Aliados para la financiación de la Comunitat Valenciana

La reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado martes en el Senado dio el pistoletazo de salida a la reforma del sistema de financiación autonómica. Tres años después de que caducara el modelo en vigor -son quinquenales y su vigencia finalizó en 2013- el Ejecutivo central y las Comunidades Autónomas (CC AA) convinieron en poner en marcha la negociación que desembocará en una nueva fórmula de reparto de los recursos públicos.

El proceso arranca con una comisión de expertos, propuestos por el Gobierno y por las CC AA, que en el plazo de un mes se reunirán para comenzar a perfilar los cambios. No será un camino fácil. Las negociaciones de los anteriores modelos de 2002 y 2009 revelan hasta qué punto las pugnas entre las propias regiones, y de éstas con el Estado, obligan a negociaciones que se prolongan durante meses. En esta ocasión, además, Cataluña ha optado por el momento por mantenerse al margen del proceso -no acudió a la Conferencia del día 17-, con el peso específico y la significación política que tiene esa decisión.

¿Cuál es el punto de partida? Ximo Puig acudió a Madrid a poner sobre la mesa algunas condiciones irrenunciables. Se trataba de concretar que la nueva financiación sería un hecho este año (y eso se logró), y al mismo tiempo, que la situación que arrastra la Comunitat obligaba a añadir una serie de condicionantes al nuevo modelo. La retroactividad -que los ingresos adicionales del nuevo sistema arranquen desde que caducó el actual, es decir, desde 2014- y el reconocimiento y condonación de la deuda generada por las aportaciones del Estado como consecuencia de la infrafinanciación de la Comunitat (unos 16.000 millones de euros según la Sindicatura de Cuentas) se quedaron sobre la mesa como expresión de un deseo. En todo caso, se trata de un punto de partida.

El cálculo del actual modelo arranca con los impuestos recaudados en cada autonomía, cifra a la que se aplica el fondo de garantía, que pretende asegurar que todas las regiones reciban el mismo dinero por habitante ajustado -concepto que tiene en cuenta factores como la edad o la dispersión-. El fondo de suficiencia, que es el que trata de asegurar que se mantenga el statu quo y que ninguna CC AA pierda respecto al último modelo. Y por último el fondo de convergencia.

La caída de la recaudación a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, y la menor aportación de fondos por parte del Estado, están en el origen de que el modelo aún en vigor se haya quedado corto en la aportación de recursos. Si el Gobierno no cede parte de sus fondos, y con Bruselas controlando que no se dispare el tope de déficit, la batalla entre CC AA por cambiar el modo en el que se reparten los recursos será inevitable.

¿Cuáles son las CC AA mejor tratadas y cuáles las peores? En realidad, la respuesta identifica a una Administración. La posición de partida del Gobierno valenciano establece que lo que históricamente ha sido una batalla encarnizada entre regiones por el reparto de los fondos, olvida que quién realmente se lleva la parte principal de la tarta no son las CC AA, sino el Estado.

Menos para el Estado

El propio Puig lo dejó entrever en su intervención del martes. Lo prioritario es reformular la cantidad total de recursos que recibe cada administración para ejercer en condiciones de igualdad sus competencias, vino a decir. Los cálculos que hace el Gobierno valenciano establecen que sólo en 2015, las Comunidades Autónomas de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- obtuvieron 26.995 millones de euros menos de los necesarios para cubrir el gasto de los servicios públicos fundamentales. Se trataría, por lo tanto, de romper con la vieja idea de que 'el que parte y reparte se queda la mejor parte' para pasar a ajustar el reparto de recursos público a las 'funciones' que se prestan, y no a las administraciones, de manera que se garantice la cobertura de los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad por población.

Resolver ese punto de partida, que obligaría a un inédito hasta ahora frente común de todas las regiones, deja en un segundo plano el otro gran problema: ¿Y cómo se reparten los recursos entre las autonomías? Que todas las CC AA se consideran maltratadas y que esperan ver aumentados sus ingresos con el nuevo modelo es un hecho obvio, que las intervenciones de todos los presidentes autonómicos hizo evidente.

Pero al margen de la expresión de la estrategia de cada región, lo cierto es que las cifras constatan algunos hechos insoslayables. La que mide la proporción entre el total de los recursos del sistema recibidos y la población de derecho resulta clarificador. Y en ese caso, la Comunitat Valenciana ocupa uno de los últimos puestos de la clasificación de todas las regiones -el penúltimo según el Consell y el último para Fedea- con diferencias con la media de España que van desde los 174 hasta los 258 euros, según si se tienen o no en cuenta las competencias no homogéneas. Para entendernos: cada valenciano recibe esa cantidad de menos respecto a la media española. El dato es infinitamente más sangrante si se compara con las regiones que obtienen más recursos por habitante, como Cantabria o La Rioja. Son sólo algunas cifras. Lo que se visualizará en la mesa de la negociación del nuevo sistema serán también las alianzas que las CC AA tejen entre sí, con independencia del color político de sus Gobiernos, con el objetivo de hacer valer sus posiciones. Problemas comunes, una infrafinanciación similar o esquemas sociológicos coincidentes contribuyen, junto a factores de perfil político que no quedan excluidos del todo, a establecer estrategias coincidentes.

