El presidente de la Diputación de Valencia se ensucia con la basura

Jorge Rodríguez es, además de presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Ontinyent. En su municipio, y como candidato a la alcaldía, el dirigente socialista se comprometió a poner punto y final al cobro de la tasa de basuras, un recibo que la institución provincial se encarga de recaudar (por convenio con el consorcio de residuos) y con el que ese Ayuntamiento está en desacuerdo. El 25 de mayo del pasado año, el consistorio presentó un recurso en el que solicitó la paralización del procedimiento de recaudación de esa tasa, alegando que el convenio que regía entre la institución provincial y el consorcio había vencido.

Todo más o menos claro hasta aquí. La polémica nace a partir de las siguientes decisiones adoptadas desde la institución provincial, que preside Rodríguez. La interventora del consorcio de residuos V5, que es al que pertenece Ontinyent, relata en un pormenorizado informe -que puede acabar en el Tribunal de Cuentas- que la actuación de la Diputación de Valencia ha generado un quebranto contable para el consorcio que roza el millón de euros. ¿Cuál es esa actuación? La interventora relata que la Corporación decidió, pese al criterio en contra del secretario general de la institución provincial y «sin ningún fundamento jurídico», la suspensión cautelar del procedimiento de recaudación únicamente en esta localidad. Una decisión motivada en un informe de una página del jefe de la asesoría jurídica de la institución provincial, y que, por toda conclusión, alegaba que «parece razonable acceder de manera cautelar a la suspensión del procedimiento de cobro».

Que Ontinyent -el municipio del que Rodríguez es alcalde- dejara de pagar esa tasa a la Diputación que preside él mismo, trascendió a raíz de las quejas presentadas por otros dos ayuntamientos pertenecientes al mismo consorcio, Llosa de Ranes y Genovés, que son las que permiten comprobar que, al mismo tiempo que la Diputación no cobra a Ontinyent, incrementa los recibos a otros municipios «entre unos céntimos y hasta cuatro euros».

La interventora del consorcio emite informe el pasado noviembre para advertir de que la «anomalía de la no puesta al cobro de los recibos de Ontinyent sí presentaría sustantividad y relevancia propias susceptible de convertirla en tributaria de un potencial alcance contable si finalmente tal demora acabase provocando un quebranto a la hacienda pública del consorcio». Ese dosier tiene fecha del 11 de noviembre. Cuatro días después, el jefe del servicio de gestión tributaria decide desestimar el recurso del Ayuntamiento de Ontinyent. Y el día 18 del mismo mes -coincidiendo con el día de cierre del ejercicio contable tributario de la Diputación- la institución provincial fija un periodo de cobro específico para el municipio de Ontinyent. La interventora considera en su informe que no existía «fundamento jurídico ni motivación legal en que sustentar la suspensión del procedimiento» de recaudación.

La conclusión, explica la interventora en el documento al que ha tenido acceso este diario, es un «quebranto en caja de la parte que se hubiera recaudado en periodo voluntario (sobre el 85%)» de un padrón de algo más de un millón de euros. El perjuicio implica, según detalla el informe, incrementar los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, la morosidad, el periodo medio de pago a proveedores y finalizar el ejercicio «con necesidad de financiación». Razones por las que la interventora concluye que existe disconformidad en la cuenta de gestión recaudatoria.