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A. Rallo
Miércoles, 15 de febrero 2017, 12:02
Milagrosa Martínez esquivará la cárcel si paga antes del 20 de febrero una fianza de 15.000 euros. El TSJCV ha determinado la prisión provisional eludible con el pago de la fianza hasta que el Supremo se pronuncie sobre su condena a nueve años de cárcel. La Sala ha impuesto también a la exconsellera la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer dos días al mes.
El TSJCV justifica la decisión adoptada en el argumento de que Martínez, condenada a nueve años de cárcel por los amaños de Fitur a favor de la trama Gürtel, no tiene otras cuentas pendientes con la Justicia ni existe riesgo de fuga ni cuenta con "especiales medios de fortuna", ni intereses en el extranjero. Según la sala, no consta que la exconsellera se enriqueciera, pese a participar activamente en la defraudación de fondos públicos.
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El TSJCV también ha acordado libertad provisional sin fianza para el exjefe de Gabinete, Rafael Betoret, condenado a 7 años de prisión. Betoret deberá comparecer una vez al mes, no podrá salir del territorio nacional y se le ha retirado el pasaporte.
El TSJCV ha acordado libertad sin fianza para Jorge Guarro, Isaac Vidal y Ana Guarro, con la obligación de comparecer una vez al mes y retirada de pasaporte.
Durante la vistilla de prision, Milagrosa Martínez alegó que tiene arraigo y no va a eludir la acción de la Justicia. Además, adelantó al tribunal que no dispone de fondos para afrontar el pago de una fianza. Actualmente está cobrando una prestación, según las fuentes consultadas. Su abogado aportó además informes médicos sobre su frágil estado de salud.
La defensa de Martínez había realizado estas alegaciones en una vistilla celebrada en el tribunal valenciano en la que se debía decidir si se adoptaba algún tipo de medida cautelar sobre esta condenada hasta que la sentencia de Fitur sea o no declarada firme por el Supremo.
Tras pedir la Fiscalía Anticorrupción su inmediato ingreso en prisión sin fianza, la defensa de Martínez ha propuesto medias alternativas: retirada de pasaporte y comparecencias. Para evitar el ingreso en la cárcel, ha aludido al arraigo familiar y ha asegurado que carece de dinero para fugarse a otro país y eludir la acción de la Justicia.
El antecedente más cercano -salvando los tres empresarios de ayer- era la situación de Rafael Blasco. El exconseller había sido condenado a ocho años de cárcel por el desvío de ayudas destinadas al Tercer Mundo y Anticorrupción pidió el ingreso en prisión. El TSJ lo denegó e impuso una fianza de 200.000 euros que la mujer del exconseller, hoy investigada por su gestión al frente del IVAM, aportó en el tribunal para prolongar la estancia en libertad de su marido.
¿Era aplicable el criterio de Blasco a Martínez? En el caso de la exconsellera de Turismo ha sido condenada a un año más de prisión, pero carecía de otras causas abiertas. Se da la circunstancia de que Blasco tenía otros dos asuntos pendientes y los indicios contra el siete veces conseller hacían pensar en la posibilidad de que escondiera dinero que le facilitara una huida. Y con todos esos antecedentes se quedó fuera. De entrada, no parece Martínez una mujer que disponga de los medios y capacidades para emprender una huida a la desesperada y eludir la acción de la Justicia.
La exconsellera era la clave. Si el TSJ no decretaba su ingreso en prisión o fija una fianza accesible -al parecer su situación económica no es boyante- el resto de condenados iban a respirar más tranquilos. Es el caso de Betoret -seis años- para el que la Fiscalía también tiene previsto la medida cautelar, tal y como informaron EFE y Europa Press. El exresponsable de Turismo ya arrastra una condena por cohecho al reconocer en su día que recibió ropa pagada por la trama Gürtel. Francisco Camps y Ricardo Costa, en cambio, fueron a juicio y resultaron absueltos.
La lógica preocupación también se había instalado en el resto de cargos de la Conselleria de Turismo. En especial para Isaac Vidal (siete años) y Jorge Guarro (cuatro), que también han eludido provisionalmente la cárcel. Más tranquila se encontraba la otra alto cargo Ana Grau para quien el Ministerio Público no tenía en ningún caso la intención de pedir la privación de libertad como medida cautelar.
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