A. RALLO
Martes, 7 de febrero 2017, 20:31
Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, paga ahora los excesos de una vida corrupta. La caída en estos últimos años ha sido formidable. De su piso en Cánovas, la zona bien de la ciudad, ha pasado a uno de alquiler en un barrio menos céntrico y, además, compartido. «Bueno, y el siguiente paso todavía será peor...», comenta, sin ocultar más allá de un par de segundos, que se refiere a la celda que tarde o temprano terminará ocupando.
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Cuesta fue visto el lunes por la Ciudad de la Justicia. Ahora, de nuevo, le tienen que designar un abogado de oficio. No tiene dinero y el último ha renunciado después de que sus esfuerzos por alcanzar una conformidad resultaran inútiles. «Estoy harto de esto. Quiero contar la verdad y que salga el sol por donde sea». A cambio de esa versión más inculpatoria que las anteriores buscaba un pacto con la Fiscalía, algo de esperanza. Pero desde el ministerio público frenaron sus expectativas. No habrá pacto. Y una rebaja de pena dependería siempre de la declaración que hiciera durante el juicio. Mal asunto para cualquiera de los procesados no sentarse en el banquillo con un acuerdo firmado. «Yo quería haber entrado en la cárcel ya. Si lo hubiera hecho la primera vez que me declaré culpable... Puede que estuviera ya fuera».
El que fuera alcalde pedáneo de Benimámet mantiene su idea de colaborar con la Justicia. Considera que dispone de información relevante sobre la financiación del PP de Valencia, aspecto que se trata en una de las piezas separadas del caso Imelsa. Alguna pincelada desveló en su día en el juzgado de Instrucción 15, el de Emarsa. Desde que anunció su intención de colaborar, no ha movido pieza. Ahora, una vez sin abogado, pone fecha para un primer contacto, un primer paso. «El jueves iré a ver al fiscal Anticorrupción para hablar sobre la financiación del PP». En cualquier caso, la declaración tendría que producirse ante el titular del juzgado, ya que las diligencias se encuentran judicializadas. Eso sí, podría ser el fiscal quien solicitara su comparecencia tras entrevistarse con Cuesta o que este le presentara un escrito con los hechos más relevantes.
El exgerente de Imelsa sostuvo que a lo largo de su etapa en la depuradora de Pinedo ha estado inyectando diferentes cantidades de dinero en el PP de Valencia que, según sus cálculos, alcanzarían los 100.000 euros, según comentó a LAS PROVINCIAS.
El juicio por el caso Emarsa está previsto que arranque el próximo 13 de marzo. No obstante, la renuncia de varios letrados -Cuesta, Roca, Sena, entre otros- puede suponer un nuevo aplazamiento de la causa al alegar las defensas que no han tenido tiempo suficiente para preparar una causa de semejante magnitud. En cualquier caso, será la Audiencia la que tenga la última palabra. En las últimas fechas son varios los imputados que tratan de pactar con las acusaciones. Ignacio Bernácer, un ex alto cargo de la Epsar -la entidad de la Generalitat que controla las depuradoras de la Comunitat- también mantiene conversaciones en este sentido. Trata de lograr cuatro años de cárcel frente a los 14 que le piden actualmente. «Le animo a que colabore. Si Bernácer cuenta la verdad, nuestras versiones tienen que coincidir. Verán que yo no cuento ninguna mentira».
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Cuesta está dispuesto a «pagar» por los errores que ha cometido. «Quiero la verdad y asumir mi problema». El exgerente no piensa ya a largo plazo. A su 'bajón' económico, se suma el de salud -recientemente se ha operado del corazón- y el personal -se ha divorciado-. Pocas esperanzas ve en un futuro que se proyecta en la cárcel de Picassent.
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