El TSJCV archiva la causa contra Miguel Domínguez por el presunto blanqueo en el PP de Valencia

El TSJCV ha archivado la causa abierta contra el diputado autonómico Miguel Domínguez en la investigación por el presunto blanqueo de 50.000 euros en el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.

La instructora ha tomado esta decisión ''ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación'' del investigado en la supuesta trama de blanqueo. La decisión del TSJ se produce después de que la magistrada haya practicado todas las declaraciones solicitadas por el fiscal. Aparte de la comparecencia del propio investigado, quien negó los hechos, declararon siete testigos, uno de los cuales fue la exconcejal de Cultura María José Alcón, que negó los hechos recogidos en una conversación con su hijo.

La decisión del Alto Tribunal podría tener consecuencias en el Juzgado de Instrucción de Valencia porque muchas defensas aprovecharán el sobreseimiento para pedir el archivo de la causa general.

Los argumentos del TSJCV

Según ha informado el Tribunal Superior valenciano, la jueza instructora no halla indicios de la participación de Domínguez en la comisión del delito, por el que donó 1.000 euros al partido para la última campaña que supuestamente le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros.

El archivo provisional, ha informado el TSJCV, permite reabrir la causa si aparecen elementos que con "consistencia y solidez" impliquen al aforado.

Tras la apertura de la causa por supuesto delito de blanqueo de capitales Miquel Domínguez pidió la baja del PP y pasar al grupo parlamentario de no adscritos en Les Corts.

Con este sobreseimiento provisional, la instructora estima así la petición del parlamentario, investigado por donar 1.000 euros al grupo municipal del PP para la campaña de las elecciones de 2015, que supuestamente fueron devueltos en dos billetes de 500 euros de supuesta procedencia ilícita, según el TSJCV.

En un auto notificado hoy a las partes, la magistrada recuerda que la Sala sólo se declaró competente para investigar a Domínguez por los hechos relatados en la exposición razonada elevada por el juez instructor del caso Imelsa, el titular de Instrucción 18, por el delito de blanqueo de capitales y no por delito electoral.

Tras interrogar al investigado (imputado) y a siete testigos a petición del Ministerio Público, la jueza otorgó un plazo a las partes para que indicaran el nuevo paso y mientras la defensa de Domínguez pidió el sobreseimiento; el fiscal no presentó escrito.

La jueza concluye que procede el sobreseimiento provisional porque "de lo actuado hasta la fecha no resulta una imputación de delito con suficiente respaldo probatorio" como para concluir la instrucción, procesarle y dejar la causa preparada para juicio.

Opta por el sobreseimiento provisional (cabría reapertura) y no por el sobreseimiento libre, que supondría el archivo definitivo, porque considera que los hechos descritos en la exposición razonada elevada por el instructor tienen apariencia delictiva y no existe certeza de la inexistencia del hecho investigado.

Al tratarse de un sobreseimiento provisional, la causa podría reabrirse si apareciesen nuevos elementos que desvirtuasen las razones en las que se basa el archivo, indicios que "con consistencia o solidez, sirvan de base para determinar la implicación penalmente relevante del aforado en los hechos descritos como constitutivos de delito de blanqueo".

Para ello, el juez instructor, ha señalado el TSJCV, deberá agotar la investigación hasta hallar no sólo indicios de delito, sino de la participación del aforado en el mismo.

A este respecto el auto recoge que "se podrá remitir nueva exposición razonada a la Sala, remisión que se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada surgidos de esos nuevos datos que, adquiridos con posterioridad, así lo aconsejen o lo hagan preciso".

"Para ello, lógicamente, habrán debido practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado", agrega.

La decisión de declararse competente para investigar al parlamentario por blanqueo se produjo después de que el Tribunal Supremo asumiera la competencia para investigar a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá por los mismos hechos y cuyo fallecimiento derivó en el archivo por extinción de la responsabilidad penal.

El TSJCV se declaró entonces competente para investigar al exconcejal y diputado sólo por el delito de blanqueo, pese a que el instructor envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.