Milagrosa Martínez presenta informes médicos para evitar entrar en la cárcel y asegura no tener dinero para pagar una fianza

Milagrosa Martínez ha presentado una serie de informes de médicos para evitar ingresar en prisión y ha asegurado que no tiene dinero pagar una fianza, al tiempo que se ha ofrecido a dar el pasaporte y ha alegado tener arraigo para intentar que la Sala del TSJCV no ordene el ingreso inmediato en la cárcel de Picassent.

La defensa de Martínez ha realizado estas alegaciones en una vistilla celebrada en el tribunal valenciano en la que se debe decidir si se adopta algún tipo de medida cautelar sobre esta condenada hasta que la sentencia de Fitur sea o no declarada firme por el Supremo. A las 11.30 horas han concluido las comparecencias de los cinco condenados de la Conselleria de Turismo por el caso Gürtel y los magistrados del TSJCV han comenzado a deliberar.

Tras pedir la Fiscalía Anticorrupción su inmediato ingreso en prisión sin fianza, la defensa de Martínez ha propuesto medias alternativas: retirada de pasaporte y comparecencias. Para evitar el ingreso en la cárcel, ha aludido al arraigo familiar y ha asegurado que carece de dinero para fugarse a otro país y eludir la acción de la Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción, como estaba previsto, ha pedido prisión para todos los condenados que superan los cinco años de cárcel, por lo que ahora la libertad de la exconsellera de Turismo depende de la decisión de los magistrados del TSJCV. A Milagrosa le impusieron seis por la malversación y tres por el cohecho al aceptar un reloj de marca. De tal modo que ya conoce por adelantado cuál será la solicitud del ministerio público. El futuro de la exconsellera quedará en manos del tribunal, que decidirá dónde duerme esta misma noche: si en su domicilio o en una celda en Picassent. Idéntica preocupación y desenlace afectará al que fuera jefe de gabinete de la Conselleria, Rafael Betoret.

El antecedente de Rafael Blasco

El antecedente más cercano -salvando los tres empresarios de ayer- es la situación de Rafael Blasco. El exconseller había sido condenado a ocho años de cárcel por el desvío de ayudas destinadas al Tercer Mundo y Anticorrupción pidió el ingreso en prisión. El TSJ lo denegó e impuso una fianza de 200.000 euros que la mujer del exconseller, hoy investigada por su gestión al frente del IVAM, aportó en el tribunal para prolongar la estancia en libertad de su marido.

¿Sería aplicable el criterio de Blasco a Martínez? En el caso de la exconsellera de Turismo ha sido condenada a un año más de prisión, aunque carece de otras causas abiertas. Se da la circunstancia de que Blasco tenía otros dos asuntos pendientes y los indicios contra el siete veces conseller hacían pensar en la posibilidad de que escondiera dinero que le facilitara una huida. Y con todos esos antecedentes se quedó fuera. De entrada, no parece Martínez una mujer que disponga de los medios y capacidades para emprender una huida a la desesperada y eludir la acción de la Justicia.

La exconsellera será la clave. Si el TSJ no decreta su ingreso en prisión o fija una fianza accesible -al parecer su situación económica no es boyante- el resto de condenados respirarán más tranquilos. Es el caso de Betoret -seis años- para el que la Fiscalía también tiene previsto la medida cautelar, tal y como informaron EFE y Europa Press. El exresponsable de Turismo ya arrastra una condena por cohecho al reconocer en su día que recibió ropa pagada por la trama Gürtel. Francisco Camps y Ricardo Costa, en cambio, fueron a juicio y resultaron absueltos.

La lógica preocupación también se ha instalado en el resto de cargos de la Conselleria de Turismo. En especial para Isaac Vidal (siete años) y Jorge Guarro (cuatro). Más tranquila se encontrará hoy la otra alto cargo Ana Grau para quien el Ministerio Público no tiene la intención de pedir la privación de libertad como medida cautelar.

Los tres cabecillas de la trama Gürtel llegaron ayer al TSJ envueltos en una gran expectación mediática. Se celebraron las vistillas de prisión y el tribunal -el mismo que enjuició el asunto- decretó un descanso de aproximadamente 30 minutos. Mientras los otros convocados aguardaban fuera, el tribunal redactaba los autos que llevarían a los tres condenados directamente a la prisión de Picassent. Lo más probable es que, en breve, soliciten el cambio a otra penitenciaría. No hay que olvidar que actualmente hay otro juicio en marcha en la Audiencia Nacional.

