Intervención certifica la ilegalidad de la contratación de asesores en Imelsa

La Intervención General del Estado ha presentado un informe en el que profundiza y detalla el fenomenal descontrol que presidía la empresa Imelsa. El juez del caso encargó esta pericial hace nueve meses para arrojar luz sobre la gestión y las posibles irregularidades en la etapa de Marcos Benavent (2007-2014).

Las conclusiones del dosier no admiten dudas acerca de la ilegalidad que supone contratar asesores para los consejeros de la firma. Esta práctica incumple la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la de Gestión de la Función Pública Valenciana. Además, se trata de una operativa sin la autorización del consejo de administración. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, los expertos del órgano auditor «no han podido obtener evidencia» del trabajo desempeñado por los supuestos asesores ni de su experiencia o formación para ocupar estos puestos».

El informe, que ya se encuentra en el juzgado de Instrucción 18, complica todavía más el futuro de algunos diputados provinciales como Emili Altur (Compromís) y Rosa Pérez (IU). Se da la circunstancia de que esta responsable, que fue la denunciante de la trama delictiva en Fiscalía, podría ser citada a declarar como investigada en el juzgado. La Audiencia, de hecho, ya adelantó que tenía esa condición. También compromete el papel de los socialistas José Manuel Orengo y Raúl Pardós (PSPV) y exdiputados de la Corporación Provincial. Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete Llopis y el vicepresidente Juan José Medina, todos ellos del PP, también se ven salpicados.

El informe de la Intervención -confirma de manera más técnica lo que ya adelantó el trabajo de la Guardia Civil- que las incorporaciones de estos asesores -aquí se incluyen tanto los denominados zombies como los que sí efectuaban un trabajo- carecía de cualquier cobertura legal. Es más, los especialistas destacan que los contratos son de diferentes tipo y duración y algunos llegaron a convertirse en indefinidos. Tampoco se identifica al consejero que deben asesorar ni consta -salvo en dos casos- la formación y experiencia necesaria para realizar estas funciones. Existen incluso diferentes categorías, aunque no se distinguen las funciones específicas.

El informe del órgano auditor no se limita a estas contrataciones. En un exhaustivo análisis concluye que las 454 personas que se contrataron en Imelsa -hoy reconvertida en Divalterra y en pleno proceso de reestructuración- siguieron un proceso al margen de los principios rectores de acceso al empleo público, criterios que deben garantizar la igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia, entre otros. Tampoco se respetaron las órdenes en plena crisis para limitar la incorporación de más personal a las administraciones públicas.

Intervención destaca el hecho de que 17 trabajadores de Imelsa, en realidad, prestan servicio para el organismo de la Diputación encargado de Turismo. Otros 69 empleados, además, lo hacen en otras áreas como museos, salas y escuelas vinculadas a la Corporación.

Sombras en las nóminas

Algunas nóminas también arrojaban sospechas. La empresa pública implantó en 2012 un nuevo sistema para el pago de la productividad por objetivos. Sobresalen, en el aspecto negativo de este apartado, varios cargos directivos, como Marcos Benavent, la exresponsable de Recursos Humanos Escrihuela, el director financiero José Enrique Montblanch y el exdirectivo jurídico Enrique Grau. Todos obtuvieron importantes ingresos con la modificación del método. No obstante, «no consta la justificación de las evaluaciones realizadas para determinar la cuantía de la productividad». Tampoco la directriz de la contención salarial del personal durante la recesión se respetó. En junio de 2012, por ejemplo, se acordó una gratificación extraordinaria para los miembros de las brigadas forestales.

Otro aspecto negativo son las dietas de los directivos. «No hay documentos que acrediten el importe recibido». El descontrol en este apartado es mayúsculo, asunto que se investiga en otro juzgado porque forma parte de la primera denuncia que Imelsa interpuso contra Marcos Benavent tras su huida. El exgerente lidera esta clasificación. En cuatro años, se embolsó 34.000 euros de dietas. Montblanch, en el mismo periodo, se apuntó otros 25.000 euros, según el informe.