Compromís y PSPV pactan sin Gabriela Bravo una tregua en Conselleria de Justicia

La Ley de Empleo Público es un gran drama político con todo tipo de personajes: protagonistas, antagonistas, secundarios, incidentales... El problema es que en 20 meses aún no se sabe quién es quién ni en la Conselleria de Justicia ni entre los sindicatos o los partidos políticos que sostienen al Consell. Lo malo es, además, que los diferentes actores se intercambian los papeles, y lo peor: que la obra va para largo. Ayer, nuevo capítulo con dos escenarios y multitud de intérpretes, si bien todos tienen la misma intención, que la tramitación de la normativa no acabe con la cúpula de la Conselleria de Justicia dinamitada.

A primera hora y mientras la consellera Gabriela Bravo estaba en Les Corts, miembros del PSPV y Compromís se reunieron para cerrar la brecha abierta entre los altos cargos de Justicia a cuenta de las discrepancias por el anteproyecto de la ley que deberá regir el día a día de los funcionarios. Nadie del equipo de la consellera estuvo en ese encuentro.

Los sindicatos que representan a la plantilla de la Generalitat, por su parte, estaban convocados en la conselleria. Bravo apareció sola, sin número dos, ni tres ni nada, con el fin de explicarles la situación en el seno de su departamento a cuenta de la normativa, que ha derivado en un desencuentro entre ella y su número dos, el nacionalista Ferran Puchades.

Mientras los socialistas y los dirigentes de Compromís salieron de su reunión optimistas por entender que han firmado una tregua y han acordado una hoja de ruta para poner en marcha la ley lo antes posible sin más roces que los ya habidos, los sindicatos abandonaron la conselleria tras recibir tres mensajes: una disculpa velada por no haberles informado del anteproyecto antes de que enviarlo a las consellerias, un reconocimiento de las «diferencias importantes» entre los altos cargos de Justica en virtud del mestizaje entre PSPV y Compromís, y la confirmación de que la tramitación de la ley «va para largo».

Las discrepancias entre los nacionalistas y los socialistas se centran en tres puntos: la exigencia a los funcionarios del valenciano y la confección urgente de un reglamento de la ley; el funcionamiento de la EVAP, el nuevo ente que controlará todas las oposiciones y la formación de los empleados de la Generalitat; y el encaje en el día a día de la Admnistración autonómica de los controles que Transparencia pretende fijar a la plantilla de la Generalitat. PSPV y Compromís se reunieron al margen del equipo de la consellera y consideraron que el acuerdo es factible. Sin embargo, fuentes de Justicia consideran que «hay mucho que discutir todavía». Desde el sindicato CSIF señalaron ayer que en la reunión con Bravo se les trasladó el «malestar» por el «retraso» en la tramitación del anteproyeto y por las filtraciones de su contenido antes de que se consensue con los agentes sociales.