Los argumentos de las defensas de los tres integrantes de la trama no sirvieron para que el tribunal rechazara la tesis de la Fiscalía: la de que existe un elevado riesgo de fuga. Los magistrados aseguran que la «evidencia de las penas aquí impuestas en conjunción con las responsabilidades que puedan derivarse de esas otras causas hacen que el riesgo de fuga aumente considerablemente». Más en el caso de Francisco Correa, condenado a 13 años, que pudiera participar en un «complejo entramado de empresas fuera de nuestro territorio nacional del que pudieran resultar intereses que facilitarían su huida». Tampoco la mención de que Correa ha colaborado con la Justicia le sirvió para seguir en libertad. «Desde luego en la presente causa no ha demostrado afán de colaboración alguno, limitándose sencillamente a negar la totalidad de los hechos que se le imputan. Ni siquiera encontró respuesta en el hecho de ofrecerse a pagar la responsabilidad civil porque, según el tribunal, lo hacía «con bienes materialmente intervenidos por la administración».

Álvaro Pérez, el Bigotes, incorporó un argumento diferente, la comparación con Rafael Blasco que no ingresó en la cárcel. Sin embargo, resuelve el tribunal que no son situaciones comparables. Las penas en Gürtel son superiores -Pérez fue castigado con 12 años- y además también existen más piezas diferentes que juzgar frente a las dos restantes que se conocían entonces del caso Cooperación. Ahora, al parecer, se juzgarán de manera conjunta.

El letrado de Pablo Crespo considera que decretar ahora la prisión para su representando dificulta el derecho de defensa porque no podrán preparar de igual forma el recurso que presentarán el Tribunal Supremo. Tampoco accede el tribunal en esta petición.

Los abogados reaccionaron ante la medida decretada por el TSJ, tribunal que consideran que no ha sido imparcial y que la decisión de ayer ya estaba tomada con anterioridad. Juan Carlos Navarro, letrado de Correa, indicó que todos afrontaban su ingreso con dignidad. «De lo contrario se hubiesen fugado, saben que han de cumplir y aquí están para dar la cara, han actuado con un gesto de colaboración». A su juicio, la medida acordada ha sido excesiva porque «los juicios -pendientes- ya están finiquitados, con toda la prueba preparada, no se puede destruir nada, es evidente que estamos colaborando con la justicia y reparando el daño, por eso hemos solicitado el desbloqueo de 271.000 euros de las cuentas de Suiza para afrontar la responsabilidad civil de todos». Anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional.

El letrado Miguel Durán lleva la defensa de Pablo Crespo. Criticó el auto del TSJ y lamentó que «la decisión estuviera tomada de antemano. «Ha sido una simple teatralización. El único argumento de la Fiscalía era el riesgo de fuga y lo hemos combatido. Crespo ha comparecido siempre. No tiene medios económicos, todo está bloqueado por la justicia». Añadió un recurso de suplica ante el mismo tribunal que ha enviado a prisión a su defendido, aunque precisó que no invertirá demasiado tiempo porque el verdadero es el de amparo ante el Constitucional». A juicio del letrado, «el ingreso en prisión cercena el derecho de defensa. Les interesa mucho dificultar al máximo ese derecho» Durán ha advertido de que en la causa «se manejan millones de documentos» y, sin la presencia de su defendido, para él la causa se convierte en «ingobernable. El Tribunal solo me deja dos opciones: pedir que todos los documentos obrantes de la causa se conviertan en accesibles para ciegos -como es su caso- o renunciar a la defensa».

En la sentencia, el TSJ considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos. El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Reacciones políticas

Los grupos parlamentarios en Les Corts mostraron ayer su respeto por las decisiones judiciales. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró al ser preguntada por estos hechos tras la Junta de Síndics que su formación tiene «respeto total y absoluto a la justicia». Desde Ciudadanos , su portavoz Alexis Marí indicó que intenta «no hacer una valoración de las sentencias» judiciales, aunque recordó que, tal y como ya manifestó en otras ocasiones, «la justicia no es igual para todos». Desde Podemos, Antonio Montiel consideró «justa» la sentencia del TSJCV ya que «se empieza a poner de manifiesto que no eran manzanas podridas», sino que se trataba de «una trama». Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, subrayó que «los ladrones tienen que estar en la cárcel, y si pueden devolver el dinero ya sería el no va más». En este sentido se pronunció también la portavoz adjunta del PSPV, Ana Barceló, quien pidió que «no solo se haga justicia, sino que se recupere parte de las cantidades», como los 271.636 euros de indemnización que los condenados en esta pieza de la causa deberán aportar a la Generalitat.