El alcalde y exalcalde de EU en Buñol, investigados por contratos irregulares

El alcalde de Buñol, Rafael Pérez (EU), declarará como imputado en una semanas por irregularidades en tres áreas de la corporación municipal: la recaudación de impuestos, la limpieza y la gestión de la radio municipal.

Las pesquisas de la fiscalía, que han derivado en una denuncia en el juzgado, afectan también al exalcalde del municipio, Joaquín Masmano, un histórico de la política local. Se trata del municipio más importante en el que actualmente gobierna Esquerra Unida. La investigación parte de una denuncia del Partido Popular ante el Ministerio Público, que decidió enviar el asunto al juzgado al considerar que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación. Las irregularidades, básicamente, se concentran en la prestación de un servicio sin el correspondiente contrato. Por ejemplo, la recaudación municipal, uno de los asuntos de mayor gravedad se estaría ejercitando de «manera presuntamente irregular».

Desde el año 2010 hasta la fecha del decreto de la fiscalía no existía relación contractual de la empresa con el municipio, pero seguían trabajando.

El interventor se percató de estas irregularidades y suspendió los pagos a la mercantil «por no tener contrato o expediente de contratación». Sin embargo, el Ayuntamiento decidió abonar los servicios, tal y como consta en la documentación incorporada a la causa.

Idéntica fórmula se empleaba en las otras dos áreas bajo sospecha. El servicio de radiodifusión se gestiona de forma directa sin procedimiento. La investigación judicial abarca la gestión de la publicidad así como la supuesta contratación irregular de los becarios de la emisora. De nuevo el Ayuntamiento hizo caso omiso de las advertencias del auditor a la hora de abonar estas prestaciones. Y, por último, consta también en la denuncia el sistema de limpieza de la población, que incluye fiestas especiales como la Tomatina.

La fiscalía pide que, además de la comparecencia del edil y el exedil, se cite al denunciante para ampliar la declaración inicial.

También considera relevante el testimonio del interventor municipal, el hombre que trató de frenar los pagos a las mercantiles investigadas al apreciar las irregularidades. LAS PROVINCIAS se puso el lunes en contacto con Pérez, quien aseguró estar muy tranquilo ante la investigación judicial abierta, que atribuye al «juego sucio» de la oposición. Actualmente, el Consistorio está gobernado por EU, PSPV, Izquierda Alternativa y Podemos y Compromís, que se presentaron juntos a los comicios locales.

Pérez admitió que los servicios llegaron a prestarse sin renovar el contrato, pero culpó al PP del bloqueo de la renovación, por ejemplo, en el tema de la recaudación. Además, añadió que en este supuesto ya se han solventado todas las incidencias porque han pasado el servicio -de manera integral- a la Diputación de Valencia. De igual modo, en la misma conversación, adelantó que también han conseguido solucionar el asunto de la limpieza. «Justo la semana pasada salió el concurso» después, según el actual alcalde, de mucho trabajo.

Mostró su confianza en que la causa terminará archivándose y aclaró, además, que tanto él como su antecesor -Masmano estuvo cuatro legislaturas como alcalde de Buñol- tenían delegadas las competencias en contratación.

No es la única investigación judicial que afecta a los cargos de la corporación municipal. También está bajo sospecha el negocio alrededor de la Tomatina.

Los denunciantes sostienen que se contrató a una empresa privada para gestionar la venta de entradas de la popular fiesta «sin ningún tipo de contrato administrativo ni control de intervención».