Archivan la causa a la exdiputada Asunción Quinzá por la obra de Taroncher en su casa

La juez ha archivado la investigación abierta a la exdiputada del Partido Popular Asunción Quinzá por las obras en su casa realizadas por el empresario Taroncher, contratista habitual de las consellerias en las que ha estado Serafín Castellano. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), elaborado tras destaparse el caso Avialsa -el supuesto amaño de contratos de extinción de incendios a cambio de regalos-, apuntaba a que la responsable 'popular' no habría pagado una obra realizada en su vivienda. En definitiva, la idea que subyacía es que se le habría regalado como contraprestación a las adjudicaciones que la sociedad recibía de la Administración.

Pero esta tesis no ha sido probada en la instrucción. Todo lo contrario. Quinzá compareció en el juzgado y negó cualquier cohecho. Es más, aportó la factura que demostraba que había abonado la reforma en su cuarto de baño. En concreto, se trataba del cambio de una bañera por una ducha, según concretó la propia interesada. El importe no llegaba a los mil euros.

La juez del asunto decretó el sobreseimiento libre, algo poco frecuente en las instrucciones y que equivale a una sentencia absolutoria. Lo habitual es decretar un sobreseimiento provisional, una modalidad que permite la reapertura en el caso de hallar nuevos indicios. El fiscal, además, consideraba que los hechos que supuestamente afectaban a la diputada habían prescrito.

Las pesquisas, ahora archivadas, apuntaban que los hechos se produjeron en 2004. Por aquel entonces Quinzá ocupaba un escaño en Les Corts y el exconseller Serafín Castellano, que también se encuentra investigado en este procedimiento, era el síndic de la formación. Más tarde, en la última legislatura del PP, fue secretaria autonómica.

LAS PROVINCIAS adelantó en su día parte del informe que implicaba a Quinzá. La diputada negó que se le estuviera investigando, pero finalmente comprobó la veracidad de la información. En cualquier caso, el desenlace de esas pesquisas ha resultado favorable para los intereses de la ex alto cargo. Actualmente, Quinzá ejerce su profesión de abogada desvinculada de cualquier responsabilidad pública.

Este asunto judicial trata de aclarar si las numerosas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a la familia Taroncher -su cifra de negocio se disparó durante la etapa de Serafín Castellano- se produjeron obviando la legalidad y con la clara intención de favorecer a su amigo. El patrimonio de Castellano y Taroncher, junto a sus mujeres, se encuentra también bajo investigación. La teoría de los investigadores de la UDEF es que Taroncher, que falleció en mayo del pasado año, se beneficiaba del poder de su amigo en la Administración, pero luego compensaba estos favores con presuntas retribuciones económicas.

Los especialistas de la Policía revisan exhaustivamente tres operaciones inmobiliarias en las que podría haber utilizado «ingresos de origen sospechoso» tras comprobar el importe de las adquisiciones y los recursos del matrimonio.

Castellano y su mujer compraron un apartamento en Dénia con garaje y trastero en la urbanización Playa Sur en 2005. En principio, la compra a un ciudadano británico se cerró en 200.000 euros. Los agentes no comprenden cómo el banco concedió al matrimonio una hipoteca de 240.000. Ninguna entidad sufraga la compra por encima del precio de mercado. La Policía, según diferentes indicios, cree que el precio real rondaría los 357.000 euros. «Cabe considerar la utilización de fondos de procedencia desconocida». Las operaciones inmobiliarias continuaron con la compra de dos fincas rústicas a medias con el matrimonio de empresarios.

Los datos contables de la mercantil de Taroncher conducen de inmediato a la desconfianza. En apenas un ejercicio (2006-2007) la facturación se triplica pese a que sólo incrementa sus gastos de personal en 8.000 euros. Algo difícilmente posible en una empresa de construcción. La investigación también reveló una transferencia de dos millones de euros remitida por el constructor a una cuenta bancaria de Luxemburgo.