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Benavent, en una de sus declaraciones en la Ciudad de la Justicia. :: Irene marsilla
El Consell extingue la fundación Jaume II el Just, el germen del 'caso Imelsa'

El Consell extingue la fundación Jaume II el Just, el germen del 'caso Imelsa'

La entidad, donde trabajaron Marcos Benavent y Vicente Burgos, nació en 1999 para promover el monasterio de Simat de la Valldigna

A. G. R. / B. F.

Sábado, 21 de enero 2017, 00:23

Un problema menos para la Generalitat. El Consell comunicó ayer la extinción de la fundación Jaume II el Just, el germen del 'caso Imelsa'. La entidad, que se creó en 1999, estaba dedicada a continuar impulsando el valor del monasterio de Simat de la Valldigna. Ahora será la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte la que asumirá estas competencias. Fue en la citada fundación donde supuestamente Marcos Benavent comenzó su actividad recaudadora para el Partido Popular, según sus propias revelaciones. Su nómina la cobraba de la entidad pero, en realidad, no desempeñaba ningún trabajo. Él fue, de hecho, uno de los famosos zombies.

Allí estaba a las órdenes de Vicente Burgos, gerente de la Fundación y exmarido de la exconcejal de Cultura María José Alcón. Una de sus misiones, entre otras, era la de controlar a Burgos «por sus adicciones y su desordenada vida personal, pero que cada uno iba a su bola», declaró a la UCO. Según ese testimonio, al parecer, fue la amistad que unía ambos lo que le hizo contactar con Alcón y supuestamente mediar en el amaño de contratos públicos. La investigación por mordidas hoy en día comprende la rehabilitación de varios monumentos históricos como las Torres de Quart, varios puentes del viejo cauce del Turia, La Rambleta y contratos para el festival de cine de La Mostra.

Benavent admitió en el juzgado que sus andanzas delictivas arrancaron en la fundación con el cobro de comisiones a empresarios. Explicó al juez la operativa, pero no pudo concretar detalles. Ha transcurrido más de una década desde aquello. Por ejemplo, el ahora colaborador de la Fiscalía, citó los pagos del dueño de Cleop, Carlos Turró, por obras encargadas desde la Fundación Jaume II el Just. «Me acercaba a su despacho y me decía: 'Aquí tienes lo tuyo'», tal y como ya informó LAS PROVINCIAS.

Benavent aclaró que la cantidad no se entregaba de una vez sino en varios pagos. Respecto al gerente de otra contratista, la constructora EMR, indicó que quedaban «en el coche o a comer. Y entonces me daba el dinero». Al parecer, siempre cerca de dónde el «pagador» estuviera trabajando. «Era todo muy rápido», le dijo al juez. En cambio, los empresarios negaron cualquier entrega de dinero por obtener obras.

Burgos también ha desfilado ante el magistrado que investiga el asunto. El que fuera amigo de Benavent aprovechó su comparecencia en el juzgado y la posterior presencia de medios de comunicación para cargar contra el exgerente de Imelsa. «No hay más que su propia palabra, de forma genérica e indeterminada, casi estrambótica. Ante eso... ¿qué le vamos a hacer? Nos toca apechugar. Al final tendrán que acreditarse muchas cosas», aventuró.

La fundación siempre ha sido un verso suelto en la Generalitat, desde su puesta en marcha y, especialmente, cuando arrancó la crisis y se intentó racionalizar el organigrama de entidades dependientes de la Administración autonómica. Una vez la debacle económica obligó a concentrar los entes culturales en la institución denominada CulturArts, la Jaume II el Just quedó fuera de la planificación. Igualmente, cuando se inició el proceso de eliminación de fundaciones como la de la Luz de las Imágenes, la Jaume II el Just permaneció al margen. Durante los sucesivos gobiernos del PP, desde la Conselleria de Cultura se ofrecía poca información de cuál era la actividad de esa institución y de por qué siempre se quedaba fuera de todos los planes, asumiéndose que era un ente que iba por libre.

La falta de control también ha sido otra de las notas dominantes de la entidad. La Sindicatura de Comptes informó al juez de que hasta el presente ejercicio la Fundación Jaume II el Just «no había sido fiscalizada por la Sindicatura, ya que este año -2016- ha sido el primero en que ha rendido cuentas a través de la Intervención de la Generalitat, que ha presentado la cuenta general el 29 de junio de 2016».

Ahora, un reciente cambio de la normativa había permitido que la Intervención analizara por primera vez las cuentas a partir de este ejercicio. Finalmente, ya no será necesario.

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