Bronca sindical por el requisito lingüístico

La exigencia del requisito lingüístico para optar a un empleo público se ha convertido en el último motivo de discrepancia entre los dos socios del Consell. La consellera Gabriela Bravo frenó in extremis esta semana la presentación de la nueva ley de función pública ante la falta de acuerdo, entre otros con su secretario autonómico, Ferran Puchades.

Bravo, como Ximo Puig, rechaza incluir esa exigencia y se decanta por la tesis que también defiende UGT: hablar de capacitación lingüística a posteriori de la oposición y fijar una serie de pruebas para aquellas plazas en las que se requiera el conocimiento del valenciano. Compromís, como Intersindical, apuesta en cambio por la exigencia explícita del requisito lingüístico para optar a un empleo público, en la línea del acuerdo que los principales sindicatos alcanzaron a finales del mes de diciembre. Las diferencias entre los dos socios lo son también de sus respectivos sindicatos afines.

El Gobierno valenciano aprobó en su reunión del pasado 13 de enero un decreto por el que daba luz verde al reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. Una norma esperada, que desarrollaba la ley de función pública aprobada en 2010 y que desatascaba la convocatoria de concursos de empleo público.

La publicación del texto en el DOGV del pasado martes, con un artículo 20 (el que hace alusión al conocimiento del valenciano) en el que no figura el requisito lingüístico como condición para optar a un empleo público, contribuyó a endurecer el pulso que mantienen PSPV y Compromís respecto a la exigencia de que esa condición aparezca en el texto de la nueva ley. ACPV e Intersindical se pronunciaron ese mismo día para volver a reclamar el requisito de la competencia lingüística para acceder a la función pública.

Apenas tres semanas antes, UGT, CC OO e Intersindical habían suscrito en público un acuerdo «sobre la competencia lingüística que ha de acreditar el personal al servicio de las administraciones valencianas». El texto reclamaba la acreditación del conocimiento del valenciano «en el proceso de selección para acceder a plazas de cualquier tipo de personal de las administraciones valencianas».

La interpretación que se hizo del acuerdo fue la de que se exigía el requisito lingüístico, y así lo asumió el propio Puchades, número dos de Bravo, al valorarlo. Sin embargo, el texto no señalaba explícitamente que el conocimiento del valenciano se tuviera que acreditar de forma previa para presentarse a las pruebas, sino que se tendría que demostrar a lo largo del «proceso de selección».

Los matices lo son todo. La discusión por el requisito ha provocado un frente entre PSPV y Compromís. Pero, sobre todo, ha ensanchado la brecha que separa a UGT y Compromís. Históricamente, el sindicato nacionalista ha hecho bandera de la reivindicación del requisito lingüístico, un frente en el que ha contado con apoyos puntuales de UGT y CC OO, especialmente durante la etapa del PP en el Gobierno autonómico.

Con el Consell de Puig y Oltra en la Generalitat, las posturas han sufrido algunos cambios. UGT recuerda ahora que el decreto publicado el pasado martes, y que habla de la acreditación del conocimiento del valenciano «después de las pruebas selectivas» también lo firmó Intersindical. «Si ellos no se leen lo que firman, es su problema. Nosotros sí que lo hacemos», se señala desde el sindicato afín a los socialistas.

Para UGT, como para el PSPV, introducir el requisito lingüístico en el acceso a la función pública implica sobrepasar una línea de moderación que un Consell socialista no debe pisar. La consideración de que se debe cumplir con la Llei d'Ús y con el derecho de los valencianos a ser atendidos por su administración en su lengua no obliga a fijar el requisito como condición sine qua non para optar a una plaza de empleado público.

Cálculo electoral

En el análisis se incluyen factores de idoneidad -«no deberíamos renunciar a los mejores aspirantes porque no acrediten una titulación de valenciano»-, pero también cálculos electorales: «No me imagino al presidente (Puig) asumiendo una postura que le aleja tanto del centro. Se pueden perder muchos votos», se señala. En el horizonte, además, un eventual recurso por parte de la delegación de Gobierno, que hasta la fecha guarda silencio, a la espera de acontecimientos, por lo que tendría de eventual ilegalidad la aprobación del requisito. «Nosotros no somos talibanes», se remacha.

Intersindical, por su parte, también detecta motivaciones políticas en la posición de UGT y de los socialistas. Fuentes cercanas al sindicato nacionalista aluden al peso de Andalucía en la gestora que dirige el partido y a que Puig no querría enfrentarse con Susana Díaz por una iniciativa de este tipo. «Demasiado miedo a que se le encasille como un peligroso nacionalista», bromea una fuente.

Desde el entorno de Intersindical se recuerda, además, que la dirección del PSPV durante la etapa de Jorge Alarte sí que exigió el requisito lingüístico. «Si de lo que se trata es de defender una posición ante el PP y otra cuando se gobierna, que se aclaren», se remachó.

En el fondo del debate, también, las futuras convocatorias de ofertas de empleo público y la mejor disposición de los candidatos cercanos a Intersindical para lograr la plaza en el caso de que la capacitación lingüística se convierta en requisito.