceder a un empleo público. Y subrayaron que una ley tiene, obviamente, un rango superior al de un decreto.

La exigencia del requisito lingüístico, tal y como se puso de manifiesto en el acto en el que las tres organizaciones sindicales mostraron su apoyo a la propuesta, es una iniciativa que ha contado con el respaldo de entidades como Acció Cultural y Escola Valenciana. En la foto de familia con la que los asistentes 'celebraron' el acuerdo sindical figuraban representantes de estas entidades, además de las formaciones políticas que suscribieron el Pacto del Botánico.

Con el decreto aprobado ayer, se podrán realizar los concursos y proveer las plazas con normalidad, a fin de atajar los altos índices de provisionalidad que afectan a la Administración de la Generalitat. Además, el decreto regula la figura de la mejora de empleo, que se articula en la creación de bolsas de trabajo temporal para aquellos trabajadores públicos que así lo deseen.

También desarrolla la regulación de situaciones que merecen un tratamiento específico, como es el caso del acceso de personas con diversidad funcional o víctimas de violencia de género o de terrorismo.

Mesa de negociación

Por otro lado, el Consell aprobó ayer el decreto por el que se regula la estructura, composición y normas de funcionamiento de las Mesas Generales de Negociación de la Generalitat. Su elaboración responde a las demandas manifestadas por las organizaciones sindicales y a la necesidad de desarrollo reglamentario de las disposiciones legales vigentes.

Con este decreto, que contó con el apoyo unánime de las organizaciones sindicales con representación en las Mesas Generales de Negociación, la administración autonómica pretende reglamentar el funcionamiento de las mesas generales de negociación para poder realizar una labor de negociación pautada y, al mismo tiempo ágil, que dé respuesta a los intereses del personal empleado público.

El decreto regula el objeto, el ámbito de aplicación y la sede de las Mesas Generales, su composición y organización, así como el régimen de convocatorias y funcionamiento de las sesiones.