De partida, parece razonable concluir que todas las autonomías que reciben menos recursos per cápita que la media, tendrán un nivel de exigencia similar. La Comunitat Valenciana se encuentra de forma reiterada, junto con Murcia, a la cola de esa clasificación. Y esas dos regiones son las que forman de forma más evidente un frente común reivindicativo de más recursos.

Con Murcia, la Comunitat Valenciana mantiene esa comunión propia de quien se sabe indiscutiblemente perjudicado por el sistema. Pese a que el Ejecutivo de esa región está presidido por el PP, las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera han puesto de manifiesto la coincidencia de intereses de las dos regiones.

Andalucía, aliada política

El Consell sitúa como siguiente socio en la negociación de la financiación a Andalucía. En el caso de la Junta que preside Susana Díaz, a los criterios estrictamente técnicos se unen los de perfil político -la barones andaluza lideró el golpe de mano que propició la caída de Pedro Sánchez, en la que también participó Puig-. La sintonía entre valencianos y andaluces se visualizó el martes con las críticas que ambos presidentes realizaron contra la polémica fiscalidad que aplica la Comunidad de Madrid -mucho menos gravosa que la del resto de regiones y que le convierte en polo de atracción para empresas y sociedades-.

El siguiente anillo de regiones 'cómplices' con los argumentos de la Comunitat incluye a Cataluña y Baleares. El Gobierno que preside Carles Puigdemont ha venido reivindicando tradicionalmente el debate de la ordinalidad, esa alusión a que pese a ser la tercera región que más aporta a las arcas públicas, en materia de impuestos, sólo es la décima en recursos recibidos. Una situación que contrasta, por ejemplo, con Extremadura, que es la segunda que menos aporta y la tercera que más recibe. En las últimas semanas, el Gobierno valenciano ha coqueteado incluso con la posibilidad de sumarse al frente radical impulsado por Cataluña para mostrar su rechazo hacia el Ejecutivo central por el maltrato financiero recibido.

La confluencia con Baleares se ha visualizado en las reuniones del CPFF -ha sido la única región, junto a la valenciana, que ha rechazado los techos de déficit impuestos por el Ejecutivo central (y pactados con el PSOE)-. La sintonía política con las Islas resulta evidente.

¿Y Madrid? 'Cifuentes va por libre' reconoce una fuente parlamentaria para constatar que la posición de esa región puede confluir en ocasiones con las exigencias de la Comunitat, aunque la distancia que les separa por el dumping fiscal -la denuncia que hace el Consell por la bonificación del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones que hace Cifuentes- abre una brecha decisiva.

La línea imaginaria que separa cada uno de los dos bandos iría desde Girona hasta Huelva. Quizá con la excepción de Castilla-La Mancha, con una capacidad tributaria por debajo de la media y unos recursos por habitante similares. En la Conferencia de Presidentes, Emiliano García Page pareció sumarse a las tesis valencianas. Pero en el seno del Consell se tiende a situar a su comunidad junto a las que forman parte de lo que coloquialmente se denomina la 'España vacía'.

«¿Contar vacas?»

¿Y quiénes son los contrincantes? En el lado de las regiones que ponen el foco en la caída de población, la necesidad de fomentar políticas de natalidad y tener en cuenta la dispersión demográfica figura el norte de España (sin contar País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común), es decir Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Aragón, a los que cabría añadir a Castilla y León y Extremadura, y Castilla-La Mancha de forma eventual.

Entre esas regiones, Cantabria ejemplifica casi como ninguna otra ese tipo de discurso. Con una población que no llega a las 600.000 personas, el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla dispone de unos recursos totales que la sitúan como la que más ingresos por habitante recibe del sistema. Según fuentes del Consell, Revilla llegó a sostener el pasado martes que para la financiación no se podían contar personas. El comentario no pasó inadvertido para muchos de los líderes autonómicos, hasta el punto de que uno de ellos le llegó a contestar que si le parecía mejor contar vacas.

Asturias es otra de las regiones que se ha significado con mayor contundencia en contra de las posiciones sostenidas por la Comunitat. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también ha venido defendiendo que la natalidad y el gasto sanitario -derivado de una cada vez más envejecida población- sean factores determinantes a la hora de repartir los fondos.